¡Torres mintió y pringó a Sánchez!

En La Retaguardia de este miércoles 5 de noviembre, Eurico Campano analiza con Eduardo García Serrano y John de Zulueta todos los detalles del informe de la UCO sobre el ministro Angel Víctor Torres y su implicación en la trama Koldo.

Las crisis políticas en España suelen tener una curiosa habilidad para resurgir en los momentos más inoportunos. El caso de las mascarillas, con sus ramificaciones en Canarias y conexiones directas con altos funcionarios del Gobierno central, ha vuelto a estallar, colocando a Ángel Víctor Torres y Pedro Sánchez en el centro del torbellino. El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado una red de mensajes, presiones y pagos acelerados durante los momentos más críticos de la pandemia. La urgencia por obtener material sanitario dejó espacio para prácticas que resultan, al menos, cuestionables.

La UCO ha documentado cómo Torres, quien era presidente de Canarias y ahora ocupa el cargo de ministro de Política Territorial, intervino personalmente para acelerar pagos millonarios a la empresa Soluciones de Gestión, clave en esta trama. Además, se ha descubierto que parte del material adquirido no solo no cumplió con lo prometido, sino que incluyó mascarillas falsas o de calidad muy deficiente, mientras los precios se disparaban por encima del mercado.

La situación se complica aún más tras conocerse que, durante una comparecencia parlamentaria, Torres negó vínculos significativos con intermediarios cruciales como Koldo García y Víctor de Aldama. Sin embargo, los documentos y mensajes interceptados por la Guardia Civil cuentan una historia diferente: “Estoy encima de tu pago”, llegó a escribir Torres, asumiendo así el control directo sobre los abonos a la empresa investigada.

El empresario Víctor de Aldama ha confirmado ante el juez que Torres incluso le solicitó 50.000 euros a través de Koldo, aunque él sostiene que nunca accedió a realizar dicho pago. Por su parte, Torres insiste en calificar todo esto como un “ataque difamatorio” y defiende que el informe de la UCO no evidencia ninguna conducta delictiva. No obstante, el propio documento menciona un canal opaco para la toma de decisiones al margen de los procedimientos establecidos.

La trama se vuelve aún más intrigante con el descubrimiento de que los primeros borradores del informe de la UCO incluían menciones directas a Pedro Sánchez, siendo citado en varias conversaciones interceptadas relacionadas con este asunto. Aunque estas referencias no implicaban un delito atribuible al presidente según fuentes judiciales, sí aportaban contexto sobre cómo funcionaba la red durante la contratación pública en plena pandemia. Finalmente, el juez decidió eliminar casi todas esas menciones por considerarlas “irrelevantes desde el punto de vista jurídico”.

Consecuencias políticas: Moncloa bajo presión

En las últimas horas, desde la maquinaria política de Moncloa han intentado minimizar el impacto del escándalo. Sin embargo, la inquietud va en aumento entre los pasillos del poder. El Partido Popular ha exigido la dimisión inmediata de Torres, acusándole de actuar como “conseguidor para una trama corrupta”. Mientras tanto, el equipo del ministro sostiene que su actuación fue correcta según lo acreditado por el informe. Aunque los hechos hablan por sí mismos: más de 12 millones de euros en contratos dudosos y casi un millón de mascarillas defectuosas son cifras que no se pueden ignorar.

El escándalo también ha afectado a otros miembros del Gobierno. Eliminar las menciones a Sánchez sólo alimenta las sospechas sobre posibles ramificaciones más profundas del caso. Se han llevado a cabo maniobras mediáticas para desviar la atención pública en un contexto donde cada vez hay más escepticismo sobre cómo se gestionaron los contratos durante la pandemia. Y todo ello cuando la UCO ha documentado presiones y trato preferencial en la adjudicación de contratos urgentes. Además, hay mensajes y conversaciones directas entre Torres y Koldo García que incluyen instrucciones explícitas para agilizar pagos. Por si todo esto no fuera suficiente, la investigación de la Guardia Civil acredita la existencia de mascarillas defectuosas y precios inflados, ignorando advertencias internas de los técnicos sobre estos dos aspectos.