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Ni los más creativos guionistas del panorama político español habrían podido prever un tropelía así: el Gobierno Sánchez destinando 8,6 millones de euros a una ONG liderada por un antiguo recaudador de ETA, que es uno de los líderes de las manifestaciones más violentas contra Israel y de los ataques a los ciclistas de la Vuelta a España.
La política española sigue demostrando su capacidad para superarse; lo cierto es que muchas veces lo real resulta ser mucho más inquietante —y hasta surrealista— que cualquier ficción imaginable.
Esta noticia, destapada en exclusiva por Alejandro Entrambasaguas en El Debate, reaviva el debate sobre la utilización de fondos públicos y la gestión de la seguridad en eventos relevantes.
El contexto es especialmente crítico: la ONG beneficiada tiene una fuerte presencia en el País Vasco y Navarra y ha estado involucrada en movilizaciones que han desembocado en serios altercados, sobre todo durante las recientes protestas contra la política israelí.
El perfil del facinerosos, vinculado al entorno de la antigua banda terrorista, ha encendido todas las alarmas en la oposición, que denuncia una “tolerancia temeraria” por parte del Ejecutivo del marido de Begoña.
La exclusiva que sacude Moncloa
A fecha de hoy, 23 de septiembre de 2025, este asunto no solo domina tertulias y titulares, sino que también se estudia a fondo en los despachos de los principales partidos.
La revelación de El Debate indica que la ONG implicada ha recibido durante los últimos años un torrente de subvenciones millonarias provenientes de diferentes ministerios, principalmente los de Igualdad y Derechos Sociales.
Lo curioso es que el trasfondo detrás de estas ayudas parece estar más relacionado con afinidades ideológicas y el apaciguamiento hacia ciertos sectores nacionalistas que con la promoción real de la convivencia.
No es la primera vez que el Gobierno Sánchez se ve envuelto en controversias por el reparto de subvenciones a organizaciones con trayectorias dudosas. Sin embargo, establecer un vínculo directo con un exrecaudador de ETA y que esta entidad haya liderado protestas que terminaron en violencia eleva este escándalo a otro nivel.
En los pasillos del Congreso, algunos diputados opositores bromean diciendo que si esta tendencia continúa, pronto veremos a Moncloa otorgar medallas al mérito civil en asambleas okupas.
La Vuelta, la seguridad y los proetarras
Como si no fuera suficiente con la controversia sobre las subvenciones, la gestión gubernamental relacionada con la seguridad durante las últimas etapas de La Vuelta Ciclista a España en Madrid ha añadido más leña al fuego.
Dos días antes del arribo del pelotón ciclista a la capital, la Delegación del Gobierno decidió reducir drásticamente el dispositivo policial previsto para proteger a los corredores. El resultado fue una jornada marcada por la tensión, con grupos proetarras intentando boicotear la prueba al lanzar objetos y amenazar a los deportistas.
- La Delegación del Gobierno disminuyó efectivos policiales y cerró accesos críticos durante el recorrido.
- Se permitió la concentración de colectivos radicales muy cerca del pelotón, pese a las advertencias emitidas por los organizadores.
- Los ciclistas y sus equipos denunciaron falta de protección ante el acoso recibido por parte de manifestantes; algunos llegaron incluso a temer por su integridad física.
La repercusión internacional no se hizo esperar; medios deportivos globales han calificado esta etapa madrileña como “la más peligrosa en diez años”. Desde el ámbito del ciclismo profesional se exige una investigación independiente y también se reclama la dimisión inmediata de quienes están al mando.
El Gobierno, en el punto de mira
El escándalo relacionado con La Vuelta y la financiación a esta ONG ha proporcionado munición para aquellos que acusan al Ejecutivo de fomentar la violencia contra quienes no comparten su agenda o, al menos, mirar hacia otro lado cuando quienes protestan pertenecen a ciertas corrientes ideológicas. Esta permisividad hacia los proetarras —tanto en las calles como en el reparto económico— ha reabierto viejas heridas en una sociedad que aún arrastra secuelas del terrorismo y la radicalización.
Es importante recordar que las políticas dirigidas a subvencionar entidades cercanas al nacionalismo radical no son nuevas. Sin embargo, lo sucedido bajo el mandato actual ha sorprendido incluso a analistas experimentados. La oposición reclama explicaciones urgentes y advierte sobre cómo este tipo de prácticas socavan la confianza pública en las instituciones e incrementan la polarización social.
Consecuencias y escenarios abiertos
La tormenta política desatada por esta revelación promete extenderse varias semanas:
- El Partido Popular y Vox ya han exigido comparecencias ante el Congreso por parte de varios ministros.
- Se están preparando múltiples preguntas parlamentarias sobre cómo se conceden estas ayudas públicas.
- El debate sobre seguridad durante grandes eventos deportivos podría llevarnos hacia una nueva regulación para evitar que ideologías extremistas interfieran con la protección adecuada para todos los participantes.
Mientras tanto, Moncloa guarda silencio esperando tiempos mejores. Algunos han sugerido humorísticamente que quizás sería buena idea celebrar La Vuelta alrededor del Congreso para ver si así nuestros diputados logran mantenerse activos esquivando manifestantes.
- En estos últimos tres años, esta ONG investigada ha recibido más fondos que muchas federaciones deportivas nacionales.
- Durante las protestas contra Israel, varios portavoces fueron identificados como antiguos miembros de organizaciones ilegalizadas por su apoyo a ETA.
- El recorte del dispositivo policial para La Vuelta coincidió curiosamente con la aprobación reciente de nuevas subvenciones destinadas a asociaciones vinculadas al entorno proetarra.
- El hashtag #VueltaSinMiedo ha sido trending topic durante más de 48 horas, reflejando así un notable malestar ciudadano.
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