El abogado chupatintas del Tribunal Europeo abre un galimatías jurídico complejo e incierto sobre Puigdemont: ¿Más cerca de España?

El escenario político y judicial en España tiene una peculiaridad: cada movimiento se convierte en un laberinto digno de Kafka.

La difusión de las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, respecto a la polémica Ley de Amnistía, inaugura un nuevo capítulo repleto de dudas para Carles Puigdemont y el Tribunal Supremo.

Este dictamen, lejos de proporcionar certezas, abre un abanico de interpretaciones que transforma la aplicación de la amnistía en un rompecabezas donde cada pieza parece encajar… y a la vez desentonar.

Por un lado, Spielmann respalda gran parte de la norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, descartando que la amnistía sea una “autoamnistía” o que infrinja la normativa antiterrorista europea.

Además, sostiene que los costes derivados del procés no han afectado los intereses financieros de la Unión Europea. Sin embargo, advierte que ciertos aspectos procesales, como el plazo de dos meses para resolver sobre la aplicación de la ley, podrían poner en riesgo el derecho a una tutela judicial efectiva.

Esto pone en entredicho uno de los argumentos más destacados desde Moncloa sobre la rapidez y seguridad jurídica del proceso.

El Supremo, en el epicentro de la incertidumbre

La atención se centra ahora en el Tribunal Supremo, que tiene la autoridad para interpretar y aplicar la ley en relación con Puigdemont y otros líderes del procés. Hasta este momento, el Supremo ha mostrado reticencias a aplicar la amnistía, especialmente en lo que respecta al delito de malversación. Argumentan que hubo un beneficio particular durante el referéndum del 1-O y que, por ende, dicha conducta no sería amnistiable según la nueva legislación.

El dictamen europeo carece de carácter vinculante, aunque suele anticipar las tendencias del TJUE. No obstante, aún queda margen para maniobrar: el Supremo puede formular nuevas preguntas al TJUE, ampliando el debate sobre los aspectos todavía oscuros de la ley.

Esto incluye definir con precisión qué constituye malversación o establecer criterios claros para distinguir entre delitos amnistiables y aquellos que no lo son. De esta forma, el Alto Tribunal español no se encuentra atado por las conclusiones del abogado general, lo cual mantiene viva una atmósfera de incertidumbre y suspense jurídico.

Consecuencias políticas: entre la euforia y el escepticismo

En el ámbito político, las reacciones han sido tan variadas como predecibles. El Gobierno y sus aliados han celebrado este dictamen como una “victoria rotunda” que facilita el regreso de Puigdemont y contribuye a sanar las heridas del procés. Desde Moncloa, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no tardó en afirmar que la ley es “compatible con el derecho europeo”, reforzando así el relato gubernamental enfocado en la reconciliación y normalización institucional.

Sin embargo, esa euforia no es compartida por todos los sectores. Algunos miembros del ámbito judicial y opositores sostienen que este dictamen deja demasiadas puertas abiertas a distintas interpretaciones y litigios. De hecho, existe la posibilidad de que el Supremo aproveche las ambigüedades señaladas por Spielmann para mantener su postura restrictiva hasta que se emita una sentencia definitiva por parte del TJUE.

El Supremo y la “última baza”: la partida sigue abierta

Resulta curioso cómo, a pesar de las presiones tanto mediáticas como políticas, el Supremo conserva una “última baza” en esta compleja jugada: enviar nuevas cuestiones prejudiciales a Luxemburgo. Hasta ahora, las consultas dirigidas al TJUE provenían mayoritariamente del Tribunal de Cuentas, Audiencia Nacional y otros órganos judiciales involucrados en el procés. Sin embargo, es posible que la Sala Segunda del Penal amplíe este debate sobre cómo se aplica el borrado penal del procés al delito de malversación; incluso si finalmente se adopta la tesis defendida por Spielmann.

Esto implica que el futuro judicial de Puigdemont está supeditado a una serie de decisiones aún pendientes. Cada eslabón puede reabrir tanto debates jurídicos como políticos. Este dictamen europeo no cierra completamente las puertas al expresidente catalán; sin embargo, tampoco las abre sin condiciones. La “última baza” del Supremo se convierte así en un as bajo la manga para aquellos que son escépticos ante un posible regreso sin rendición cuentas ante la justicia española.

Un galimatías con efectos colaterales y muchas incógnitas

La situación también trae consigo efectos colaterales significativos:

• El retorno de Puigdemont sigue dependiendo del veredicto final del Supremo y eventualmente del TJUE.
• Este dictamen europeo complica cualquier nueva solicitud de extradición; una amnistía respaldada por Europa haría más difícil que otros países acepten entregas por sucesos ya amnistiados.
• La aplicación de esta amnistía a otros líderes independentistas como Oriol Junqueras permanece igualmente incierta mientras se espera una resolución del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados.

Las conclusiones de Spielmann sugieren que si la secesión catalana hubiera causado perjuicios al presupuesto comunitario europeo, entonces también debería considerarse ilegal el Brexit por afectar igualmente a las finanzas europeas; una comparación que ha generado más de una ceja levantada en Bruselas.

La Comisión Europea ha optado por mantener un perfil bajo respecto a estas conclusiones; prudente como un gato sobre tejado resbaladizo, espera a que el TJUE tome su decisión final.

El término “autoamnistía” ha quedado relegado momentáneamente del léxico judicial europeo; sin embargo, sigue siendo utilizado como munición política tanto en el Congreso como en los platós televisivos.

En resumen, tanto el regreso de Puigdemont como la implementación efectiva de esta amnistía continúan siendo uno de los grandes thrillers jurídico-políticos actuales: un culebrón donde cada capítulo supera al anterior en giros inesperados y tensión narrativa. Como siempre sucede en estos casos complejos, será finalmente la justicia —o tal vez algún giro político— quien tenga última palabra… aunque eso dependerá también desde qué ángulo se mire.