El juicio arranca catastrófico para Sánchez en el Supremo: el fiscal general García Ortiz, acorralado por sus propios compañeros

La segunda sesión del inédito juicio al fiscal general del Estado, celebrada este martes en el Supremo, ha marcado un punto de inflexión en la causa.

La declaración de la responsable de comunicación de la Fiscalía, Mar Hedo, al relatar lo ocurrido en la noche del 13 de marzo de 2024 –durante las horas críticas de la redacción de la nota de prensa destinada a contrarrestar el relato en los medios de comunicación, que para entonces ya habían difundido la propuesta de pacto de conformidad del fiscal Julián Salto al novio de Isabel Díaz Ayuso en su causa tributaria– ha permitido al Tribunal oír, por primera vez de labios de un testigo directo, cómo Álvaro García Ortiz dictó los entrecomillados a incluir en el documento.

En otras palabras, es el fiscal de Sánchez quien le suministra el contenido más sensible para integrar en el comunicado institucional, del que ella solo redactó por su cuenta algunos párrafos.

La solemnidad del Tribunal Supremo ha sido testigo de una situación insólita: por primera vez en la historia, un fiscal general del Estado se enfrenta a un juicio, acusado de filtrar un correo con información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Este proceso, que ha comenzado con un gran revuelo mediático y político, no solo pone de manifiesto la seriedad de los hechos, sino también una división interna en el Ministerio Fiscal que podría extenderse mucho más allá del veredicto final.

El ambiente en el Alto Tribunal era palpable, con una mezcla de tensión y expectación.

Siete magistrados, cuatro hombres y tres mujeres, son los encargados de decidir si Álvaro García Ortiz incurrió en un delito de revelación de secretos al hacer públicos los correos del abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso. Este abogado admitía haber cometido “ciertamente” dos delitos fiscales mientras buscaba un acuerdo que redujera su condena.

Las acusaciones particular y popular reclaman penas que oscilan entre cuatro y seis años de prisión, además de inhabilitación durante hasta doce años para el fiscal general.

En un giro inesperado, la Fiscalía —en una situación paradójica— pide su absolución y la nulidad del caso. García Ortiz, con una actitud seria y distante, ha negado rotundamente estar involucrado en la filtración, pero su defensa técnica ha sufrido un duro golpe tras las primeras declaraciones de sus subalternos.

Testimonio contundente de Lastra: “Has filtrado los correos”

El inicio del juicio ha estado marcado por las palabras de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, quien no se ha guardado nada al reprochar y aportar detalles comprometidos para el acusado. Lastra relató que desde el principio sospechó que la Fiscalía General era el origen de la filtración. “No le di ni los buenos días. Le dije: ‘Has filtrado los correos’”, comentó ante el tribunal, recordando una tensa llamada telefónica con García Ortiz el 14 de marzo de 2024. La respuesta del fiscal general fue igual de contundente: “Eso ahora no importa”.

Este intercambio, que podría parecer trivial a primera vista, ha dejado una impresión duradera en la causa. Lastra confesó que esa frase le quedó “clavada en el alma”, reflejando su desconcierto ante cómo se gestionó el envío urgente de los correos. “Me quedé pasmada”, reiteró al enterarse que la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, había enviado finalmente los mensajes a García Ortiz durante la noche y a una cuenta personal de Gmail en lugar de a la oficial.

Urgencias y decisiones cuestionables: “El fiscal general no podía esperar”

Un momento clave fue la declaración de Julián Salto, fiscal encargado del envío de los correos relacionados con el novio de Ayuso. Salto, cuya trayectoria profesional lo llevó lejos del fútbol pero no lejos del ojo público, narró que recibió instrucciones urgentes: “Me dijeron que el fiscal general no podía esperar”. Esta prisa desmedida, más propia del último minuto en un partido que del habitual ritmo pausado del procedimiento judicial, puso en evidencia la presión interna para emitir una nota que desmintiera las declaraciones públicas realizadas por Ayuso. Todo esto ocurrió a costa de exponer detalles delicados sobre la estrategia defensiva del investigado.

Lastra subrayó que nunca antes se había emitido desde la Fiscalía una comunicación tan detallada sobre un imputado. Ante la pregunta sobre por qué se utilizó una cuenta personal y no institucional para enviar los correos, Rodríguez respondió: “Si me lo pide el máximo representante del Ministerio Fiscal…”, restando importancia a lo que otros fiscales consideraron como una grave irregularidad.

Tensión interna y enfrentamientos

El caso ha sacado a relucir las tensiones latentes dentro de la Fiscalía. Lastra y Rodríguez, antes colaboradoras cercanas, ahora muestran distanciamiento y ofrecen versiones contradictorias sobre cómo se manejó la documentación. Lastra afirma haber advertido a Rodríguez: “¿Para qué le pasas los correos? Los van a filtrar”. Rodríguez niega haber oído esas palabras; sin embargo, lo cierto es que la filtración se produjo apenas minutos después de que García Ortiz recibiera los correos.

Por si fuera poco, la defensa del fiscal general —representada por la Abogacía del Estado— intentó sin éxito anular el caso alegando prejuicios sobre culpabilidad e irregularidades en el proceso judicial. A pesar de ello, las declaraciones firmes y coherentes tanto de Lastra como Salto han dejado tocada a su estrategia defensiva; García Ortiz no comparecerá hasta el 12 de noviembre.

Este juicio trasciende lo puramente judicial.

Con más de doscientos periodistas acreditados cubriendo cada detalle y un desfile inusitado de testigos —que incluyen políticos, fiscales e incluso agentes civiles que han registrado por primera vez el despacho del fiscal general— este proceso se convierte en un auténtico «caso estatal». La relación entre Fiscalía y Gobierno está bajo examen; así como las tensiones con la Comunidad Autónoma madrileña y cómo todo esto afecta a la confianza ciudadana en las instituciones.

El Supremo deberá decidir pronto si esta filtración fue un acto deliberado para contrarrestar las afirmaciones hechas por Ayuso o si fue simplemente una acción legítima para rectificar información incorrecta según sostiene su defensa. Sin embargo, ya es evidente que hay profundas fracturas internas; el descrédito institucional acecha al Ministerio Público.