Tribunal Corrupción y PSOE: Se acerca el momento de Begoña, la catedrática

La causa judicial que afecta a Begoña Gómez está llegando a su fase decisiva.

Después de casi dos años de investigaciones, el juez Juan Carlos Peinado ha citado este miércoles a la esposa del presidente del Gobierno, junto a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, para notificarles por tercera ocasión que, en caso de celebrarse juicio, este se llevará a cabo ante un tribunal de jurado popular.

Esta no es una citación cualquiera; representa un punto crucial en un proceso que ha mantenido una tensión política constante y que ahora se encamina hacia un desenlace judicial con consecuencias inciertas.

La audiencia programada para este miércoles es necesaria para formalizar la imputación requerida por la ley del jurado. Esta legislación ya ha sido aplicada en casos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, dos de los cinco delitos por los que se acusa a la encausada.

El magistrado ha consolidado todas las piezas del caso en un único procedimiento tras ser corregido por la Audiencia Provincial de Madrid en febrero, cuando desestimó sus intentos previos por falta de fundamento. En un auto extenso, emitido el 20 de marzo, Peinado sostiene que los indicios «no dejan lugar a dudas» sobre que Gómez, «desde su destacada posición como esposa del presidente del Gobierno», cometió presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, corrupción empresarial, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos.

El foco de la acusación radica en el papel de Gómez como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense entre 2020 y 2024. Según el instructor, utilizó su influencia para intervenir en adjudicaciones públicas que favorecieron a empresas asociadas con Barrabés, con quien mantenía una relación profesional cercana. Entre las pruebas figuran cartas de recomendación firmadas por Gómez en beneficio del empresario, correos institucionales y supuestos favores relacionados con contratos gubernamentales.

También se investiga la contratación de Cristina Álvarez como asesora en La Moncloa desde 2018, lo cual Peinado relaciona con un posible delito de malversación debido al uso indebido de fondos públicos para fines privados. Además, está bajo escrutinio la supuesta apropiación indebida de un software desarrollado dentro del marco académico, valorado en 113.000 euros, que debería estar registrado a nombre de la universidad pero fue inscrito bajo el nombre de Gómez.

No obstante, Begoña Gómez se enfrenta nuevamente al tribunal del jurado con la oposición del Ministerio Fiscal hacia las decisiones del juez Peinado. El ministerio ha manifestado dudas persistentes sobre los fundamentos del caso. En octubre pasado solicitó el sobreseimiento parcial debido a la falta de pruebas contundentes sobre tráfico de influencias o corrupción. La defensa de Gómez, liderada por el exministro del Interior Antonio Camacho, ha impugnado la decisión del magistrado considerándola una «mera reiteración de especulaciones» redactadas en términos confusos. En su escrito argumentan que «no hay indicios claros de delito; solo hipótesis no respaldadas» y afirman que su representada está siendo investigada «por ser cónyuge del presidente».

No se espera que la mujer del líder socialista asista a esta cita judicial, como ocurrió en ocasiones anteriores; bastará con que esté presente su abogado para abordar las acusaciones preliminares. En septiembre y octubre pasados, cuando Peinado intentó llevar el caso ante el jurado en dos ocasiones previas, Gómez no compareció. Su defensa sostiene que su presencia no es necesaria para formalizar este trámite legal y es suficiente con contar con representación legal. Tampoco parece probable que Álvarez o Barrabés asistan personalmente a los Juzgados de Plaza de Castilla.

La defensa de Álvarez ha presentado recursos cuestionando las pruebas presentadas por el magistrado, argumentando que dedicar «medio minuto al día» a tareas privadas no puede considerarse delito por malversación. Asimismo, subrayan que aunque los delitos relacionados con malversación y tráfico son competencia del tribunal popular, otros cargos incluidos —como corrupción empresarial o apropiación indebida— no lo son. Barrabés está siendo investigado porque Gómez firmó cartas recomendando su candidatura para subvenciones públicas; sin embargo, el instructor lo incluye en toda la imputación al señalar que su relación laboral surgió en La Moncloa y subraya que «no es necesario ser autor directo; también existen cooperadores necesarios».

Fuentes jurídicas consultadas apuntan que «acabará sí o sí en juicio oral», aunque existe el riesgo real de que la Audiencia Provincial vuelva a frenar los pasos del instructor. De hecho, estas fuentes resaltan que lo habitual es que la Audiencia respalde finalmente a Gómez frente a las decisiones adoptadas por Peinado, especialmente considerando casos similares anteriores. Así las cosas, si finalmente no hay otro frenazo por parte del tribunal provincial, Begoña Gómez podría convertirse en la primera esposa de un presidente del Gobierno español en comparecer ante un jurado popular formado por ciudadanos comunes. Nueve españoles sin formación jurídica específica tendrían así en sus manos decidir si hubo o no corrupción relacionada con influencias desde La Moncloa o respecto al manejo de fondos públicos.

El siguiente movimiento recae ahora en la Audiencia Provincial de Madrid, institución que ya ha corregido al instructor en varias ocasiones anteriores. Mientras tanto, el tiempo avanza hacia abril de 2026; fecha límite establecida por Peinado para concluir esta instrucción. Para entonces habrán transcurrido dos años desde el inicio del caso; dos años donde la imagen gubernamental ha estado bajo constante escrutinio debido a las investigaciones alrededor de la esposa del presidente. Hasta ahora, tanto Gómez como su defensa mantienen firme su postura: no hay caso alguno; solo especulaciones infundadas. El juez Peinado continúa afirmando que los indicios «no ofrecen duda alguna». Este tira y afloja judicial sigue marcando el pulso político español actual.