El PSOE y sus compinches aceleran su plan para silenciar a los periodistas no adictos al régimen sanchista

A censurar.

Y a toda prisa.

En los pasillos del Congreso de los Diputados se respira un ambiente tenso y no es solo por la crispación política habitual.

Esta vez, el foco está en la prensa.

La aceleración de la reforma del reglamento parlamentario, promovida por PSOE y sus socios, ha abierto un debate incendiario sobre libertad de prensa, activismo político y cómo debe protegerse el trabajo periodístico dentro de las instituciones.

El detonante: las preguntas realizadas por Vito Quiles o Bertrand Ndongo, convertidos en símbolo de lo que la Brunete Pedrete amarrada al pesebre de La Moncloa califica de «pseudoperiodismo» o «agitadores ultras» disfrazados de reporteros.

La propuesta legislativa pretende dejar claro que el Congreso es territorio progre y que se vetará a todo el que disienta o pregunte.

Dentro y fuera de la Cámara..

¿Qué cambia con la reforma exprés?

La nueva normativa, que se prevé aprobar este mes en dos plenos, introduce varios cambios clave:

• Control más estricto de acreditaciones: La Mesa del Congreso podrá establecer requisitos adicionales y revisar la renovación de credenciales si detecta conductas inapropiadas.
• Sistema sancionador: Se incorpora un régimen de sanciones para periodistas acreditados que dificulten el trabajo institucional o el de otros medios. Las sanciones van desde la suspensión temporal hasta la retirada definitiva del pase.
• Consejo Consultivo: Se crea un órgano con representantes parlamentarios y asociaciones profesionales para asesorar sobre posibles sanciones, aunque la decisión última sigue siendo política.
• Reglas claras: Prohibición expresa de grabar sin autorización y obligación de respetar normas básicas de cortesía parlamentaria.

Esta iniciativa responde a las reclamaciones históricas de colectivos profesionales, hartos de compartir espacio con quienes consideran “hooligans disfrazados de reporteros”.

El objetivo es expulsar Ndongo y Quiles

El caso de Vito Quiles y Bertrand Ndongo ilustra perfectamente por qué ha estallado esta crisis.

• En una reciente comparecencia del socialista Patxi López, Quiles tomó la palabra y otros medios se quejaron de que no pudieron preguntar, auque tampoco lo habrían hecho como se debe. El incidente fue uno más en una lista creciente que incluye insultos, descalificaciones personales y boicoteos organizados a portavoces parlamentarios.
• Ndongo fue protagonista hace semanas de un incidente con el periodista Antonio Maestre en las inmediaciones del Congreso, en el que este ultimo intentó agredirle riteradamente . El episodio acabó con intervención policial y denuncias cruzadas, alimentando aún más la sensación de caos mediático en la Cámara Baja.
• Ambos han sido señalados por colectivos periodísticos .-afines a Sánchez- como “difusores reincidentes de discursos de odio” y “obstaculizadores sistemáticos del trabajo informativo”.

¿Periodismo libre o espectáculo ideológico?

La reforma ha sido recibida con entusiasmo por asociaciones profesionales amarradas al pesebre monclovita, pero también con críticas acerbas desde los sectores más afines a los periodistas expulsables. Para unos, se trata simplemente de poner orden y proteger la profesión. Para otros, es una maniobra sucia para silenciar voces incómodas bajo pretexto legal.

El PSOE, junto a Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, defiende que “no se trata de limitar el periodismo”, sino de frenar a quienes utilizan la acreditación para “reventar el debate público e intoxicar la convivencia democrática”.

En cambio, PP y Vox han presentado enmiendas para evitar cualquier regulación adicional sobre las acreditaciones periodísticas, argumentando que ya existe capacidad suficiente para garantizar el orden sin restringir derechos fundamentales.

• El reglamento actual data nada menos que de 1982; en plena Transición nadie podía prever fenómenos como el “periodismo activista digital”.
• En los últimos seis meses, las intervenciones disruptivas vinculadas a estos pseudoperiodistas han duplicado las incidencias registradas durante toda la pasada legislatura.
• Algunos diputados han llegado a pedir “protocolos antibufo”, inspirados en normas antiacoso escolar, para evitar peleas o enfrentamientos entre informadores durante las ruedas de prensa.
• El Consejo Consultivo que decide sobre sanciones estará formado tanto por miembros políticos como por representantes del Colegio Profesional de Periodistas: una mezcla inédita hasta ahora.

¿Y ahora qué? Una batalla por definir los límites

El siguiente paso será votar las enmiendas presentadas por PP y VOX el martes 8 de julio de 2025. Si, como se prevé, fracasan estas propuestas alternativas, la nueva norma estará operativa al inicio del próximo periodo parlamentario.

La pregunta sigue abierta: ¿dónde termina la libertad informativa y comienza la obligación institucional? ¿Quién decide cuándo un micrófono es herramienta profesional o simple arma arrojadiza? Lo cierto es que nunca antes había habido tantos ojos puestos en quién entra —y cómo se comporta— dentro del Parlamento español.

Lo único seguro es que este pulso entre prensa tradicional, periodistas disruptivos y poder político no ha hecho más que empezar. Y todo apunta a que marcará un antes y un después en la relación entre medios e instituciones en España.