El Gobierno Sánchez reconoce el ‘riesgo mortal’ para guardias civiles, pero les niega que sean ‘profesión de riesgo’

Hay un documento que lo dice todo y que hace imposible cualquier defensa de la gestión del Ministerio del Interior.

En noviembre de 2025, el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska firmó una resolución de contratación de emergencia de suministros para la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. El texto es de una claridad que no admite matices: los agentes están en situación de «riesgo extremo», resulta «imprescindible» dotarles de medios de protección y «se incrementa de forma evidente el riesgo para la vida» de los miembros de las fuerzas de seguridad que se enfrentan a las mafias. El contrato asciende a 21.385.893 euros.

Ese contrato, firmado en noviembre de 2025, sigue en tramitación. El material no ha llegado todavía a manos de los agentes.

El viernes 8 de mayo de 2026, los guardias civiles Germán y Jerónimo murieron en el Golfo de Cádiz durante una persecución a una narcolancha, a 80 millas de la costa onubense, cuando sus embarcaciones chocaron. Otros dos agentes resultaron heridos, uno de ellos grave.

El mismo día de su muerte, Marlaska presumía públicamente de haber «puesto más medios que nunca» y de haber incrementado un 20% los efectivos en la zona.

La contradicción que no tiene explicación

El Ministerio del Interior firmó en noviembre un documento oficial reconociendo que sus agentes se enfrentan al narcotráfico en situación de inferioridad con riesgo extremo para sus vidas. Y seis meses después, el día en que dos de esos agentes mueren precisamente en esas circunstancias, el ministro responsable de ese documento sale a los medios a presumir de gestión.

No es hipocresía casual. Es la descripción de un ministerio que sabe cuál es la realidad, la documenta con precisión en sus propios textos internos y luego la niega públicamente con la frialdad del que ha decidido que el relato importa más que los hechos.

Lo que el documento ministerial de noviembre describe con detalle es exactamente lo que los sindicatos de la Guardia Civil llevan años denunciando: los narcotraficantes operan con armamento de guerra, kalashnikovs de calibre 7,62×39 mm, mientras los agentes tienen armamento reglamentario insuficiente para ese escenario. Las narcolanchas superan en potencia y velocidad a las embarcaciones policiales. Las tácticas de los narcos incluyen maniobras en zigzag, uso de extintores en carretera, punteros láser para cegar a los agentes y, como documentó el caso Barbate, embestidas directas y deliberadas con intención de matar.

La AUGC había advertido hace meses sobre la necesidad urgente de declarar Huelva zona con especial singularidad por el narcotráfico. «Nos sentimos abandonados», expresan sus miembros. Los recursos prometidos no han llegado. El material del contrato de 21 millones firmado en noviembre sigue en tramitación.

El caso Barbate y la historia que se repite

La muerte de Germán y Jerónimo en el Golfo de Cádiz reproduce el patrón del caso Barbate del 9 de febrero de 2024, cuando Karim El Baqqali embistió frontalmente con su narcolancha contra la zodiac de la Guardia Civil, matando a Miguel Ángel González (39 años, GEAS) y David Pérez Carracedo (43 años, GAR). La Fiscalía ha calificado la acción como realizada «con clara intención de acabar con la vida» de los agentes y pide 42 años de prisión por dos asesinatos agravados. La responsabilidad civil asciende a 3,3 millones de euros.

Tras Barbate, el Gobierno prometió refuerzos. Los sindicatos policiales documentan que esos refuerzos no llegaron con la rapidez ni la contundencia prometidas. Ahora, tras la muerte de Germán y Jerónimo, el ciclo se repite: declaraciones de condena, promesas de medios, el material del contrato todavía en tramitación.

Más de 15.000 agentes han salido a las calles exigiendo el reconocimiento oficial de sus cuerpos como profesión de riesgo, algo que sigue bloqueado en el Congreso pese a que el Parlamento Europeo lo ha solicitado y el Parlamento canario aprobó una resolución en ese sentido hace más de un año que el Gobierno central ha ignorado.

En 2024 se registraron 16.878 agresiones contra miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil, un aumento del 36,4% respecto a años anteriores. El propio ministerio lo documenta. Y el propio ministerio sigue sin reconocer oficialmente que morir persiguiendo narcos armados con kalashnikovs en el Estrecho de Gibraltar es algo cualitativamente diferente a un accidente laboral.

Lo que dijo Montero y lo que significa

María Jesús Montero, candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía y ministra de Hacienda, calificó la muerte de Germán y Jerónimo de «accidente laboral». La expresión se repitió tres veces en treinta segundos durante el debate electoral andaluz.

Dos agentes de la Guardia Civil muertos en una persecución a narcotraficantes armados con armas de guerra, en un contexto que el propio ministerio de su partido había documentado en noviembre como situación de «riesgo extremo», reducidos a la categoría de accidente laboral por la candidata del partido que gobierna ese ministerio.

Las asociaciones de guardias civiles lo dijeron con la claridad que la situación merece: «No son accidentes. Son asesinatos».

El Ministerio del Interior tiene firmado desde noviembre un documento que, sin usar esa palabra, les da la razón.