La desesperada maniobra de Pedro Sánchez para blindarse de los jueces: la ‘ley Bolaños’

Le importa un comino la democracia, la separación de poderes o España.

El marido de Begoña sólo piensa en salvarse. Por eso necesita aguantar en La Moncloa hasta 2027. Y ahora que esta débil, es más peligroso.

Ni los mejores guionistas de series políticas habrían imaginado un escenario tan trepidante como el que vive España en junio de 2025.

Pedro Sánchez, acorralado por los escándalos judiciales que salpican a su entorno más cercano, ha puesto en marcha una maniobra que busca consolidar su control sobre la instrucción penal.

Y, para ello, recurre a dos de sus hombres de máxima confianza: Félix Bolaños en el frente legislativo y al imputado Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado.

La jugada no puede ser más clara: trasladar la instrucción penal —tradicionalmente en manos de los jueces— a los fiscales para poder controlarlos. Bajo el nuevo marco legal que impulsa el Ejecutivo, fortalece que toda la cadena de mando del Ministerio Fiscal esté supeditada al fiscal general, cargo designado directamente por el propio Gobierno.

Es decir, instrucciones, investigaciones y hasta la dirección de la Policía Judicial dependerían del fiscal general… y, por ende, de Moncloa.

¿Blindaje o asalto institucional? Las claves del cambio

La reforma —apodada ya como “ley Bolaños”— implica un cambio radical en el sistema judicial español. La instrucción penal pasaría a depender casi exclusivamente del Ministerio Fiscal, con un modelo jerárquico que responde al fiscal general nombrado por el Ejecutivo. Una estructura piramidal perfecta para centralizar decisiones sensibles:

• Los fiscales podrían impartir instrucciones directas a la Policía Judicial, desplazando así a los jueces del proceso instructor.
• La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y otros cuerpos policiales quedarán bajo dependencia funcional directa del Ministerio Fiscal.
• El margen de maniobra para las acusaciones privadas se restringe notablemente, dificultando que actores externos puedan ejercer presión o vigilancia sobre investigaciones sensibles.

La letra pequeña apunta a una auténtica revolución en los equilibrios de poder: si antes el juez era la figura neutral y garante, ahora todo apunta a una fiscalía omnipresente y jerarquizada.

“El control de la Policía Judicial es una de las principales novedades… Un cambio que ya ha levantado inquietudes entre sectores de la judicatura y las fuerzas de seguridad, preocupados por la posible politización del proceso penal.”

Los audios pendientes y el fantasma de futuras revelaciones

Pero, ¿qué motiva esta urgencia legislativa? La respuesta está en las recientes filtraciones y grabaciones —los famosos “audios”— que han puesto contra las cuerdas tanto al entorno familiar como político del presidente. El caso Begoña Gómez ha sido solo el principio: Moncloa teme nuevas entregas mediáticas que puedan hacer tambalear aún más sus cimientos.

En este contexto, Sánchez confía plenamente en Bolaños, encargado de sacar adelante la reforma exprés para blindarse frente a futuras tormentas sonoras y documentales. Si los fiscales pueden controlar la instrucción desde su origen, resulta mucho más sencillo tapar cualquier grieta antes de que llegue al juzgado… o a los periódicos.

Mientras tanto, García Ortiz —a un paso del banquillo por revelación de secretos— se aferra al cargo con el respaldo explícito del Ejecutivo, que considera “imposible” una condena y cierra filas con su fiscal general pese al clamor social y político por su dimisión.

El papelón de García Ortiz: procesado pero imprescindible

El procesamiento del fiscal general representa un hito sin precedentes en nuestra democracia. Tras meses investigando la filtración del correo sobre Alberto González Amador —pareja de Isabel Díaz Ayuso—, el juez Ángel Luis Hurtado sostiene que hubo “indicaciones recibidas desde Presidencia del Gobierno” para filtrar datos confidenciales. Pese a las presiones internas (parte de la carrera fiscal exige su dimisión), García Ortiz se mantiene firme gracias al apoyo incondicional del Ejecutivo, que lo considera pieza clave en su estrategia institucional.

Lo llamativo es que el propio estatuto permite que siga en funciones incluso si se abre juicio oral contra él: mientras otros fiscales serían suspendidos automáticamente, el fiscal general dispone de blindaje especial. Una paradoja jurídica digna del surrealismo patrio.

La desesperación como motor: PSOE y aliados buscan oxígeno

No es ningún secreto que Sánchez y los sectores más afectados por los casos de corrupción dentro del PSOE ven en esta reforma su última oportunidad para evitar nuevas sorpresas judiciales. Las instrucciones penales bajo control gubernamental aseguran un cortafuegos ante posibles investigaciones sobre negocios familiares o tramas afines. En círculos socialistas ya se habla abiertamente de «desesperación» ante una avalancha imparable: grabaciones policiales, causas abiertas y un clima político cada vez más adverso.

Por si fuera poco, algunos todavía confían en que Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, acuda al rescate avalando leyes polémicas como la amnistía o cualquier otra medida pensada para sortear los controles legales tradicionales. La tentación es grande: si falla el Supremo, siempre queda ese comodín constitucional capaz de reinterpretar normas fundamentales “a medida”.

El tablero judicial: jueces contra fiscales (y todos contra todos)

La reforma divide profundamente a la comunidad jurídica:

• Una parte denuncia “un asalto sin precedentes” al Estado de derecho.
• Otros alegan que este modelo ya funciona en varios países europeos con éxito relativo.
• Los magistrados del Supremo advierten sobre una posible politización irreversible.
• Los socios parlamentarios del Gobierno cierran filas para evitar cualquier fractura interna justo antes del verano.

El clima recuerda al famoso adagio español: cuando las barbas del vecino veas pelar… pon tu toga a remojar.

Mientras Sánchez busca blindarse frente al futuro inmediato, España asiste atónita al mayor pulso institucional entre Gobierno y poderes judiciales desde hace décadas. Habrá quien diga que nunca habíamos tenido tanto suspense jurídico-político… ni tampoco tantas filtraciones esperando ver la luz.