‘Chiqui’ Montero, vicepresidenta de Sánchez, refrendó personalmente el rescate de Air Europa y Plus Ultra a través de la SEPI

Hasta las trancas.

Todos.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alias ‘Chiqui’, firmó personalmente el respaldo a los rescates millonarios de Air Europa y Plus Ultra, gestionados por la SEPI.

Estos fondos públicos, aprobados durante el auge de la pandemia, han emergido -de nuevo- en investigaciones judiciales debido a posibles irregularidades, falta de transparencia y conexiones controvertidas.

Recientemente, el caso ha cobrado nueva vida con revelaciones impactantes.

Un documento firmado por Montero el 15 de abril de 2024 respalda las alegaciones presentadas por la SEPI ante el Tribunal de Cuentas, dirigido por Enriqueta Chicano, que autorizó estas operaciones.

En él, la ministra hace referencia a lo defendido por la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, respecto a los rescates del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).

El Gobierno del marido de Begoña inyectó 475 millones de euros en Air Europa y otros 53 millones en Plus Ultra (19 millones como préstamo ordinario y 34 millones participativo).

Los rescates bajo lupa

Estos apoyos no fueron automáticos. En 2021, Plus Ultra, que operaba solo un avión y tenía rutas esenciales hacia Venezuela, representaba apenas el 0,03% del tráfico aéreo en Aena en 2019 (823 operaciones). Aun así, el Gobierno la consideró «estratégica». El Juzgado de Instrucción 15 de Madrid suspendió temporalmente los 34 millones adicionales en 2021, demandando pruebas sobre su viabilidad.

La juez Esperanza Collazos levantó dicha suspensión en julio al argumentar riesgo de insolvencia y perjuicio para los pasajeros, pero las dudas continuaron: ¿era realmente viable antes de la pandemia? ¿Qué justificación había para priorizarla frente al sector turístico en crisis?

En cuanto a Air Europa, recibió los primeros 475 millones del fondo. Este asunto involucró a figuras como Begoña Gómez y José Luis Ábalos. La investigación fiscaliza un pago sospechoso de 2,4 millones a una amiga cercana de Gómez, supuestamente por «acelerar» el rescate.

Respecto a Plus Ultra, su sede fue objeto reciente de un registro por parte de la UDEF relacionado con blanqueo. Directivos como Julio Martínez Sola han sido detenidos. Los vínculos con Venezuela y figuras como Delcy Rodríguez alimentan las suspicacias.

Otras empresas también han sido rescatadas, como es el caso de Duro Felguera, que también tiene conexiones venezolanas. Todas ellas están bajo la supervisión directa de la SEPI.

En una entrevista con el programa Horizonte (Cuatro), el implicado Víctor de Aldama narró cómo hubo presiones desde el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero hacia Ábalos respecto a Plus Ultra. Según sus palabras, Zapatero le dijo: «No te lo pido yo, te lo pide el presidente». Pedro Sánchez ordenó «rescatar sí o sí», aun cuando existían informes negativos elaborados por técnicos del propio Gobierno. Ábalos recurrió entonces a Montero, quien se comprometió: «Yo me encargo de la SEPI».

Opacidad con Europa y Tribunal de Cuentas

La gestión llevada a cabo por la SEPI ha estado marcada por la opacidad; ocultaron informes anuales requeridos legalmente ante la Comisión Europea durante dos años sobre estos rescates. La propia SEPI lo admite en alegaciones presentadas en 2024, respaldadas por Montero. A pesar del escándalo, el Tribunal de Cuentas concluyó que el procedimiento seguido fue «adecuado».

El eurodiputado Luis Garicano (Ciudadanos) ha impulsado una investigación europea al calificarlo como «injustificado» y señalando «indicios graves» sobre viabilidad y vínculos venezolanos. Las querellas presentadas por PP, VOX y Manos Limpias fueron archivadas no por falta sustancial sino simplemente porque excedían los plazos legales.

Por su parte, Plus Ultra defiende que los fondos fueron destinados a cubrir deuda, operaciones y ERTEs. Afirma haber recuperado al 100% sus puestos laborales; actualmente vuela hacia destinos como Lima, Caracas o Bogotá con seis aviones A330. Sin embargo, continúa operando con pérdidas económicas.

La sombra de Vicente Fernández y el piso franco

En este entramado aparece también Vicente Cecilio Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, cuyo nombramiento fue obra de Montero.

Imputado en 2019 por prevaricación relacionada con una mina en Aznalcóllar, dimitió pero mantuvo una ‘presencia oculta’ desde noviembre del mismo año hasta marzo del 2021, ya que le ‘guardaron el puesto’ mientras el proceso judicial se desarrollaba. Utilizaba un piso ubicado en Diego de León 36 (Madrid, Barrio de Salamanca), valorado en alrededor de 1,4 millones: coche oficial, secretaria y reuniones con directivos se daban cita allí.

Desde ese lugar avaló rescates tanto para Plus Ultra como para Air Europa y Duro Felguera—»decisiones políticas» que aceptó sin cuestionar.

Mantuvo registros discretos mediante visitas desde un garaje.

Actualmente está detenido por mala gestión.

Montero se refiere a él como «este señor», minimizando sus conexiones. En 2021, tras presiones desde Moncloa por cubrir una vacante que llevaba dos años sin ocupar, fue relevado por su amiga Belén Gualda.

Ramificaciones en el PSOE y Gobierno

Las historias que emergen pintan un patrón preocupante dentro del entorno político actual. Nombres como Koldo García o Santos Cerdán se ven salpicados por tramas relacionadas con comisiones obtenidas mediante contratos públicos que involucran al entorno más cercano a Sánchez. Desde su posición al frente del Ministerio desde 2018, Montero ha supervisado las actividades realizadas por la SEPI. Las críticas apuntan hacia favoritismos evidentes: empresas no consideradas estratégicas desde antes del COVID-19 han recibido atención prioritaria.

Otro ex-miembro relevante fue Fernández quien tutelaba desde fuera. La SEPI defendió su actuación basándose en informes elaborados tanto por Deloitte como por Abogacía del Estado; no obstante, persiste una sensación generalizada sobre falta transparencia.

Este escándalo revive ahora con nuevas detenciones e investigaciones abiertas. Surge entonces una pregunta inquietante: ¿habrá más imputaciones dentro del Gobierno? Las pesquisas judiciales están marcando el paso mientras la SEPI sigue bajo un intenso escrutinio público.

En este panorama tan complejo e inquietante, es preciso exigir claridad respecto al uso del dinero público; las sombras relacionadas con Venezuela no parecen disolverse fácilmente.