El Gobierno Sánchez no toca fondo: escarba en la corrupción y cava su propia fosa

La primavera de 2025 no está resultando precisamente florida para Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno español se encuentra en el epicentro de una tormenta política sin precedentes, acorralado por múltiples casos de presunta corrupción que afectan tanto a su círculo más íntimo como a destacados miembros de su partido. Lo que comenzó como investigaciones aisladas ha ido tejiendo una red que amenaza con asfixiar al Ejecutivo socialista.

La situación ha llegado a tal punto que, según fuentes cercanas al PP, «jamás una trama de corrupción había llegado tan lejos y había estado tan cerca de Moncloa». El cerco judicial se estrecha día tras día, y lo que es más preocupante para el presidente: ya no se trata de casos que afectan a figuras periféricas, sino que apuntan directamente al núcleo duro de su gobierno y a su propia familia.

El caso Koldo: la sombra que persigue a Sánchez

El denominado «caso Koldo» ha sido quizás el más mediático y el que más ha salpicado al entorno presidencial. La investigación, que comenzó centrándose en Koldo García, exasesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, ha ido escalando hasta implicar a altos cargos del gobierno y del PSOE.

La Guardia Civil ha encontrado pruebas que vinculan directamente a Ábalos con una red de corrupción que habría operado desde el ministerio. Entre las evidencias más comprometedoras figura un chat entre el exministro y el propio Sánchez, donde se menciona una visita «discreta» de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Esta comunicación fue posteriormente reenviada por Ábalos a Koldo García, lo que sugiere una cadena de complicidades que podría llegar hasta la cúspide del poder.

Según las investigaciones, esta trama habría comprado una casona en la playa de Cádiz para uso del funcionario y pagado un departamento en Madrid a su pareja. El caso ha llevado a la Audiencia Nacional a solicitar al Tribunal Supremo la imputación de Ábalos por «indicios serios» de su participación en la trama.

Cuando se le ha preguntado sobre el cese de Ábalos en julio de 2021, Sánchez ha insistido en que se debió a la necesidad de dar un «impulso» al Ejecutivo tras la pandemia, negando cualquier vinculación con sospechas de corrupción. Sin embargo, esta explicación contrasta con los hallazgos de la UCO, que menciona una discusión entre ambos tras la polémica visita de Delcy Rodríguez.

El caso Begoña Gómez: cuando lo personal se vuelve político

Si el caso Koldo afecta al círculo político de Sánchez, el caso que investiga a su esposa, Begoña Gómez, toca directamente su esfera personal. Desde abril de 2024, Gómez está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La investigación se centra en dos frentes principales: por un lado, los dos másteres y la cátedra que Gómez impartía en la Universidad Complutense pese a no ser licenciada, y por otro, sus relaciones con el empresario Juan Carlos Barrabés, quien habría recibido contratos millonarios del Gobierno tras colaborar con los proyectos profesionales de la esposa del presidente.

Según la denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias, Gómez habría actuado «prevaliéndose de su estatus personal» al firmar cartas de recomendación a favor de Barrabés en concursos públicos, de los que el empresario habría obtenido 10 millones de euros en licitaciones.

El caso ha dado un giro inesperado en mayo de 2025 cuando el juez Juan Carlos Peinado imputó a Francisco Martín Aguirre, entonces delegado del Gobierno en Madrid y anteriormente secretario general de la Presidencia del Gobierno. Se le atribuye un presunto delito de malversación de caudales públicos por ser el «superior jerárquico» de Cristina Álvarez, una asesora de Moncloa que habría realizado gestiones de la vida profesional de Gómez «con cargo a los Presupuestos Generales del Estado».

El caso «Tito Berni»: corrupción desde el escaño socialista

Como si los dos casos anteriores no fueran suficientes, el PSOE también debe hacer frente al escándalo protagonizado por Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como «Tito Berni». El exdiputado socialista está acusado de liderar una trama corrupta desde su escaño en el Congreso, aprovechando su posición para engañar a empresarios ganaderos con problemas a cambio de dinero.

Según la jueza María Ángeles Farizo, Fuentes Curbelo dirigió durante años una «organización criminal» que operaba incluso durante las sesiones parlamentarias. Los investigadores han encontrado mensajes enviados «en tiempo real» durante los plenos del Congreso a los implicados en la red de extorsión.

Este caso, aunque no implica directamente a Sánchez, añade más presión sobre un PSOE que parece incapaz de controlar las conductas irregulares de sus miembros más destacados.

Un cerco que se estrecha

La situación para el Gobierno Sánchez es cada vez más complicada. En total, según algunas fuentes, hasta 30 casos afectan a familiares del presidente, cargos de su Gobierno y militantes del PSOE, todos ellos acorralados por la justicia y los investigadores.

Las tres grandes causas de corrupción han estrechado el cerco tanto en el Gobierno como en el PSOE por sus vínculos con las personas imputadas. El PP ha llegado a presentar una querella judicial contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, tras conocerse un informe de la Guardia Civil con detalles hasta ahora desconocidos.

Según fuentes anónimas citadas por la oposición, habría habido entregas de «bolsas de dinero» en la casa de gobierno como parte del caso de corrupción, una acusación de extrema gravedad que, de confirmarse, podría tener consecuencias devastadoras para la continuidad de Sánchez.

Un futuro incierto

A pesar de las graves acusaciones, por el momento Sánchez cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para mantenerse en el poder. Sin embargo, la acumulación de casos y el avance de las investigaciones judiciales están minando su credibilidad y la de su gobierno.

El presidente intenta mantener la normalidad institucional defendiendo decisiones controvertidas como el rescate de Air Europa en 2020, asegurando que España actuó «como el resto de países» y que la operación se realizó «con préstamos y con condiciones muy estrictas». Sin embargo, esta defensa llega en un momento en que cualquier decisión gubernamental es escrutada en busca de posibles irregularidades.

La situación recuerda a la que vivió el PP en sus últimos años de gobierno, cuando la acumulación de casos de corrupción acabó provocando una moción de censura que llevó precisamente a Sánchez al poder. La historia parece repetirse, pero con los protagonistas cambiados.

El dato más curioso de esta crisis es que, a diferencia de otros escándalos políticos, los casos que acorralan a Sánchez abarcan tanto la esfera pública (con las tramas de Koldo y «Tito Berni») como la privada (con la investigación a su esposa), creando un cerco completo alrededor del presidente que dificulta enormemente su capacidad de maniobra política.