George Orwell lo imaginó en ‘1984’, y nuestro Gobierno lo ha llevado al BOE.
En teoría, sobre el papel, en los informativos de las cadenas adictas y en boca de sus tertulianos de plantilla, es un Plan del Gobierno contra las ‘fake news‘.
En la práctica, en realidad, sin tapujos, es un Plan de PSOE-Podemos para censurar a periodistas que no les bailan el agua a Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y sus aliados.
Teniendo presente que quien crea la idea y el procedimiento es el propio Ejecutivo, no es difícil pensar que quienes se pueden ver más afectados son, sobre todo, los medios más críticos con ellos.
El Gobierno sigue su cruzada contra los medios no afines enmascarada en una repentina ‘preocupación’ por la desinformación y ha aprobado un procedimiento de actuación contra las ‘fake news’ llegando al punto de poder monitorizar la información y solicitar colaboración a los medios.
La orden ya viene publicada en el BOE del 5 de noviembre
Visto y no visto. El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves 5 de noviembre publica la orden del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, cuyo titular es Carmen Calvo, donde se habla claramente de «adopción de medidas».
El escrito señala que los ciudadanos deben tener acceso «a una información veraz y diversa» que se ve «cada vez más amenazada» por la «difusión deliberada, a gran escala y sistemática» de información falsa, la cual «influye en la sociedad».
En definitiva, y como venimos denunciando desde hace tiempo en PD, este Gobierno socialcomunista se sigue armando de instrumentos legales para censurar todo lo que consideren oportuno.
Lo llaman preocupación por la desinformación y no lo es
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, y por mucho que el Ministerio de Carmen Calvo lo disfrace de preocupación por la desinformación, lo cierto es que el plan y los antecedentes tienen un tufillo a otro nuevo intento de censura.
Una vez más, será el Estado -apoyado por los medios afines y la contratación de verificadores independientes a quienes nadie verifica- quién tenga la última palabra de lo que es noticia.
Los encargados de ‘velar’ por la seguridad de los ciudadanos serán el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la secretaría de Estado de Comunicación, las autoridades públicas y el sector privado y la sociedad. Todos a una, como Fuenteovejuna, para que el plan no sufra reveses.
El Gobierno de Sánchez ya se parapetó en el CIS para imponer su mordaza a los medios incómodos
Como decíamos, la noticia no nos coge desprevenidos, al tratarse de un clavo más en el ataúd con el que Sánchez e Iglesias pretenden sepultar a la prensa libre.
Hace escasos meses, Sánchez ya impuso a su sociólogo de cabecera, José Félix Tezanos, que preguntara a los ciudadanos en el CIS si estarían a favor de recibir únicamente información por un canal oficial.
Periódicos conservadores o liberales se llevaron las manos a la cabeza ante este atropello. El editorial de la Razón se resumía en lo siguiente: «Sólo tendrán validez las informaciones que el Gobierno considere oportunas, «verdaderas» y, no nos engañemos, afines a sus intereses. Lo grave –y lo tentador– es que el 66,7 está a favor.»
El ABC ponía el grito en el cielo por el ardiz tan taimado urdido desde Moncloa para que muchos españoles ni se den cuenta de qué implica exactamente informarse únicamente por fuentes oficiales: «Resulta inédito que el CIS pregunte a los españoles si conviene imponer la censura informativa en los medios de comunicación».
