Iustitia Europa pone en el punto de mira al Consejo de Ministros: querella contra el gabinete de Pedro Sánchez que aprobó el rescate de Plus Ultra

La política española suma un nuevo episodio a su relato judicial: una querella presentada contra todos los miembros del Consejo de Ministros que dieron luz verde al rescate de Plus Ultra en marzo de 2021. Esta acción, promovida por el partido Iustitia Europa, busca convertir en un asunto penal lo que el Gobierno siempre trató como una decisión económica necesaria en tiempos de pandemia.

El documento, que consta de 24 páginas, ha sido ingresado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y solicita la apertura de un proceso especial contra los ministros de aquel entonces por prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. La querella, según detalla Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, se apoya en la reciente situación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha sido señalado por un juzgado como “vértice” de la trama y presunto receptor de comisiones debido a su intervención a favor de la aerolínea, tal como se detalla en Libertad Digital en su análisis sobre la primera querella contra todo el Consejo de Ministros relacionada con el rescate de Plus Ultra.

De “aerolínea estratégica” a quebradero de cabeza político

El conflicto arranca del rescate de 53 millones de euros destinado a Plus Ultra Líneas Aéreas, financiado a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas administrado por la SEPI. En aquel momento, el Gobierno de Pedro Sánchez defendió que esta compañía era “estratégica” para mantener la conectividad con Latinoamérica. Sin embargo, según los propios documentos oficiales, la aerolínea apenas representaba el 0,03% del total de vuelos nacionales, un dato que hoy persigue al Ejecutivo en términos políticos.

La querella destaca varios aspectos especialmente preocupantes:

• La calificación como “estratégica” se habría forzado pese a su escasa cuota en el mercado.
• Se habría omitido deliberadamente controles sobre su elegibilidad, aseguran los querellantes.
• Se señala que altos responsables y asesores proporcionaron una “cobertura jurídico-administrativa esencial” para llevar adelante la operación.

En esta narrativa, no solo se cuestiona si el Consejo de Ministros cometió un error, sino que se afirma que actuó “a sabiendas” sobre la ilegalidad inherente a su decisión, lo cual es crucial para fundamentar un delito por prevaricación.

Un Supremo en la encrucijada institucional

Este caso sitúa al Tribunal Supremo ante una situación delicada: debe decidir si admite a trámite una querella que apunta directamente contra un Gobierno en funciones durante los hechos. La acción legal se enfoca en quienes “asistieron, deliberaron y votaron favorablemente por el rescate”, incluyendo al núcleo duro del sanchismo del 2021, así como a los ministros del PSOE y Unidas Podemos.

Si finalmente el Supremo decide abrir diligencias, podríamos estar ante un escenario cargado de tensión institucional:

1. Imputaciones a ministros aforados: esto requeriría establecer un calendario para declaraciones que coexistiría con la agenda política y parlamentaria.
2. Impacto sobre la coalición: cada partido tendría que gestionar su narrativa frente a la opinión pública, especialmente si surgen discrepancias internas respecto al rescate.
3. Presión desde Europa: Bruselas examina con lupa la gestión de fondos públicos relacionados con la pandemia; cualquier indicio de malversación no pasaría desapercibido.

En caso contrario, si el Supremo opta por rechazar la querella, el Gobierno podrá presentarlo como un respaldo judicial a su actuación, aunque es difícil pensar que los problemas reputacionales derivados del caso Plus Ultra desaparezcan tan fácilmente.

Zapatero, Sánchez y la batalla del relato

La dimensión política se complica aún más con la figura de Zapatero, quien ya ha sido mencionado en otra causa relacionada con su presunta intervención en este asunto aéreo. La querella presentada por Iustitia Europa sostiene que este expresidente habría influido para lograr que se aprobara el rescate; si esto se demuestra, podría fortalecer las acusaciones por tráfico de influencias.

Para Pedro Sánchez, no solo hay un riesgo jurídico; también está el desafío narrativo: la oposición ha comenzado a presentar este caso como prueba fehaciente del uso indebido del dinero público para beneficiar intereses cercanos al Gobierno. Mientras tanto, desde el Ejecutivo se insiste en que actuaron guiados por criterios técnicos y urgentes debido a las circunstancias económicas derivadas de la pandemia.

En medio del revuelo, el ciudadano común observa cómo una compañía con escasas rutas regulares ha terminado siendo protagonista en una contienda política y judicial que ya suma:

• un rescate total de 53 millones;
• múltiples investigaciones penales abiertas;
• y ahora una querella contra todo un Consejo de Ministros que antes presentó esta operación como símbolo del “salvamento del tejido productivo”.

En un país donde las aerolíneas parecen competir casi tanto como las listas electorales, es posible que lo concerniente al futuro inmediato de Plus Ultra importe menos que las lecciones sobre cómo se toman –y se presentan– las decisiones más importantes desde el Gobierno.