Más de 1,5 millones de euros defraudados por presuntos Menas en Tarragona

En la ciudad de Tarragona, la realidad ha superado a la ficción. Treinta padres extranjeros han sido arrestados tras una investigación policial que se ha prolongado casi dos años. Se les acusa de haber diseñado una trama tan ingeniosa como lucrativa: más de 1,5 millones de euros estafados al Estado. ¿Cuál fue el truco? Hacer pasar a sus propios hijos por MENAS, activando así el sistema de protección social y logrando que la Administración cubriera los gastos de manutención, educación y salud de los pequeños.

La operación, conocida como AME, ha revelado el modus operandi de esta red delictiva: los menores llegaban a España con visados turísticos, eran abandonados deliberadamente cerca de comisarías o centros de acogida y, siguiendo las instrucciones de sus padres, se declaraban en situación de desamparo. De este modo, el sistema público asumía la tutela y los gastos correspondientes, mientras que los progenitores, en muchos casos con un nivel adquisitivo medio-alto, regresaban a sus países manteniendo únicamente contacto telefónico o realizando visitas programadas.

La investigación ha permitido identificar dos tipos de familias involucradas en esta estafa:

• Padres con un nivel adquisitivo medio-alto, que contaban con múltiples visados Schengen. Estos abandonaban a los menores y regresaban a su país, manteniendo un vínculo ocasional.
• Familias con menos recursos que, después de instruir a sus hijos sobre cómo actuar, permanecían en España y mantenían un contacto telefónico frecuente.

Ambos grupos compartían un objetivo común: facilitar una futura reunificación familiar y obtener permisos de residencia para los menores, aprovechándose así de las lagunas y la saturación del sistema de protección social.

La Policía Nacional, junto con la Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia de la Generalidad de Cataluña, ha detectado 124 expedientes sospechosos en centros de acogida en Tarragona. De estos casos, 109 han sido analizados y se han tramitado 28 atestados; además, 22 menores ya han sido devueltos a sus padres tras finalizar la tutela pública.

Reacciones políticas y exigencias de control

La respuesta institucional no ha tardado en llegar. El portavoz del Partido Popular en el Parlamento regional catalán, Juan Fernández, ha solicitado una macroauditoría del sistema destinado a menores no acompañados en Cataluña. Además, reclama la comparecencia urgente de la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo. Los populares también exigen la creación de una unidad especializada en análisis del fraude relacionado con la tutela de menores, que reúna a la Policía Nacional, la Fiscalía de Menores y los Ministerios del Interior y Derechos Sociales. Asimismo, proponen establecer un protocolo automático entre provincias para detectar patrones anómalos cuando surjan.

Según el PP, este escándalo refleja una mala gestión en materia migratoria por parte del antiguo organismo encargado de Atención a la Infancia y Adolescencia en Cataluña. Y es comprensible: el coste diario para mantener a estos supuestos menores puede oscilar entre 31 y 140 euros, según datos policiales. Un gasto que se multiplica por los meses que estos niños permanecen bajo tutela estatal y que ha generado un agujero millonario en las arcas públicas.

Este escándalo pone al descubierto las vulnerabilidades existentes en los sistemas sociales y migratorios. El fraude no solo tiene repercusiones económicas significativas; también plantea interrogantes serios sobre los mecanismos existentes para el control administrativo, la coordinación entre diferentes administraciones y la capacidad para detectar irregularidades en la gestión asociada a menores migrantes.

• Se está llevando a cabo una cuantificación detallada de los gastos asumidos por la administración para incluirlos en los atestados policiales.
• Las investigaciones continúan abiertas; no se descarta que el número total de expedientes irregulares aumente en los próximos meses.

Aunque las autoridades no han hecho públicas las nacionalidades involucradas en este caso, la complejidad del fraude junto con la diversidad de perfiles familiares sugiere que esto podría ser solo la punta del iceberg. La colaboración entre cuerpos policiales y servicios sociales será esencial para prevenir futuras tramas similares y asegurar una protección efectiva para aquellos menores que realmente se encuentren desamparados.