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La sala del Tribunal Supremo lleva días asistiendo a uno de los espectáculos judiciales más reveladores de los últimos años.
No tanto por las mascarillas defectuosas que dan nombre al caso, sino por lo que los testimonios van destapando sesión tras sesión: un sistema de favores tan bien engrasado que casi parecía invisible.
José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ocupa el banquillo junto a Koldo García y Víctor de Aldama.
Y lo que emerge del juicio no es solo un escándalo de corrupción. Es un manual de instrucciones sobre cómo funciona el enchufismo cuando se practica con suficiente elegancia.
La amiga que llegó por correo
Claudia Montes, ex Miss Asturias, declaró estos días con una precisión que resultó más elocuente que cualquier acusación directa. Se veían tres o cuatro veces por semana. Hablaban desde las siete y media de la tarde hasta bien entrada la noche. Una amistad intensa, nocturna, al margen de cualquier agenda oficial.
Cuando Claudia necesitó apoyo profesional, Ábalos actuó. No le dijo te he enchufado, como ella misma aclaró desde el estrado. Lo que hizo fue enviarle unos enlaces.
Esos enlaces la llevaron directamente a Logirail, empresa pública donde trabajó entre 2019 y 2022. La defensa del exministro se aferró a ese matiz: las palabras comprometedoras nunca se pronunciaron. Pero el resultado fue el mismo. Una colocación laboral facilitada por la cercanía con el poder, sin carta de recomendación visible, sin conversaciones grabadas, sin rastro aparente. Solo unos enlaces enviados en el momento oportuno.
Lo más revelador del testimonio fue otro detalle: en Logirail no sabían nada de la amistad entre ambos. El enchufismo había operado en las sombras con tanta discreción que logró mantener una fachada de normalidad absoluta.
La otra amiga, el mismo patrón
Jésica Rodríguez llegó al juicio con un apodo ya instalado en la prensa: la ex amante oficial. Su historia reproduce el mismo esquema con menos disimulo. Colocación en empresas públicas, conexión personal con el exministro, beneficios institucionales que jamás habrían estado al alcance de cualquier ciudadano sin ese cordón umbilical con el poder.
Dos mujeres. Dos historias distintas en los detalles. Un único patrón en el fondo: la amistad íntima convertida en oportunidad laboral. El enchufismo en su forma más depurada no deja facturas ni contratos sospechosos. Deja enlaces, llamadas nocturnas y puestos de trabajo en organismos públicos.
La punta del iceberg
Sería cómodo presentar el caso Ábalos como la historia de un político que se extralimitó. Pero lo que el juicio sugiere es algo más profundo e incómodo: que esto no es una excepción, sino parte de un sistema arraigado. La cadena de favores, las amistades convertidas en poder y las relaciones personales transformadas en beneficios públicos no son invenciones de la fiscalía. Son el lubricante con el que han funcionado durante décadas demasiadas estructuras políticas en España.
El Supremo es precisamente el lugar donde ese sistema tiene que rendir cuentas. Donde la máquina del enchufismo se detiene, al menos por un momento, y tiene que explicarse en voz alta ante un tribunal.
Claudia Montes compareció ante los magistrados con un estilo que la prensa no tardó en describir. Lo que dejó, más allá del vestuario, fue un testimonio que ilumina con precisión clínica cómo opera la corrupción institucional cuando se ejerce con suficiente cuidado para casi no dejar huella.
Casi.
España, el país que se detiene
Hay una ironía que sobrevuela todo el juicio. Mientras Ábalos es juzgado por sus sobrinas, como las ha bautizado el imaginario político, la clase dirigente española sigue funcionando con los mismos mecanismos que lo llevaron al banquillo. Isabel Díaz Ayuso aprovechó la semana para atacar a la izquierda por su gestión del feminismo institucional. El debate político continúa su curso, inalterable, como si el juicio ocurriera en otro país.
España funciona bien muchas veces. Sus instituciones operan, los ciudadanos cumplen las normas y el Estado hace lo que tiene que hacer. Pero hay momentos en que la corrupción se incrusta hasta lo más alto del poder y entonces el país se rige por otras reglas. El caso de las mascarillas es uno de esos momentos.
El enchufismo no es un delito solitario cometido por un político ambicioso. Es un arte perfeccionado por generaciones enteras. Y su mayor virtud siempre ha sido la misma: no dejar pruebas tangibles.
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