¡Sánchez rabioso sugiere Tribunales Populares frente al Supremo!

En La Retaguardia de este viernes 21 de noviembre, Eurico Campano analiza con Juanma Cepeda y Eduardo García Serrano el bofetón que ha recibido el Gobierno con la sentencia condenatoria al Fiscal General del Estado por un delito de revelación de secretos cuando todos los miembros del Ejecutivo, comenzando por el propio Pedro Sánchez no se cansaban de cacarear que era inocente.

Y es que pese al relato de toda la izquierda, el Tribunal Supremo ha dictado una condena sin precedentes. El fallo, respaldado por una mayoría clara de magistrados (cinco frente a dos), deja a la Fiscalía General en una situación de crisis reputacional sin parangón y obliga al Gobierno a buscar urgentemente un reemplazo para el puesto, mientras el condenado parece que va a intentar que en ‘Casa Cándido’ le arreglen el problema.

Pero lo insólito no termina aquí. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lejos de aceptar este revés con resignación, ha aprovechado esta coyuntura para enviar un mensaje claro: “Vamos a defender la soberanía popular frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla”. Para la oposición, estas palabras representan un desafío directo al poder judicial, una “insinuación infame” que, según Cayetana Álvarez de Toledo, oculta una peligrosa disyuntiva populista: Democracia versus Ley.

La mención de Sánchez sobre la “soberanía popular” llega en un momento especialmente delicado. No es casual que en paralelo se esté discutiendo el papel de los tribunales populares en algunos de los procesos más mediáticos del momento, como el relacionado con Begoña Gómez, esposa del presidente, quien está siendo investigada por presunta malversación. En caso de juicio, el juez ha determinado que su culpabilidad será decidida por un jurado popular, compuesto por nueve ciudadanos elegidos al azar entre los residentes en Madrid. Desde el Gobierno se ha defendido repetidamente que estos procesos reflejan la voluntad del pueblo y evitan que la “politización” de la judicatura influya en decisiones cruciales.

La paradoja es evidente: mientras Moncloa denuncia una “persecución judicial” contra el entorno de Sánchez y su familia, la elección de tribunales populares —formalmente independientes del sistema judicial— aparece como una solución ante la creciente desconfianza hacia los jueces profesionales, a quienes el propio presidente ha acusado abiertamente de “hacer política”.

El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial alcanza así niveles sin precedentes. El Gobierno afirma que “respeta pero no comparte” el fallo del Supremo y sostiene que la condena a García Ortiz es una maniobra política; además, ha vuelto a sacarse de la chistera la estupidez de que la verdadera legitimidad reside en las urnas y en la voluntad popular para intentar desacreditar el Poder Judicial por el mero hecho de que no es un poder del Estado elegido por votación popular. Ademas, en el colmo del cinismo, el PSOE recurre a esta imbecilidad cuando los socialistas tampoco cuentan con el apoyo mayoritario de los españoles ya que perdieron las pasadas elecciones generales pero han seguido en el poder aprovechando que es el Congreso el que nombra al presidente del Gobierno y no los españoles en votación directa.

Por otro lado, la oposición exige la dimisión inmediata de Sánchez y denuncia el uso partidista de las instituciones, especialmente de la Fiscalía, que según los populares se ha convertido en un “escudo político” para proteger al presidente y su círculo cercano.

No han faltado comparaciones históricas ni ironías: algunos analistas recuerdan que ni durante los años más convulsos de nuestra democracia se había producido un enfrentamiento tan intenso entre Moncloa y el Supremo. Lejos de retroceder, parece que el Gobierno está decidido a aprovechar esta caída del fiscal como munición electoral para movilizar a sus bases más leales.

En medio del ruido generado por este escándalo, se reabre el debate sobre cómo se relacionan justicia y democracia. ¿Deben los tribunales populares ser una alternativa ante la desconfianza hacia los jueces? ¿Es legítimo que un presidente cuestione abiertamente las sentencias? Sánchez ha afirmado que “es el tiempo de la Justicia”, pero sus palabras y acciones transmiten más bien una sensación de estar inmerso en una lucha por el control institucional.

A su vez, los jurados populares siguen ganando protagonismo en procesos políticos altamente sensibles. Su composición aleatoria pretende garantizar imparcialidad; sin embargo, las propias regulaciones permiten recusaciones e influyen en cómo los grandes partidos moldean la narrativa pública. Para emitir un veredicto condenatorio se requiere una mayoría cualificada (siete de nueve miembros), lo que añade complejidad a las decisiones en casos tan mediáticos.