El Tribunal Supremo abre la puerta a la imputación del PSOE por financiación ilegal

Estaba cantado.

Y no son sólo los fajos de billetes que entraban en bolsas de plástico en la sede-puticlub de Ferraz.

El panorama político español amanece convulso.

El Tribunal Supremo dispone de «indicios suficientes» para imputar al PSOE por financiación ilegal, una noticia que ha sacudido los cimientos de la sede de Ferraz y ha reavivado el debate sobre la transparencia en la financiación de los partidos.

La expectación es máxima: la instrucción liderada por el juez Leopoldo Puente podría derivar en la imputación del partido como persona jurídica, una circunstancia inédita en la historia reciente de la democracia española.

No se trata de un capítulo aislado, como revela ‘The Objective’.

El asunto hunde sus raíces en el conocido como ‘caso Koldo’, que ya ha salpicado de lleno a los ex secretarios de Organización José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ambos están en el epicentro de una investigación que mezcla adjudicaciones de contratos públicos, comisiones ilegales y donaciones opacas al partido.

Las claves de la investigación: constructoras, gastos y “la ganadería”

La investigación se apoya en un extenso material recabado en los registros a diversas constructoras en junio, así como en los informes patrimoniales de Ábalos y Cerdán. El Tribunal Supremo ha solicitado al PSOE la relación de cuotas de afiliación, aportaciones voluntarias, pagos y retribuciones desde 2014 hasta hoy, en un intento de rastrear el posible desvío de fondos ilícitos a través de donaciones o gastos aparentemente justificados.

Entre los datos más llamativos figuran los gastos mensuales desorbitados que Ábalos presentó en la sede de Ferraz durante sus años al frente de la Secretaría de Organización: facturas de hasta 9.000 euros al mes y comidas recurrentes en el restaurante La Tragantía, donde se reunía con empresarios de la presunta trama. Estas cifras, sumadas a la destitución del gerente Mariano Moreno y su posterior aterrizaje en ENUSA —la segunda empresa pública mejor remunerada de la SEPI—, han disparado las alarmas internas.

Por si fuera poco, la UCO ha detectado descuadres notables entre las cantidades declaradas por Ábalos a Hacienda y los movimientos bancarios: 45.000 euros en entregas voluntarias frente a apenas 8.500 euros registrados entre 2014 y 2024. El informe patrimonial pendiente sobre Cerdán será clave para determinar si el dinero de las comisiones terminaba en la caja del partido o en otros destinos menos confesables.

El lenguaje de la trama tampoco deja indiferente. Términos como “la ganadería” —usado para referirse al PSOE— o el “impuesto” que supuestamente se pedía a adjudicatarios de obras públicas, sugieren la existencia de una estructura paralela de financiación, con la complicidad de gerentes y cargos intermedios.

El papel de la UCO y el choque institucional

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha sido demoledor. Sus 490 páginas recogen audios, mensajes y testimonios que dibujan una presunta red de mordidas y favores a empresas a cambio de aportaciones económicas al partido. La declaración de empresarios como José Ruz o Víctor de Aldama ha reforzado la hipótesis de una caja B socialista, aunque la Fiscalía Anticorrupción prefiere esperar al resultado de las próximas comparecencias judiciales antes de mover ficha.

La respuesta institucional no se ha hecho esperar. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha negado tajantemente la existencia de indicios de financiación ilegal y ha defendido la limpieza de las cuentas del partido, “validadas por el Tribunal de Cuentas sin ninguna tacha”. El PSOE ha anunciado una auditoría externa para acallar las dudas, aunque la tormenta política no amaina.

Consecuencias políticas y escenarios posibles

La imputación del PSOE como persona jurídica tendría consecuencias imprevisibles. Por un lado, abriría la puerta a responsabilidades penales directas para el partido y sus dirigentes, en un momento de extrema fragilidad parlamentaria. Por otro, pondría en entredicho la legitimidad de las últimas campañas electorales y podría desembocar en exigencias de dimisión en bloque o incluso en la convocatoria anticipada de elecciones generales.

La situación interna tampoco es tranquila. La designación de Rebeca Torró para la cúpula socialista ha sido interpretada como un movimiento para blindar a la dirección ante un posible vendaval judicial, dado que su nombre aparece vinculado a adjudicaciones bajo sospecha. Ferraz se enfrenta a una crisis de confianza sin precedentes, con la militancia dividida y la oposición pidiendo explicaciones a voz en grito.

En el trasfondo, la sombra de la financiación irregular —que en otras épocas de la democracia española ha salpicado a casi todas las formaciones de ámbito estatal— vuelve a sobrevolar la política nacional. La diferencia, esta vez, es la contundencia de los indicios y el alcance potencial de la causa, que podría sentar en el banquillo a todo un partido de gobierno.