El Congreso perdona a la prensa ‘sanchista’ manipulando su propio reglamento

La controversia sobre la nueva regulación de la prensa en el Congreso de los Diputados ha dado un vuelco sorprendente.

La decisión de aplicar los criterios restrictivos únicamente a nuevos solicitantes ha dejado fuera del alcance de la norma a buena parte de los periodistas ya acreditados, especialmente a los medios considerados próximos al Gobierno de Pedro Sánchez.

Este movimiento, impulsado desde la Mesa y bajo la dirección de Patxi López, ha generado una tormenta política y mediática, con protestas tanto de periodistas conservadores como progresistas, e incluso desde la UGT.

La instrucción aprobada por la Mesa, que desarrolla la reforma del reglamento parlamentario, ha levantado ampollas: el requisito de contar con al menos diez trabajadores en plantilla para poder acreditar a un periodista excluye a pequeñas redacciones y plataformas emergentes.

Paradójicamente, voces como las de Antonio Maestre —referente del periodismo izquierdista— han denunciado que esta medida afecta también a medios afines al PSOE, al igual que a otros críticos o alternativos.

A día de hoy, 9 de septiembre de 2025, fuentes parlamentarias confirman que los medios ya acreditados antes del cambio normativo quedan exentos: podrán seguir informando desde dentro del Congreso sin necesidad de adaptarse a los nuevos requisitos.

Esta decisión ha sido interpretada por muchos como un guiño hacia las redacciones más próximas al Ejecutivo socialista —la llamada prensa ‘sanchista’— mientras endurece las condiciones para futuros solicitantes críticos o alternativos.

La reforma del reglamento parlamentario pone en jaque el pluralismo mediático en España y abre un debate sobre los límites legítimos para regular el acceso informativo en las instituciones democráticas.

El pulso entre transparencia y control sigue vivo… Y esta vez, ni siquiera algunos aliados ideológicos del Gobierno se sienten cómodos con lo aprobado.

Un reglamento que nadie quiere: “bodrio infumable” y críticas cruzadas

El nuevo reglamento ha sido tachado por muchos profesionales como un bodrio infumable. La reforma prohíbe el acceso no solo a páginas web y canales de YouTube, sino también a emisoras digitales y periodistas con menos de diez empleados. Esta exclusión se extiende incluso a periodistas literarios y reporteros gráficos, que ahora ven restringida su capacidad para grabar imágenes o vídeos en dependencias parlamentarias sin autorización expresa.

La reacción no se ha hecho esperar. El Partido Popular lo considera “un ataque sin precedentes” contra la libertad de prensa y acusa al Gobierno y sus socios de querer “decidir quién puede o no preguntar” en el Congreso. Incluso periodistas vinculados históricamente a sindicatos como UGT han criticado que se deje fuera a pequeñas redacciones y proyectos independientes.

El debate sobre la libertad de prensa

Las críticas por “atentado contra la libertad de prensa” se han multiplicado. El régimen sancionador recién estrenado permite incluso la retirada de acreditaciones ante conductas consideradas impertinentes o desagradables por parte del Consejo Consultivo creado ad hoc. El argumento oficial es claro: proteger la labor informativa frente a “pseudoperiodistas” y asegurar un ambiente profesional. Sin embargo, desde diversos sectores se señala que la verdadera intención es blindar al Ejecutivo frente a preguntas incómodas o investigaciones sobre corrupción.

El PP denuncia que no se les permitió presentar enmiendas y que se cercenan derechos fundamentales para evitar que los periodistas pregunten sobre temas delicados para el Gobierno. Ester Muñoz, portavoz parlamentaria popular, lo califica directamente como una cacicada destinada a controlar qué preguntas llegan al poder político.

Periodista Digital lleva el “bodrio” normativo ante Europa

En un giro rocambolesco, Periodista Digital ha anunciado su intención de llevar este reglamento ante las instituciones europeas. Consideran que vulnera principios básicos de pluralidad informativa reconocidos en la Unión Europea y limita el acceso a medios innovadores e independientes. La denuncia busca poner el foco internacional sobre lo que califican como censura institucionalizada.

Curiosidades y datos locos: ¿Quién queda fuera? ¿Quién se salva?

• La norma excluye potencialmente canales tan influyentes como Canal Red, dirigido por Pablo Iglesias, por ser una TV vía YouTube.
• El famoso periodista Vito Quiles, polémico por su estilo gonzo y sus enfrentamientos con diputados, es uno de los principales damnificados por el nuevo sistema sancionador; su expulsión fue debatida abiertamente en pleno parlamentario.
• El reglamento prohíbe grabar en cafeterías, restaurantes, aparcamientos e incluso zonas administrativas del Congreso; ni siquiera las imágenes casuales están permitidas sin autorización expresa.
• En una curiosa paradoja, algunos medios afines al PSOE han resultado excluidos por el criterio objetivo del número mínimo de trabajadores, provocando críticas internas inesperadas.
• La reforma permite que cada grupo político designe una persona para coordinar las ruedas de prensa; ese portavoz podrá decidir quién pregunta y cómo se organiza el acceso informativo.

La polémica no ha venido solo desde medios conservadores. Periodistas identificados con posiciones progresistas han lamentado públicamente que el criterio del tamaño empresarial deja fuera a proyectos independientes o nuevas formas periodísticas surgidas en el entorno digital.

La medida afecta tanto a medios “de derechas” como “de izquierdas”, rompiendo así el discurso oficial sobre una supuesta defensa exclusiva frente a agitadores ultras.