¿Por qué tiene tanta prisa el socialista Sánchez en regularizar en masa al mayor número posible de delincuentes?

Los directores de los centros penitenciarios españoles recibieron la circular con incredulidad. La orden procedía del Ministerio del Interior, el mismo que dirige Fernando Grande-Marlaska, y su contenido era tan llamativo que algunos responsables de prisiones pensaron que había un error de lectura.

No había ningún error.

La circular instruye a los trabajadores sociales de las cárceles para que tramiten «con la mayor prontitud posible» las solicitudes de regularización de los presos preventivos extranjeros en situación irregular. Personas que están en prisión preventiva, es decir, que todavía no han sido juzgadas ni condenadas por nada, pero que están acusadas de delitos suficientemente graves como para que un juez haya decidido que no pueden estar en libertad mientras se celebra el juicio.

Para esos reclusos, el Gobierno quiere que los trámites de regularización se aceleren. Y quiere que los trabajadores sociales sean los «facilitadores» del proceso, según cuenta El Español.

El agujero legal que preocupa a la oposición

La regularización masiva aprobada el 14 de abril y publicada en el BOE el día 15 establece, sobre el papel, requisitos claros. El solicitante debe haber llegado a España antes del 1 de enero de 2026, acreditar cinco meses de estancia ininterrumpida, presentar pasaporte completo y no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para la seguridad pública.

Hasta ahí, todo razonablemente coherente. El problema está en lo que ocurre después.

Si un preso preventivo logra regularizar su situación mientras espera juicio y posteriormente es condenado, su nueva condición legal podría protegerlo contra la expulsión inmediata. La deportación automática para extranjeros condenados por delitos graves, uno de los mecanismos que hasta ahora facilitaba la expulsión de criminales extranjeros, quedaría bloqueada. El condenado, ya regularizado, tendría derecho a recurrir su expulsión con las garantías que otorga la residencia legal.

Es un agujero que la circular del Interior no explica cómo va a taparse. Y que el Gobierno no ha respondido con claridad cuando se le ha preguntado.

La alarma en los cuerpos de seguridad

Policías y funcionarios penitenciarios llevan días expresando su preocupación en términos que no son habituales en estos cuerpos. Hablan de «agujero negro» en el sistema de control migratorio, de riesgo de que España se convierta en una «puerta abierta» para elementos que otros países europeos han identificado como peligrosos.

Las alertas antiterroristas en el contexto del conflicto en Oriente Próximo añaden una capa adicional de preocupación. En la comisión mixta de Seguridad Nacional, el PP y VOX aprobaron una ponencia para investigar el proceso, vinculando expresamente la regularización acelerada al riesgo terrorista.

La pregunta que nadie en el Gobierno ha respondido de forma satisfactoria es quién va a verificar los antecedentes penales de los solicitantes en los países de origen cuando el proceso se gestiona con tanta prisa. El BOE establece que si no se presenta el certificado de antecedentes dentro del plazo, el expediente se archiva automáticamente. Pero con ventanillas abriéndose en Correos y en la Seguridad Social para gestionar hasta un millón de casos antes del 30 de junio, la verificación exhaustiva parece difícilmente compatible con los plazos.

El contexto político que lo explica todo

Esta medida no surgió en el vacío. Es el resultado de los pactos del Gobierno de Sánchez con Podemos y otras fuerzas de la izquierda, aprobada en un Consejo de Ministros que no generó el debate parlamentario que una decisión de este calado debería generar.

El PP y VOX lo interpretan como una estrategia para ampliar el censo electoral favorable al PSOE antes de las elecciones generales previstas para 2027. La denuncia es la misma que ya se formuló con las nacionalizaciones masivas de descendientes de exiliados republicanos: que la «justicia histórica» y la «humanización de la gestión» son el envoltorio de una operación que tiene un objetivo fundamentalmente electoral.

Un recluso que sea regularizado durante su prisión preventiva y que posteriormente quede en libertad, ya sea absuelto o cumplida su pena, podría votar en las próximas elecciones generales. No es un detalle menor en una aritmética electoral donde cada voto cuenta.

Sánchez asegura que los controles son estrictos y que el proceso es riguroso. La circular que los directores de prisiones recibieron con incredulidad sugiere que la rigidez y la rapidez «con la mayor prontitud posible» no siempre van de la mano.

Las ventanillas abren en junio. El plazo termina el 30 de junio. Y nadie ha explicado todavía quién va a revisar un millón de expedientes en ese tiempo con los controles que la seguridad pública exige.