Begoña Gómez: los cinco delitos que le imputan le pueden costar hasta 17 años de prisión

Es improbable que la sangre llegue al río, pero sobre la paisan pende, como una espada de Damócles, un rosario de acusaciones.

Porque no es uno ni dos. Ni siquiera tres o cuatro.

Son cinco los delitos que le imputa el juez Peinado y el último el más gordo.

Los pasillos de la política madrileña han perdido el sosiego veraniego desde que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sumó un nuevo delito a su ya nutrido expediente judicial.

El magistrado Juan Carlos Peinado, lejos de tomarse vacaciones, decidió a mediados de agosto ampliar la causa e imputar a Gómez por malversación de caudales públicos, un delito que, junto a otros cuatro cargos, podría acarrearle hasta 17 años de prisión.

Las causas abiertas no solo han agitado el tablero político, sino que han generado un auténtico huracán mediático, con la sombra de la judicialización acechando La Moncloa.

A día de hoy, 23 de agosto de 2025, Gómez está formalmente investigada por cinco delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. El abanico de penas es tan amplio como la lista de acusaciones: de tres años y medio a diecisiete años entre rejas, según estimaciones de expertos en derecho penal.

El último capítulo de este serial judicial se centra en la presunta utilización de recursos públicos para beneficio privado, concretamente en la contratación de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, también imputada y citada a declarar.

Las imputaciones, una a una

No es fácil perderse en este laberinto de delitos, pero merece la pena hacer un repaso para entender el alcance de la investigación:

• Malversación de caudales públicos: Pena de dos a seis años de prisión e inhabilitación especial de seis a diez años. El delito más grave imputado hasta ahora, por presuntamente desviar recursos públicos para intereses particulares ligados a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que dirigía Gómez en la Universidad Complutense.
• Tráfico de influencias: Acusación recurrente en la política patria, que castiga la utilización de una posición privilegiada para favorecer a terceros.
• Corrupción en los negocios: Un clásico de la agenda judicial, que implica acuerdos ilícitos entre particulares para obtener ventajas indebidas.
• Apropiación indebida: Relacionada con la gestión de fondos o bienes ajenos, aquí en el contexto de recursos públicos.
• Intrusismo profesional: Por ejercer funciones para las que no se está debidamente habilitado, en este caso vinculado a la actividad universitaria y de asesoría.

Peinado, protagonista inesperado

El papel del juez Juan Carlos Peinado en este proceso ha sido tan protagonista como el de la propia imputada. Sus decisiones han sido objeto de controversia incluso dentro del estamento judicial y el propio Consejo General del Poder Judicial investiga ahora su actuación por el interrogatorio al ministro Félix Bolaños en el marco de esta causa. No faltan voces críticas que le acusan de estar llevando a cabo una “investigación prospectiva”, es decir, buscar delitos sin pruebas previas claras, con el objetivo de alargar el procedimiento y aumentar la presión sobre el entorno presidencial. Entre los pasillos de la judicatura y la política, ya hay quien compara el caso con un vodevil judicial a la española.

Calendario judicial: septiembre, mes clave

El calendario ya tiene marcadas en rojo dos fechas. El 10 de septiembre, Cristina Álvarez, la asesora de Gómez en Moncloa, deberá comparecer ante el juez Peinado. Al día siguiente, el 11 de septiembre (fecha simbólica donde las haya), será el turno de Begoña Gómez. Las declaraciones se centrarán en esclarecer si se produjo una desviación de fondos públicos para fines privados y si la imputada se excedió en las funciones asociadas a su cargo académico y su influencia en la gestión de recursos.

Las comparecencias prometen convertirse en un auténtico circo mediático, con periodistas apostados a las puertas de Plaza de Castilla y toda la oposición afilando el discurso en busca de rédito político.

El contexto político: de la amnistía al “y tú más”

Este proceso judicial no se desarrolla en el vacío. La sombra de la Ley de Amnistía planea sobre toda la causa, ya que la reciente reforma legal excluye expresamente la malversación con beneficio patrimonial personal de cualquier posible perdón, como bien aprendió en su día Carles Puigdemont. Así, este delito se convierte en el principal escollo para cualquier intento de cerrar la causa con una solución política.

El Gobierno ha reaccionado con indignación, acusando al juez Peinado de “mutar” la causa para mantener viva la presión sobre el Ejecutivo. La oposición, por su parte, exige explicaciones y transparencia, aunque algunos sectores reconocen, en privado, que el caso ha adquirido un cariz casi de vodevil, con reminiscencias de los grandes escándalos de la historia reciente.

Curiosidades y datos para la hemeroteca

• El 11 de septiembre, fecha de la citación de Begoña Gómez, coincide con la Diada catalana y el aniversario del golpe de Estado en Chile. Un guiño histórico que no ha pasado desapercibido para los más suspicaces.
• Se da la paradoja de que el propio juez Peinado está siendo investigado por el CGPJ, lo que añade un toque de tragicomedia judicial al proceso.
• En los mentideros políticos, ya circulan apuestas sobre quién será el próximo en desfilar por Plaza de Castilla: ¿un alto cargo de Moncloa? ¿Un ministro? ¿O tal vez el mismísimo presidente?
• Las quinielas de la prensa internacional han situado el caso en portadas tan ilustres como la del Financial Times, bajo el titular “Sánchez siente la presión”, lo que da muestra de la repercusión del asunto más allá de nuestras fronteras.

El otoño político promete emociones fuertes y, si algo caracteriza a la política española, es la capacidad para convertir cualquier proceso judicial en un espectáculo digno de la mejor tragicomedia nacional.