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En los pasillos del poder, la estadística ha dejado de ser un detalle menor para convertirse en una amenaza existencial.
Pedro Sánchez encabeza el primer gobierno democrático español donde el círculo de imputados por corrupción supera, en número, a los ministros sentados cada martes en el Consejo.
La escena parece sacada de una tragicomedia nacional: mientras el presidente socialista busca proyectar estabilidad y liderazgo europeo, la realidad judicial se impone con una crudeza insólita.
A día de hoy, según recuentos recientes y datos de tribunales y fuerzas policiales, hasta 47 cargos vinculados a Sánchez han sido interrogados en cuatro causas judiciales diferentes.
Entre ellos figuran nombres con peso político propio: el exministro José Luis Ábalos, la presidenta del Congreso Francina Armengol, el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres, e incluso familiares directos como su hermano David Sánchez y su esposa Begoña Gómez.
De Begoña Gómez a José Luis Ábalos: un mapa de causas abiertas
El epicentro mediático y político lo ocupa actualmente el conocido como “caso Koldo”, una presunta trama de corrupción vinculada a la adquisición irregular de material sanitario durante la pandemia. La figura central es José Luis Ábalos, exministro y hombre fuerte del PSOE en la era Sánchez. El Tribunal Supremo ha solicitado el suplicatorio al Congreso para investigarle por delitos que van desde organización criminal hasta cohecho y malversación.
No es el único frente abierto. El caso Begoña Gómez —la esposa del presidente— sigue sumando titulares. Está siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional tras recomendar la contratación de empresas amigas en adjudicaciones públicas. Aunque los informes policiales no han hallado pruebas concluyentes y los testigos han negado las acusaciones, la instrucción se mantiene viva y en fase inicial.
Por si fuera poco, el hermano del presidente, David Sánchez, también está bajo la lupa. Se le investiga por presuntas irregularidades en su contratación como alto cargo en la Diputación de Badajoz, con acusaciones de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude tributario. La jueza instructora ya ha propuesto sentarle en el banquillo junto al líder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo.
Un calendario judicial que condiciona la política
El año 2025 se perfila como una pesadilla procesal para el jefe del Ejecutivo. El calendario judicial se solapa con la agenda política nacional y amenaza con condicionar tanto el relato gubernamental como las estrategias del PSOE. Cada declaración ante el juez, cada filtración desde los juzgados, se convierte en munición para la oposición y en motivo de zozobra interna.
En este clima tóxico se multiplican las escenas surrealistas: diputados socialistas defendiendo ante micrófonos lo indefendible; ministros mirando el móvil durante las sesiones parlamentarias esperando el último parte judicial; asesores cruzando los dedos para que no haya nuevas imputaciones antes del próximo mitin.
Las desventuras del marido de Begoña: un sainete a pie de juzgado
Uno pensaría que al presidente le bastaba con gestionar una coalición inestable o lidiar con Bruselas. Pero no. A sus preocupaciones diarias hay que sumar las peripecias judiciales propias y ajenas. Si bien es cierto que hasta ahora no existe ninguna acusación formal ni procedimiento penal contra Pedro Sánchez en persona, los tentáculos de las causas abiertas llegan tan cerca que casi pueden olerse desde su despacho.
¿Cómo vive un presidente rodeado de tantos procesos? Según fuentes próximas a La Moncloa (y alguna confidencia indiscreta), con bastante estoicismo… y dosis crecientes de resignación. Los analistas políticos bromean ya sobre “el síndrome del Consejo Judicial”, ese extraño fenómeno por el cual cada semana hay más personas citadas ante un juez que asistentes a los consejos ministeriales.
Consecuencias políticas: desgaste y polarización
La oposición no ha perdido oportunidad para cargar contra este escenario inédito. El Partido Popular exige dimisiones inmediatas y elecciones anticipadas; Vox habla abiertamente de “Gobierno corrupto”; Sumar y Podemos mantienen un silencio tenso mientras observan cómo se tambalea su socio principal.
En paralelo, la opinión pública asiste perpleja a un desfile interminable de nombres propios por los juzgados españoles:
- Exministros como Ábalos investigados por tramas millonarias.
- Familiares directos del presidente señalados por tráfico de influencias.
- Esposa del presidente protagonista involuntaria (o no tanto) de portadas diarias.
Esta situación erosiona gravemente la credibilidad institucional y alimenta una polarización social sin precedentes desde los años noventa.
Curiosidades y datos para el anecdotario político
- Hay actualmente más altos cargos socialistas investigados que ministros sentados en Consejo, un récord histórico en democracia reciente.
- El sumario contra Begoña Gómez ya suma 15 tomos… pero ni una sola prueba concluyente según los informes policiales recabados hasta hoy.
- La Audiencia Nacional ha tenido que coordinar agendas judiciales para no solaparse entre causas Koldo, Air Europa y las investigaciones sobre familiares.
- La defensa jurídica más repetida entre los investigados: “Todo es una conspiración mediática”. Los jueces prefieren ceñirse a las transferencias bancarias.
- En algunos mítines socialistas recientes hay más periodistas judiciales acreditados que simpatizantes coreando lemas.
Así transcurre 2025 en España: entre autos judiciales, ruedas de prensa improvisadas y la sensación creciente —casi humorística— de que quien aguanta sentado en el Consejo es porque todavía no ha recibido citación.
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