‘Chiqui’ Montero gasta 6 millones en asesores y no da sus nombres, ‘por si los publican los periódicos’

María Jesús Montero alias ‘Chiqui’, vicepresidenta de Sánchez, ministra de Hacienda y ‘verdulera mayor’ del Reino de España, encara la recta final de la legislatura con el PSOE-A sumido en un torbellino de encuestas desfavorables que pintan un panorama sombrío.

Lejos de ser el revulsivo que el partido anhelaba, su designación como vicepresidenta parece haber distanciado aún más a los socialistas del arrollador PP de Juanma Moreno, que mantiene su ventaja en Andalucía.

Entre susurros de un posible adelanto electoral y la falta de tiempo para remontar, el ambiente en el seno del partido se tiñe de incertidumbre, con la sensación de que el reloj juega en su contra, pero ese no es el tema de hoy.

Lo que nos ocupa, al socaire de una exclusiva levantada este 12 de agosto de 2025 por Antonio R. Naranjo en El Debate, es que Montero ha gastado casi seis millones en asesores elegidos a dedo y se niega a desvelar sus nombres

El Ministerio reconoce la existencia de una decena de enchufados y oculta su identidad con la sonrojante y peregrina excusa de que sus datos personales “pueden terminar siendo publicados en los medios de comunicación”.

Aseguran que es por “protección de datos”, pero el silencio pesa más que cualquier argumento.

La ministra ‘Chiqui’ Montero se aferra a la opacidad para no desvelar quiénes son sus asesores nombrados a dedo, mientras el coste ya suma casi seis millones.

El caso llega en un contexto inflamable: el Gobierno ha batido su récord de personal eventual y el enchufismo vuelve a colarse como tema central del curso político.

La combinación de gasto, nombres ocultos y coartadas administrativas dibuja un modelo de poder sostenido en la discrecionalidad.

Lo que se sabe: gasto, plazas y una negativa cerrada

• El Ministerio de Hacienda admite la existencia de “una decena” de asesores incorporados por designación directa, todos con carácter de personal eventual y funciones de confianza política.
• El departamento de María Jesús Montero rechaza publicar sus identidades con la justificación de que sus “datos personales pueden terminar siendo publicados en los medios de comunicación”, un argumento inusual en términos de transparencia y control público del gasto.
• El coste agregado de estos asesores en la etapa reciente de Montero se sitúa en torno a los seis millones de euros, incluyendo salarios y retribuciones vinculadas al cargo.

A día de hoy, 12 de agosto de 2025, la cartera de Hacienda sigue sin dar los nombres, pese a las reiteradas solicitudes de información y a que la propia Administración reconoce los puestos y su financiación con dinero público.

Un síntoma de algo mayor: 948 asesores y 75 millones al año

El episodio no se entiende sin el contexto del crecimiento histórico del personal eventual en la Administración General del Estado. Según cifras recopiladas a cierre de 2024 e inicio de 2025:

• España alcanza los 948 asesores eventuales, la cifra más alta de la serie.
• El coste salarial anual estimado para este colectivo ronda los 75 millones de euros (2024).
• Los altos cargos ascienden a 799 a cierre de 2024, también en máximos, y el gasto conjunto de altos cargos y asesores superó los 166 millones ese año.
• Presidencia y el entorno del ministro Félix Bolaños concentran 477 asesores, más de la mitad del total.

La fotografía global empuja a interpretar el caso Montero como parte de un patrón más amplio. Se ha instalado un esquema donde la discrecionalidad del nombramiento convive con una resistencia a proporcionar información básica: nombre, perfil y función. En términos de calidad institucional, la ecuación es delicada.

Enchufismo como modus operandi: la política de los silencios

El Gobierno ha defendido que el aumento responde a una estructura más compleja y a exigencias europeas y regulatorias. Pero la aritmética no acompaña: incluso con el mismo número de ministerios, el alza se mantiene y se concentra en núcleos de poder político. El caso Montero encaja en esa lógica: nombramientos a dedo, opacidad nominal y apelación genérica a la protección de datos.

• La “excepción” de la confidencialidad se está volviendo regla, pese a que el dinero es público y las funciones son claramente institucionales.
• La opacidad choca con la tendencia de los órganos garantes a exigir publicidad activa de nombres y retribuciones en niveles sensibles de asesoramiento.

Aquí la política se impone al buen gobierno: se minimiza el rastro documental para evitar el escrutinio. Y, de paso, se blinda un sistema de lealtades más que de perfiles técnicos.

La liebre la levanta un periodista

El relato salta al primer plano cuando el periodista Antonio R. Naranjo destapa el bloqueo informativo y documenta el coste. Su pieza pone orden a cifras dispersas y deja en evidencia el argumento de Hacienda: si el dato es público y el gasto está consolidado, la identidad de los cargos de confianza no debería ser tabú. En una época de auditoría social permanente, la opacidad se convierte en noticia tanto como el gasto.

Impacto político inmediato

• La oposición halla munición para reactivar la batalla por la transparencia y el control del gasto político, con el enfoque en Hacienda por su peso simbólico.
• En el oficialismo, el coste reputacional es doble: se alimenta la idea de “enchufismo estructural” y se erosiona el discurso de ética pública.
• En lo mediático, la narrativa del “manirroto Sánchez” —con 948 asesores y 75 millones anuales en sueldos— se consolida como marco interpretativo del ciclo.

El Gobierno, por su parte, tiene margen de maniobra administrativa (ampararse en informes internos de protección de datos), pero un recorrido judicial y ante órganos de transparencia más problemático. La doctrina reciente apunta a una creciente obligación de publicidad de personal eventual en áreas de alta dirección, especialmente en Presidencia y ministerios de gasto.

Por qué importa en términos de Estado

• La calidad del gasto: seis millones para asesores sin ficha pública cuestiona la eficiencia y el retorno institucional del dinero.
• La responsabilidad democrática: sin nombres ni perfiles, no hay rendición de cuentas ni evaluación de desempeño.
• La confianza: la percepción de que “todo es a dedo” mina la legitimidad de decisiones técnicas en materia de Hacienda.

No es una guerra contra los asesores —figura necesaria en cualquier Gobierno—, sino contra la opacidad. El nombramiento discrecional no exime el control democrático.

Qué cabe esperar

• Más solicitudes de acceso a la información y, previsiblemente, resoluciones que obliguen a publicar listados nominales y retribuciones por tramos o puestos.
• Reacción parlamentaria, con peticiones de comparecencia a María Jesús Montero para explicar criterios, perfiles y objetivos de los equipos.
• Ajustes comunicativos: publicación parcial o diferida de datos como salida intermedia para capear el temporal político.

Claves y cifras para entender el caso

• “Una decena” de asesores enchufados en Hacienda; coste acumulado de casi seis millones; nombres ocultos por “riesgo de exposición en medios”.
• 948 asesores eventuales en la Administración General del Estado; 75 millones anuales en sueldos; 799 altos cargos; gasto conjunto 166 millones (2024).
• 477 asesores en el área de Presidencia y Félix Bolaños, epicentro de la estructura de confianza política.

Un par de notas con humor (negro) administrativo

• Si la publicidad activa da alergia, siempre quedará la mascarilla de “protección de datos”. No cubre la cara, pero tapa el BOE.
• El ministerio que vigila el gasto se ha gastado seis millones sin querer decir en quiénes. Hacienda somos todos, pero los nombres no.

Datos y curiosidades del expediente

• La defensa oficial invierte la carga: no es la Administración quien protege el dato, sino los medios quienes supuestamente lo “exponen”.
• La cifra de 948 asesores supera en más de 300 la referencia del último Gobierno de Mariano Rajoy.
• La cobertura del caso por Antonio R. Naranjo refuerza un patrón: es el periodismo quien obliga a mover el tablero de la transparencia cuando la vía administrativa se agota.