Torres mintió y sigue sin dimitir

En el 24×7 de este miércoles 5 de noviembre, Josué Cárdenas analiza con Ignacio Fanconi cómo se le están torciendo las cosas al Gobierno en los tribunales. Y es que todo apunta a que el ministro Torres se sentará en el banquillo tras el último informe de la UCO. Además, el juicio al Fiscal General del Estado por el delito de revelación de secretos no podía ir peor para los intereses del Ejecutivo.

La actualidad política en España atraviesa momentos de gran agitación a raíz de los recientes acontecimientos del conocido como caso Koldo. Este asunto ha situado a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, en el centro de la controversia. Un informe revelado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacado a la luz una serie de comunicaciones y encuentros que contradicen abiertamente las afirmaciones de Torres durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado, donde sostuvo no haber tenido ningún tipo de contacto con el empresario Víctor de Aldama ni con el círculo vinculado a la trama de mascarillas durante la crisis sanitaria.

El Partido Popular no ha tardado en solicitar su dimisión inmediata y ha anunciado que está evaluando emprender acciones legales por falso testimonio, un delito que puede acarrear penas de prisión de seis meses a un año o sanciones económicas. La presión aumenta: “Torres no puede ejercer como ministro mientras ha estado implicado en una trama corrupta”, afirmaba el comunicado emitido por la dirección nacional del PP. Cabe recordar que, en noviembre del pasado año, Torres prometió que dimitiría si se encontrara “un solo mensaje” relacionado con Aldama. Mensaje que, según los investigadores, ya existe y está documentado, junto con reuniones y llamadas telefónicas.

A pesar de la creciente presión, Torres se aferra al cargo y ha decidido adoptar una estrategia defensiva centrada en su autoexculpación y en señalar lo que considera una campaña difamatoria en su contra. El ministro sostiene que el informe de la Guardia Civil no demuestra ninguna actividad delictiva durante su etapa al frente del Gobierno canario y exige disculpas a aquellos que han sido “altavoces de infamias”.

No obstante, los datos que emergen del sumario complican su situación. La UCO ha recabado mensajes y audios que evidencian contactos directos con Koldo García y Víctor de Aldama, así como presiones para acelerar pagos a Soluciones Gestión SL, eje central de la investigación. El director del Servicio Canario de Salud, mano derecha de Torres y después jefe de Gabinete, habría solicitado una oferta millonaria a un socio de Aldama, según las conversaciones intervenidas. A esto se suma la confirmación de la presencia del ministro en una cena con Koldo, Aldama y Ábalos en Madrid, apenas días antes de los movimientos financieros bajo investigación.

El entorno del ministro defiende que no se cometió ningún delito y asegura que los contratos relacionados con las mascarillas contaron con el respaldo adecuado por parte de los órganos autonómicos y estatales. Sin embargo, el PP recalca que la influencia ejercida por Torres fue determinante en la gestión de pagos irregulares y sostiene que sus negaciones en sede parlamentaria constituyen un delito por falso testimonio.

La controversia no se limita al caso Torres. El clima político nacional está marcado por otros escándalos que afectan gravemente a la credibilidad institucional. El juicio al Fiscal General del Estado ha dejado testimonios explosivos y ha revelado, según analistas, negociaciones secretas para proteger a figuras cercanas a Pedro Sánchez. Además, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado presiones desde la Fiscalía, lo cual aviva aún más la desconfianza ciudadana hacia la imparcialidad judicial.

El PP ha aprovechado esta situación para criticar lo que consideran “uso partidista de las instituciones” y para señalar que el Gobierno Sánchez parece más preocupado por ocultar escándalos internos que por regenerar la vida pública. El secretario general popular, Miguel Tellado, ha calificado esta coyuntura como un “deterioro político y moral”, exigiendo reformas para evitar nuevos abusos del poder.

Mientras tanto, Torres insiste en su inocencia. Lejos de dar un paso atrás, anuncia querellas contra quienes le acusan. Por su parte, el PSOE cierra filas defendiendo que el informe elaborado por la UCO desmantela las acusaciones lanzadas desde la oposición. Aseguran que ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo han hallado hasta ahora pruebas concluyentes contra el ministro.