El exdiputado Mario Garcés comenta en La Retaguardia de PERIODISTA DIGITAL, la imputación del fiscal general del Estado y los demás escándalos de corrupción que salpican al gobierno de Pedro Sánchez.
“Al terminar el día uno no sabe si empezar por Aldama o por La Dama”, reflexiona Garcés.
Destaca lo grave que es para la institucionalidad y la salud democrática que el jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, sea señalado por sus actuaciones.
“Lo del fiscal general del Estado es gravísimo porque no existe ningún precedente en la historia de España, y yo no conozco ningún precedente en la historia europea donde haya sido imputado un fiscal como consecuencia de una actuación aparentemente inducida con el objetivo de dar cobertura a un determinado entorno político”.
Incide en que la excusa García Ortiz de que emitió el comunicado exponiendo información sensible para contrarrestar un bulo no tiene asidero porque el papel de la Fiscalía no es contrarrestar determinadas informaciones sino para actuar conforme a derecho.
“La mujer del presidente está imputada. El Fiscal General del Estado, imputado. El hermano de Sánchez, imputado. Ábalos,
era ministro y secretario general del PSOE, será imputado.Y eran todo chaladuras de la ultraderecha e inventos de los medios”
Chapu Apaolaza en La Sexta.🙌🏻 pic.twitter.com/kaX2JsQykk
— Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) October 19, 2024
No puede prestarse su máximo representante para que algunos ganen el relato.
“El fiscal se pasó de frenada, lo que se le imputa es un delito de revelación de un conjunto de informaciones vinculadas a un procedimiento general que está sub iudice, que por lo tanto no debería ser objeto de publicidad, y que aunque puedan estar reconocidos por el novio de Ayuso -y hay que decir las cosas claras, a mí me parece mal que un tipo cometa fiscales- lo que no puede hacer el fiscal general del Estado, con el objetivo, según él de contrarrestar una información, revelando información de un procedimiento judicial. Es algo obsceno, es estúpido, no se puede actuar ilícitamente”.
También destaca que el sistema presenta una conflictividad tributaria porque los inspectores cobran en función de las actas que levantan, mientras más, mayor productividad.
“No puede ser que los inspectores de Hacienda cobren según las actas que levantan y luego las pierdan todas en los tribunales administrativos”.
Además, señala que si la inspección al que ahora es pareja de Ayuso se ha producido ad hominem por razones políticas, estaríamos ante un caso de prevaricación por parte del funcionario que ha dado la instrucción para iniciar el procedimiento.
