La UCO rastrea hasta en Armenia el dinero de las ‘mordidas’ del PSOE

En un país donde la corrupción política ha dejado más titulares que la liga de fútbol, la noticia de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue el rastro internacional del dinero de las supuestas mordidas ligadas a la cúpula del PSOE ha generado un auténtico terremoto político. El epicentro, lejos de limitarse a los despachos de Ferraz o al Ministerio de Transportes, se ha desplazado hasta las montañas del Cáucaso, concretamente a Armenia, donde dos constructoras españolas —Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR)— lograron en 2022 un contrato público valorado en 65 millones de euros.

El caso, conocido ya como uno de los mayores escándalos recientes en España, gira alrededor de varias figuras clave: Santos Cerdán (exsecretario de Organización del PSOE), José Luis Ábalos (exministro de Transportes) y su exasesor Koldo García Izaguirre, junto a empresarios como José Ruz, propietario de Levantina. Todos aparecen en los informes policiales como piezas centrales de una supuesta red que habría desviado fondos públicos mediante comisiones ilícitas.

Armenia: mucho más que brandy y ajedrez

La elección de Armenia como destino para parte del dinero presuntamente defraudado no es casual. Según fuentes de la investigación, los agentes han detectado una red societaria con tentáculos en varios países —Argelia, Panamá y especialmente Armenia— donde las constructoras implicadas abrieron delegaciones poco antes o después de adjudicarse contratos millonarios. En 2022, la unión temporal formada por LIC y OPR consiguió el contrato para construir un tramo estratégico de autopista entre Ereván y Bavra.

Lo curioso del asunto es que ambas empresas españolas, hasta entonces discretas en el panorama internacional, consolidaron su presencia en Armenia justo cuando el escándalo empezaba a asomar en España. Los investigadores siguen ahora el rastro bancario y societario de esos fondos en el extranjero, con especial atención a posibles movimientos que puedan indicar blanqueo o financiación ilegal.

Financiación ilegal: hipótesis sobre la mesa

El informe más reciente remitido por la UCO al Tribunal Supremo abre la puerta a investigar una posible financiación irregular del PSOE, aunque no lo afirma expresamente. Los indicios recogidos sugieren que parte del dinero procedente de adjudicaciones públicas podría haber terminado financiando al partido o engrosando patrimonios personales ligados a su cúpula directiva.

Algunos mensajes interceptados entre los principales implicados muestran preocupación porque ciertas operaciones «no eran buenas para la ganadería» —expresión que según los agentes aludiría internamente al PSOE— si algunas empresas quedaban «fuera del baile» (del reparto). Más allá del lenguaje críptico propio de las novelas negras, lo relevante es que estas comunicaciones refuerzan la tesis policial sobre un sistema organizado para canalizar comisiones hacia destinos opacos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado categóricamente cualquier irregularidad, subrayando que «la Guardia Civil no ha incluido ningún dato concluyente» sobre financiación ilegal en su informe. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción ya ha anunciado que investigará a fondo estos indicios y ha solicitado información bancaria tanto al PSOE como a sus fundaciones vinculadas.

Un entramado empresarial con sabor navarro

Entre las empresas investigadas destaca Levantina Ingeniería y Construcción, cuyo administrador, José Ruz, aparece vinculado no solo con contratos internacionales sino también con relaciones personales dentro del partido. Otro actor relevante es OPR, propiedad de los hermanos Fernández Menéndez —cuñados del directivo navarro Fernando Merino (Acciona Navarra), socio político y empresarial de Santos Cerdán—. Sus domicilios fueron registrados simultáneamente con los de Ábalos y otras sociedades investigadas en España.

Las pesquisas se centran ahora en reconstruir cómo se articulaban los pagos y qué porcentaje terminaba retornando al partido o sus dirigentes mediante donaciones encubiertas, transferencias opacas o simples sobres con dinero en efectivo. El periodo bajo escrutinio abarca desde 2014 hasta 2024, cubriendo tanto la etapa navarra como nacional del supuesto entramado.

El “impuesto” socialista: cuota voluntaria o comisión encubierta

Una palabra destaca especialmente en el sumario: impuesto. Según las conversaciones grabadas por la UCO, Koldo García habría hablado con cargos públicos sobre la necesidad de pagar «el impuesto», una expresión que algunos interpretan como simple cuota voluntaria interna al partido —una práctica legal y habitual— pero que otros consideran eufemismo para referirse a comisiones irregulares exigidas a cambio de contratos públicos.

Los ministros Félix Bolaños y Óscar López han salido en tromba para matizar: “No es financiación irregular; lo llamamos impuesto internamente pero es voluntario”. Pese a todo, el asunto sigue generando suspicacias incluso entre quienes conocen bien los entresijos orgánicos socialistas.

¿Y ahora qué? Nuevos pasos judiciales y políticos

• La Fiscalía Anticorrupción analizará las pruebas incautadas en registros recientes (11 domicilios y sedes sociales) y movimientos bancarios ligados a 35 entidades.
• El Supremo deberá decidir si pide suplicatorio al Congreso para investigar patrimonialmente a Santos Cerdán por su condición de aforado.
• Se esperan nuevas declaraciones voluntarias ante el juez tanto por parte de Cerdán como por otros investigados.
• El perímetro temporal abarca una década completa: desde 2014 hasta 2024.

Mientras tanto, el PSOE intenta salvar su imagen recurriendo a auditorías externas e insistiendo en su octavo puesto nacional en materia de transparencia financiera. Pero como recuerdan algunos veteranos periodistas parlamentarios, “transparencia no siempre significa limpieza”.

Curiosidades y datos llamativos

• El contrato armenio investigado equivale al presupuesto anual combinado de seis municipios medianos españoles.
• Armenia se ha convertido inesperadamente en un punto caliente para rastrear flujos financieros sospechosos provenientes de tramas políticas españolas.
• Las grabaciones policiales recogen expresiones tan peculiares como “heridos inocentes” o “gente fuera del baile” para referirse a empresas excluidas del reparto.
• Esta investigación coincide casi exactamente siete años después del estallido judicial del caso Gürtel… solo que ahora es el PSOE quien ocupa el banquillo mediático.

Entre viajes relámpago al Cáucaso, supuestos sobresueldos socialistas y mensajes cifrados dignos del mejor thriller político, queda claro que —al menos por ahora— la lucha contra la corrupción en España tiene aún muchos capítulos por escribir.