Los cinco ataques de Sánchez y el PSOE contra los medios no afines a la Brunete Pedrete

No lleva bien eso de la diversidad de medios de comunicación.

Y mucho menos que además puedan emitir mensajes contrarios a los que quiere colocar el Gobierno socialcomunista en el subsconsciente de los ciudadanos.

Pedro Sánchez lleva toda una legislatura demostrando que no se siente a gusto con determinada prensa, la que no le baila el agua, y tampoco ha ocultado su desdén hacia la misma con determinadas declaraciones y acciones contra esos periodistas que se atreven a plantarle cara.

Y es que el inquilino de La Moncloa no tiene empacho alguno en utilizar, si así fuera menester, hasta la tribuna del Congreso de los Diputados para cargar contra medios y comunicadores que no le son de su agrado:

1. Señalamiento a la COPE y a la prensa madrileña: Precisamente, solo hace unos días, el 13 de octubre de 2022, Pedro Sánchez lanzaba un duro ataque desde el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimmo contra gran parte de los medios de comunicación de Madrid y, en particular, contra la emisora de la Conferencia Episcopal. Estas eran sus palabras: «Usted, como yo, se desayuna leyendo la prensa madrileña, también escuchando a la Conferencia Episcopal hablando a través de la radio o a las terminales políticas de esos intereses que representa al dinero».
2. Convocatorias solo para medios amigos: Sucedió a comienzos de 2022. El Gobierno Sánchez estaba interesado en dar a conocer todo lo concerniente a los fondos europeos. Para ello montó un ‘briefing’ en Moncloa, pero, curiosamente, solo para los periodistas afines a la Brunete Pedrete. De tal manera que los responsables de comunicación de Moncloa decidieron erradicar de su lista a empresas periodísticas como el ABC, Cadena Cope, Onda Cero, El Mundo, La Razón, The Objective, Libertad Digital, El Debate, Vozpópuli, Servimedia o Colpisa. La excusa esgrimida por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación es que había problema de aforo para poder invitar a todos los medios.
3. La nueva Ley de Secretos Oficiales: En pleno mes de agosto de 2022 el Ejecutivo sanchista volvía a dar una muestra más de ser incompatible con la libertad de expresión y se sacaba de la manga una renovada Ley de Secretos Oficiales que, dicho en plata, era una manera nada encubierta de ponerle coto a los medios de comunicación para que, por ejemplo, no pudieran informar sobre los vuelos en Falcon del presidente, las reformas de sus residencias de verano, el rescate a empresas en quiebra o sacar a la luz los acuerdos del Gobierno Sánchez con el entorno etarra. Todo eso sería información reservada y publicarlo acarrearía una severa sanción económica.
4. El ‘Ministerio de la Verdad’ de Carmen Calvo: Otro de los ataques contra la libertad de prensa se produjo en noviembre de 2020. El Ministerio de Presidencia, entonces en manos de Carmen Calvo, quiso constituir en la sombra una especie de Inquisición mediática, algo muy del gusto de estos ‘Torquemadas‘ del siglo XXI. La idea era que ellos mismos se arrogaban la potestad de decidir qué era o no materia noticiosa y, por supuesto, perseguían lo que ellos consideraban desinformación. Vistas las actitudes del sanchismo, estaba claro que todo lo que fuese en contra de sus intereses sería catalogado como ‘fake news’.
5. Monitorizar las redes sociales para anular las protestas: Por si no fuera suficientemente grave el señalamiento contra los medios de comunicación, el Ejecutivo sanchista también demostró que tampoco le gusta que el ciudadano piense por sí mismo o que pueda dejarse influir por todo aquello que se cuelgue en redes sociales. Así que en abril de 2020 el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, redobló su apuesta contra la censura y exigió monitorizar las circulan bajo el peregrino argumento de que «circulan mensajes que tratan de intoxicar, causar desasosiego y manipular a la opinión pública». Por eso, el Gobierno socialcomunista —por medio de las unidades tecnológicas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los Servicios Centrales Especializados— avanzó que ciberpatrullaría las redes sociales en busca de mensajes que, no siendo forzosamente ilegales, sí los considera peligrosos y campañas de desinformación, que perjudican la imagen el Gobierno.