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Alberto Núñez Feijóo ha decidido aprovechar políticamente la reciente desclasificación de documentos sobre el 23-F para reavivar una solicitud que ya había planteado anteriormente: que Juan Carlos I regrese a España. El presidente del PP ha utilizado la publicación de 153 documentos procedentes de los ministerios de Defensa, Interior y Exteriores para insistir en que la ciudadanía necesita «reconciliarse» con quien detuvo el golpe de Estado. En un mensaje difundido a través de redes sociales, Feijóo ha enfatizado que «sería deseable» el regreso del Rey Emérito, y aunque ha reconocido «errores innegables» en su trayectoria, sostiene que quien jugó un papel crucial en la defensa de la democracia «debería pasar sus últimos años con dignidad y en su país».
La maniobra del líder conservador no es casual. Fuentes del PP indican que Feijóo comunicó previamente a la Casa Real su intención de hacer estas declaraciones, y ha decidido reiterar su postura tras observar el consenso generado en los medios respecto a la lectura de los documentos desclasificados. Los papeles confirman lo que ya era conocido, pero aún había quienes lo cuestionaban: la firmeza con la que el Rey se opuso a Tejero con su famosa orden «Ni abdicaré ni abandonaré España», cómo salvaguardó la legalidad al ordenar a sus generales que acataran la Constitución desde el primer momento, y el contundente mensaje enviado a Milans del Bosch: «Cualquier golpe de Estado es contra el Rey». Además, destacan cómo Don Juan Carlos prohibió al general Armada entrar en Zarzuela y exigió lealtad a los golpistas con una orden clara: «Por España primero, y por la Corona después, te ordeno que retires las unidades», o cómo desautorizó a Tejero en plena noche con un categórico: «Se está utilizando mi nombre sin mi consentimiento».
En el patio del Congreso, Feijóo reafirmó su convicción de que «la mayoría de los españoles» piensa que «si el Rey lo considera oportuno debería volver a su país y estar aquí tranquilamente como un ciudadano». El líder del PP subrayó que, pese a los errores cometidos, su legado es «extraordinariamente positivo» e instó al Gobierno a «aclarar» su postura sobre este asunto. Su estrategia parece haber dado frutos: varios presidentes autonómicos del PP, entre ellos Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso y Alfonso Rueda, han respaldado esta petición.
La Casa Real cierra filas: la decisión es solo de Juan Carlos
Desde Zarzuela han sido rotundos. La Casa del Rey ha dejado claro este jueves que el regreso de Juan Carlos I es una decisión exclusivamente personal del emérito. Felipe VI ha reaccionado así tras las declaraciones de Feijóo pidiendo el regreso del antiguo monarca, enfatizando que nada impide su retorno. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también ha afirmado que esta decisión corresponde solo a Juan Carlos I y a la Casa Real, subrayando que no le compete ni al Gobierno ni mucho menos al líder de la oposición decidir sobre este tema.
El Ejecutivo tampoco se opone al regreso del Rey Juan Carlos a España, país al que ha visitado ocasionalmente en los últimos años. Sin embargo, consideran que no existe relación entre la desclasificación de los documentos sobre el 23-F y el posible retorno del emérito. Además, argumentan que aunque él pudo actuar correctamente durante el golpe de Estado en 1981, eso no borra las controversias surgidas por su fortuna oculta en Suiza. El Gobierno ha señalado nuevamente que cualquier decisión sobre su vuelta depende únicamente de Juan Carlos I y la Casa Real.
Las voces críticas y el debate político
No todos ven con buenos ojos la iniciativa propuesta por Feijóo. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha bromeado señalando que por una vez le da razón al líder del PP pero con una salvedad: según ella, Juan Carlos I debería regresar para «ir a prisión por ser un delincuente económico y fiscal» y para devolver cada euro mal habido». Por su parte, Verónica Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, considera irrelevante en este momento un posible regreso del Rey Emérito.
Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, ha denunciado lo que él califica como una «clara operación de blanqueo» hacia Juan Carlos I mediante esta desclasificación. Otros sectores dentro de la izquierda también han criticado esta maniobra política argumentando que no deberían usarse los documentos sobre el 23-F para limpiar la imagen del rey ante sus problemas legales y fiscales.
El contexto de la desclasificación
Los documentos recientemente desclasificados contienen transcripciones literales de conversaciones entre militares así como las órdenes dadas por Juan Carlos I para impedir la entrada del general Armada al Palacio de Zarzuela y frenar así a los sublevados. Se trata de un total de 167 documentos clasificados durante 45 años bajo regulaciones heredadas del franquismo. El Gobierno ha explicado que estos archivos estaban custodiados por Defensa, Exteriores e Interior y han sido desclasificados porque ya no representan un «riesgo para la seguridad y defensa nacional».
Entre ellos destaca un informe elaborado por CESID (los servicios secretos entonces) confirmando cómo el Rey impidió al general Armada acceder al Palacio. También aparecen notas manuscritas supuestamente preparatorias para el golpe desde noviembre de 1980 donde se detalla un croquis sobre «operaciones en marcha», contemplando tres intervenciones militares: las llevadas a cabo por tenientes generales, coroneles y “los expontáneos”.
Un dato curioso es que los documentos mencionan una “evaluación” realizada sobre un proyectado asalto por parte de los GEOS al Palacio del Congreso; información oculta durante décadas. Asimismo, revelan cómo apenas cuatro días después conocerse las condenas relacionadas con aquellos hechos, el capitán general de la III Región Militar planteaba estudiar una “posible libertad condicional” para los procesados cuando alcanzaran setenta años; algo revelador respecto a las presiones políticas alrededor del juicio.
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