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Imagínense una maratón dialéctica de siete horas, con un breve respiro para el café (o para el almuerzo, según el guión), donde Pedro Sánchez, se sentará en el banquillo del Senado ante un PP que huele sangre.
Por primera vez en la historia democrática de España, un jefe de Gobierno en ejercicio afrontará un interrogatorio parlamentario de esta envergadura, orquestado por la mayoría absoluta popular en la Cámara Alta.
No es un juicio, pero poco le falta: es el «tercer grado» que Alberto Núñez Feijóo ha prometido, y que ya ha bautizado como el momento en que Sánchez explicará –o no– la telaraña de escándalos que rodea a su entorno. ¿Sobrevivirá el socialista a esta prueba de fuego, o será el principio del fin?
El detonante, claro, es el caso Koldo, esa trama de comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia que ha mutado en un monstruo devorador de reputaciones. Lo que empezó en febrero de 2024 con la detención de Koldo García –el hombre para todo del exministro José Luis Ábalos– ha escalado a proporciones épicas: amaños de obras públicas por valor de millones, mordidas en adjudicaciones a gigantes como Acciona, y un rosario de nombres que lee como un quién es quién del PSOE.
Ábalos, inhabilitado y citado de nuevo ante el Supremo esta semana por indicios de «ingresos irregulares y opacos», no será el único en el punto de mira. Santos Cerdán, el exnúmero tres del partido, dimitió en junio tras revelarse que gestionó hasta 620.000 euros en comisiones ilegales entre 2018 y 2021, según el demoledor informe de la UCO de la Guardia Civil.
Y no olvidemos las 295 cuentas bancarias no declaradas del PSOE en 2020, con saldos que superan los 300.000 euros, ni los pagos en sobresueldos en efectivo –bautizados en jerga mafiosa como «soles», «lechugas», «folios» o «chistorras»– que la UCO vincula directamente a Ferraz .
Feijóo no ha escatimado en metáforas: «Sánchez no está rodeado de corrupción; es imposible haber delinquido sin su conocimiento«.
El líder popular lo soltó a la cara del presidente el miércoles en el Congreso, entre risas forzadas de Sánchez y aplausos de la bancada azul. «Está tan pringado como ellos», remató Feijóo, aludiendo a Ábalos, Koldo y Cerdán, todos con causas abiertas en el Supremo. Y para rematar, el PP advierte: mentir en la comisión podría costar hasta un año de cárcel, según el Código Penal. No es broma; la Constitución obliga a comparecer (artículo 76), y el PP, con su mayoría, ha cronometrado el asalto: cada grupo parlamentario tendrá 55 minutos para machacar, sumando esas siete horas de tensión pura.
La comisión, nacida hace un año y medio para indagar las mascarillas defectuosas (solo se entregaron 5 millones de las 40,5 prometidas), ha engordado como un boloño navideño: ahora abarca denuncias de financiación ilegal, cuentas secretas investigadas por la UCO, y hasta manipulaciones en las primarias del PSOE de 2014, donde Cerdán ordenó a Koldo «introducir votos fraudulentos» a favor de Sánchez.
La citación llega en el peor momento: justo después de que Ábalos y Koldo declaren en el Supremo (esta semana), y antes del juicio en noviembre al fiscal general Álvaro García Ortiz, imputado por filtrar información sensible.
Presión máxima, con el trío infernal –Ábalos, Koldo, Cerdán– acusándose mutuamente en grabaciones que suenan a drama shakespeariano: «Me has dejado tirado«, le reprocha Koldo a Cerdán en un audio que ha puesto los pelos de punta en Ferraz.
Desde La Moncloa, el tono es de optimismo cauto. Sánchez, que ya ha comparecido seis veces en el Congreso defendiendo a sus ministros, ve en esto un bumerán para el PP: «¿Y vuestros escándalos, Alberto? ¿El de Bárcenas os suena?».
En su réplica del miércoles, remitió a Feijóo a la «página 28» del informe UCO, donde –según él– se desmonta la financiación ilegal, y le lanzó un irónico «¡Ánimo, Alberto!» que desató risas en su bancada.
Ministros como Óscar López aseguran que el presidente acudirá «con normalidad», y el PSOE desvía el foco a logros recientes: el decreto de embargo de armas a Israel, aprobado esta semana, y la ley de movilidad sostenible, que Podemos –tras un cambio de chaqueta– respaldó en el Congreso. Un respiro táctico en medio del vendaval.
Pero no nos engañemos: este tercer grado –previsto para después del 23 de octubre, con 15 días de antelación obligatoria – podría ser el golpe de gracia o el renacer de las cenizas.
Feijóo lo ha preparado como un pitbull enjaulado: preguntas sobre Begoña Gómez (investigada por tráfico de influencias), el hermano David Sánchez (implicado en ocho delitos), y hasta los 13.590 euros de desfase en pagos no declarados a Ábalos y Koldo.
Si Sánchez patina, las repercusiones serán legales y administrativas: posibles querellas del PP, y un desgaste que huela a moción de censura.
En este circo político donde los payasos son los demás, la comparecencia de Sánchez promete ser el cliffhanger de la legislatura.
¿Saldrá indemne el superviviente por antonomasia, o tropezará con su propia sombra? Solo el tiempo –y esas siete horas eternas– lo dirán.
Mientras, España contiene el aliento: porque cuando la corrupción toca al poder, nadie sale limpio. Fin del round uno; que comience el espectáculo.
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