Los guardias civiles se plantan contra el intento de Sánchez de controlar la UCO

La escena resulta insólita en el paisaje institucional español.

Este miércoles, 11 de junio de 2025, guardias civiles, jueces y fiscales se han dado cita ante el Tribunal Supremo en Madrid para escenificar su rechazo a la última maniobra legislativa del Gobierno Sánchez: una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende poner a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo el control directo de la Fiscalía General del Estado.

La foto, más allá de uniformes y togas, resume el malestar profundo que recorre los estamentos encargados de investigar los delitos más graves, muchos de ellos relacionados con presunta corrupción política.

No es habitual ver a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) haciendo piña con magistrados y fiscales.

Pero tampoco es habitual que un Gobierno, en plena tormenta por los escándalos que cercan al PSOE y al entorno familiar del propio presidente, impulse un cambio legal que permita al poder político tener el timón sobre las investigaciones policiales más delicadas.

¿Qué propone exactamente el Gobierno?

La clave está en un matiz jurídico con enormes implicaciones prácticas: actualmente, la UCO —la élite investigadora de la Guardia Civil— actúa como policía judicial bajo las órdenes directas de los jueces. Con la reforma que promueve Sánchez, pasaría a depender de los fiscales. Y aquí está el quid: el fiscal general del Estado es designado por el Gobierno.

Según denuncia la AUGC, esto supone “un atropello” y una amenaza directa a la independencia con la que debe operar cualquier unidad investigadora. «La policía judicial debe estar al servicio de la Justicia y no del poder político y sus aledaños», recalca Juan Fernández Hernández, secretario general de AUGC, quien avisa: «Vamos a acudir al GRECO, a la Comisión Europea y no descartamos ninguna acción jurídica».

Casos calientes y sospechas cruzadas

El movimiento del Ejecutivo se produce en un momento especialmente delicado. En las últimas semanas han salido a la luz grabaciones comprometedoras relacionadas con intentos de desacreditar a mandos de la UCO implicados en investigaciones sobre corrupción que afectan directamente al PSOE —y más concretamente al exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García o incluso familiares del presidente Sánchez.

No es casualidad que las asociaciones profesionales interpreten esta ofensiva como una reacción para tapar o controlar los daños políticos derivados de estos casos. La propia AUGC apunta que “resulta sorprendente que estas propuestas surjan precisamente ahora que esta unidad está contribuyendo a esclarecer delitos vinculados al Gobierno”.

El malestar se ha visto amplificado por lo que califican como una “campaña de descrédito” orquestada desde sectores próximos al Ejecutivo para sembrar dudas sobre los investigadores. Jucil, otra asociación mayoritaria en el cuerpo, denuncia abiertamente una “caza de brujas” contra los agentes implicados en las causas más sensibles.

¿Maniobra política o simple actualización legal?

Desde Moncloa y el Ministerio del Interior insisten en negar cualquier intención espuria. El ministro Grande-Marlaska ha defendido este martes en el Senado su “apoyo directo y efectivo” a la UCO y ha puesto como ejemplo el reciente registro ordenado contra Ábalos por el Tribunal Supremo como prueba de neutralidad institucional. Según Marlaska, “se deja trabajar” a la Guardia Civil “con neutralidad e imparcialidad”, aunque los sindicatos policiales no comparten esa percepción.

La oposición no compra este relato. Desde el Partido Popular se denuncia abiertamente que este intento de reforma busca garantizar impunidad al PSOE justo cuando más cercada está por investigaciones judiciales. El propio líder popular Feijóo ha calificado la situación como una deriva hacia un modelo donde “la democracia se subordina al interés partidista”, sumándose así a una protesta que trasciende lo meramente corporativo.

Reacciones encadenadas: movilización y advertencias

• La AUGC anuncia un calendario creciente de movilizaciones si no se frena esta reforma.
• Se preparan contactos con instituciones europeas para denunciar lo que consideran una violación flagrante del Estado de Derecho.
• No se descarta una gran concentración nacional en defensa del papel constitucionalmente independiente de las unidades policiales encargadas de investigar delitos graves.

El ambiente recuerda por momentos a otros episodios recientes donde jueces y fiscales han salido a la calle para defender su autonomía frente a injerencias políticas. Pero esta vez se suma un actor inesperado: los propios investigadores policiales.

Separación de poderes: ¿un principio en peligro?

Para muchos analistas, lo que está en juego va mucho más allá del control sobre una unidad concreta. De prosperar esta reforma, alertan asociaciones y juristas consultados, se debilitaría uno de los pilares básicos del sistema democrático: la capacidad real del poder judicial —y no solo formal— para investigar sin cortapisas cualquier conducta irregular protagonizada por responsables políticos.

Las advertencias son claras:

• Si hubiera estado ya en vigor este modelo hace unos meses, varias investigaciones sensibles habrían quedado bajo control directo del Ejecutivo.
• Se abre así un riesgo cierto de impunidad para quienes ostentan el poder o están próximos al círculo gubernamental.

Como destaca un editorial reciente: “No son solo los jueces; son también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quienes han denunciado la obscena maniobra de un Ejecutivo que pretende dinamitar la separación de poderes”.