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El Salvador se dispone a multiplicar su inversión pública en educación. El presidente Nayib Bukele anunció un plan para destinar más de 3.000 millones de dólares anuales al sistema educativo, una cantidad que, según el Gobierno, rebasaría el 8% del Producto Interno Bruto del país.
El mandatario presentó la propuesta ante cerca de 30.000 alumnos de centros públicos congregados en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador. Allí aseguró que la nueva partida supondría triplicar los recursos asignados por administraciones anteriores y situaría a El Salvador entre los países latinoamericanos que reservan una mayor porción de su economía para la enseñanza.
Una subida que reconfiguraría el presupuesto
Para 2026, el presupuesto estatal salvadoreño prevé unos 1.683 millones de dólares para Educación. Alcanzar la cifra anunciada por Bukele implicaría, por tanto, añadir más de 1.300 millones de dólares al gasto previsto para el sector.
La promesa gubernamental apunta a reforzar la enseñanza desde las primeras etapas y a facilitar el acceso de adolescentes y jóvenes a la universidad. Bukele sostiene que la educación debe convertirse en uno de los grandes destinos de la inversión estatal y en una vía para ampliar las perspectivas laborales de las nuevas generaciones.
El desafío no es menor. En América Latina, la desigualdad en el acceso a estudios superiores, las dificultades de cobertura y la calidad de la enseñanza siguen marcando la agenda pública. La eficacia de una apuesta de esta magnitud dependerá no solo del volumen de recursos, sino también de su sostenibilidad en el tiempo, su ejecución y los resultados que produzca en las aulas.
50.000 becas para la universidad
El plan incluye la entrega de 50.000 becas universitarias a lo largo de 2026. La iniciativa contará con un respaldo de 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, un acuerdo que, de acuerdo con Bukele, pretende blindar el programa frente a los ciclos políticos y presupuestarios.
El presidente adelantó que esa cifra será solo el punto de partida. La intención del Ejecutivo es ampliar paulatinamente el número de beneficiarios hasta permitir que los jóvenes que cumplan las condiciones establecidas puedan seguir una carrera universitaria.
La propuesta se conecta con un programa anunciado en marzo de 2025, dirigido a estudiantes con buen rendimiento académico que completaran actividades formativas y trabajo comunitario. Bukele ha enmarcado este tipo de medidas bajo la idea de la “mano blanda” de su Gobierno.
El contrapunto de la política de seguridad
La ofensiva educativa ocupa un lugar estratégico en el relato político del presidente. Bukele la contrapone a la “mano dura” aplicada contra las pandillas desde la entrada en vigor del régimen de excepción, en marzo de 2022, tras una ola de homicidios.
Desde entonces, El Salvador ha registrado alrededor de 92.000 capturas. El propio mandatario ha admitido que unas 8.000 personas que no tenían vínculos con estructuras criminales fueron detenidas y luego liberadas.
La política de seguridad ha debilitado el control territorial de las pandillas y fue decisiva en la consolidación del respaldo político a Bukele, reelegido de forma inmediata en 2024 pese a los cuestionamientos sobre la compatibilidad de esa reelección con el marco constitucional.
Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos han reportado más de 6.400 denuncias por posibles abusos cometidos durante el régimen de excepción y al menos 554 muertes de personas detenidas bajo custodia estatal. En ese escenario, la nueva promesa de inversión educativa busca proyectar una segunda cara de la administración salvadoreña: la de un Estado que combina el control de la seguridad con la expansión de oportunidades para los jóvenes.
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