En el PSOE hablan asustados de ‘fin de ciclo’, mientras Sánchez, el jefe de la trama, se atrinchera en La Moncloa

Huele a chamusquina.

Con la sombra de la cárcel planeando sobre muchos de ellos.

La frase ya resuena por los pasillos, chats internos y cafés discretos: “fin de ciclo”.

Las detenciones y revelaciones de los últimos días demuestran que la corrupción del PSOE y el Gobierno Sánchez se extiende mucho más allá de las figuras de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Los ministerios implicados en la trama son al menos seis y, lo que es más importante, queda confirmado que la corrupción no fue una consecuencia de la degeneración típica del paso de los años, sino una realidad desde el minuto uno.

Lo que empezó como anécdotas –la chavista Delcy en la pista de Barajas, mascarillas infladas– mutó en un entramado sistémico que salpica a la mitad de los ministerios y al núcleo del PSOE.

Sánchez, que cesó a Ábalos por chorradas pero ignoró sus tramas, chapotea en la putrefacción: Ribera firma licencias fatales, Montero avala rescates fantasmas, Calviño y Maroto asienten en la sombra.

Cerdán, el «fontanero mayor», y Fernández, el interventor convertido en muleta de mordidas, cierran el círculo.

No es corrupción aislada; es un modelo: el poder como cortijo, donde el erario financia caprichos venezolanos y chalets gaditanos.

Aunque no aparece en ningún documento oficial del PSOE, describe con precisión el ambiente que se ha apoderado del partido tras una semana en la que la Guardia Civil y la Policía han acaparado más atención política que el propio Gobierno de Pedro Sánchez.

Mientras en La Moncloa se cuida la imagen institucional, dentro del partido crece el miedo a un calvario largo y dramático, repleto de autos, registros y filtraciones, que podría convertir el próximo ciclo electoral en una agonía política “a pellizcos”, como reconocen ya en privado algunos dirigentes socialistas.

El impacto no proviene solo de la acumulación de casos, sino también de la percepción de que todos ellos comienzan a trazar un mismo mapa de corrupción que abarca empresas públicas, rescates millonarios, redes de intermediación y viejas figuras del socialismo institucional.

El relato de “casos aislados” se quiebra cuando los investigadores apuntan constantemente hacia los mismos núcleos de poder: hacia la SEPI, hacia tramas relacionadas con adjudicaciones y hacia miembros destacados del partido.

La “fontanera” del PSOE y el núcleo de la SEPI

El epicentro de esta tormenta política lo constituye el caso protagonizado por Leire Díez, apodada en los sumarios como la “fontanera del PSOE”, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero. Ambos han sido detenidos por la UCO de la Guardia Civil en una operación relacionada con una supuesta red dedicada al amaño de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales, con ramificaciones en empresas dependientes de la SEPI como Correos o Enusa.

De acuerdo con los documentos policiales, el esquema era evidente:

• Proporcionar información anticipada sobre concursos públicos a empresarios interesados.
• Facilitar contactos con responsables clave en organismos públicos.
• Una vez adjudicados los contratos, gestionar el pago de comisiones ilegales a través de sociedades controladas por el grupo.

La investigación atribuye a Leire Díez un papel crucial en la gestión de esos contactos, mientras que Fernández Guerrero habría estado involucrado en las fases de cobro y canalización de fondos. Todo esto se investiga por presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, bajo la supervisión de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

El caso se complica aún más porque Díez no es ajena a los tribunales: ya estaba imputada en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid por cohecho y tráfico de influencias, debido a maniobras con empresarios destinadas a obtener información comprometedora sobre fiscales y altos mandos de la Guardia Civil relacionados con causas que afectaban al Gobierno, incluso intentando sobornar a los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda. En una grabación, se presenta como “mano derecha” del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El patrimonio disparado del exjefe de la SEPI

El tema patrimonial relacionado con Vicente Fernández ha encendido todas las alarmas políticas. La UCO ha documentado que su patrimonio inmobiliario se disparó tras su paso por la SEPI, alcanzando cerca de cinco millones de euros en viviendas y bienes inmuebles repartidos entre Madrid, Marbella y Sevilla, con compras concentradas en pocos años por sumas que superan los cuatro millones.

Entre sus propiedades destaca:

• Un chalé pareado en Sevilla, valorado en unos 390.000 euros adquirido en 2024.
• Varias viviendas y plazas de garaje compradas en un breve intervalo, lo que ha llevado a los agentes a solicitar información bancaria y fiscal adicional.

La Guardia Civil también está examinando el uso de un bar en Sevilla vinculado a Fernández que podría haber servido para canalizar parte del dinero proveniente de comisiones; esto es porque presenta ingresos desproporcionados respecto a su actividad real justo cuando coinciden temporalmente con adjudicaciones sospechosas. Este cuadro resulta letal para cualquier discurso sobre ejemplaridad: un alto cargo gestionando un holding público clave multiplicando su patrimonio mientras maneja miles millones pertenecientes al Estado.

En el PSOE andaluz y entre quienes rodean a María Jesús Montero, con quien tiene conexiones políticas, este caso ha caído como una bomba. Desde las filas opositoras, el PP ya ha solicitado la dimisión inmediata tanto dela vicepresidenta primera como ministra Hacienda, apuntando directamente hacia su responsabilidad por haber promovido e incorporado perfiles como Fernández y Díez dentro del entramado empresarial vinculado a SEPI.

Forestalia, el socio cercano a Cerdán y las presiones territoriales

La causa no se limita al núcleo duro alrededor de la SEPI. La detención reciente del administrador de Servinabar, Antxon Alonso, quien es socio cercano a Santos Cerdán, abre nuevas vías relacionadas con energía y territorio dentro del caso. Las investigaciones indican que Alonso y Fernández actuaban como intermediarios presionando gobiernos autonómicos y municipales del PSOE, PNV, Bildu y Geroa Bai para favorecer a clientes como Forestalia, vinculando así contratos obtenidos mediante una red bien estructurada.

Además aparece una pista sobre sociedades conectadas al entorno familiar dela secretaria de Estado, Susana Sumelzo. Varios negocios familiares compartieron domicilio social con compañías utilizadas por esta trama tanto en Pamplona como Zaragoza; algunas operaron desde los mismos inmuebles donde estuvo Servinabar o donde funcionó Solucionesde Gestión, empresa investigada por irregularidades relacionadas con mascarillas durante la pandemia. Los investigadores interpretan estas coincidencias como indicios claros sobre un entorno donde intereses privados colisionan directamente con decisiones administrativas aún sin delimitar completamente.

Desde una perspectiva política, el dilema para el PSOE es doble:

• La investigación no solo afecta a “manzanas podridas”, sino también pone bajo escrutinio a círculos cercanos vinculados directamente con figuras orgánicas relevantes.
• Las ramificaciones alcanzan gobiernos autonómicos y locales pertenecientes incluso a otros partidos políticos; esto erosiona seriamente cualquier intento por sostener que se trata únicamentede una ofensiva “partidista” contra el Ejecutivo central.

Plus Ultra: otro rescate cuestionado

Simultáneamente,a través dela UDEF dela Policía Nacional se ha procedido ala detención tanto del dueño dela aerolínea Plus Ultra , Julio Martínez Sola ,como también al CEO Roberto Roselli ; todo ello tras registrar las instalaciones para clonar servidores buscando pruebas relacionadas con presunto blanqueo capitales . Esta investigación ,dirigida desdeel Juzgado Instrucción nº15 Madrid juntoala Fiscalía Anticorrupción ,se centraen cómo se utilizaronlos 53 millones otorgadosporla SEPI durante 2021 .

A pesar deque este procedimiento judicial está formalmente desvinculado delas pesquisas sobre Leire Díez–SEPI ,los efectos políticos son acumulativos: otro rescate bajo sospecha ,otra empresa relacionada directamentecon decisiones adoptadaspor Consejo Ministrosy nuevamentela SEPIcomo punto común . El juzgado había indagado previamente sobre legalidad ese rescate ,causa archivada 2023 debido plazos ,pero ahora reabre vía penal aclarar si parte fondos públicos fueron destinados cubrirdeudas privadas asociadassociedad suiza ajenas pandemia .

La operación incluyó:

• Entrada policial sede Plus Ultra para clonar dispositivos electrónicosy servidores.
• Solicitudes internacionales informaciones bancarias reconstruir flujo dinero proveniente rescate.

Además,testimonio empresario Víctor Aldama reveló supuesta intervención expresidente José Luis Rodríguez Zapatero facilitador acceso aerolínea fondo estatal manteniendo contactos directivos plena negociación rescate . Aunque esto aún requiere acreditarse judicialmente añade nueva capa política alta tensión: ahora no solo resulta decisión técnica sino posiblemente producto intermediaciones políticas máximonivel .