El PSOE mantiene en un limbo legislativo la ley del PP sobre profesión de riesgo, que ya acumula 71 bloqueos

Francina Armengol ha vuelto a desempeñar su papel esta semana. Sin mayores explicaciones más allá de un anuncio habitual, la presidenta de la Mesa del Congreso ha decidido prorrogar una vez más el plazo de enmiendas a la proposición de ley presentada por el Partido Popular, que busca que se reconozca como profesión de riesgo a los policías nacionales, guardias civiles y funcionarios de Vigilancia Aduanera. Esta es ya la septuagésima primera vez que se toma tal decisión. Desde que el Senado dio luz verde a esta iniciativa en junio de 2024, el texto permanece atrapado en una fase administrativa que, en la práctica, actúa como un auténtico congelador legislativo.

Con los apoyos del PSOE y Sumar, esta norma sigue atascada en el mismo cajón donde lleva más de dieciocho meses. Los diputados del PP han perdido la cuenta de cuántas veces han visto cómo su iniciativa se quedaba estancada. La fórmula es siempre la misma: alargar el periodo de enmiendas para que el texto nunca llegue a la Comisión de Trabajo, donde debería ser sometido a votación. Este mecanismo se ha utilizado con numerosas propuestas de la oposición a lo largo de esta legislatura. Mientras el expediente siga en fase de enmiendas, nadie asume compromisos. El próximo 20 de mayo se revisará nuevamente la situación para decidir si se extiende otra vez la prórroga.

Qué significa exactamente «profesión de riesgo»

El reconocimiento como profesión de riesgo permitiría adelantar la edad de jubilación sin sufrir recortes ni penalizaciones por jubilarse anticipadamente. Los profesionales incluidos en esta categoría pueden retirarse antes que otros trabajadores, conservando el total de su pensión. Actualmente, esta condición se aplica a empleados del Estatuto Minero, personal aéreo, trabajadores ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros de cuerpos policiales locales y autonómicos. Sin embargo, policías nacionales, guardias civiles y funcionarios de Vigilancia Aduanera reciben una pensión similar a cualquier administrativo del Estado, a pesar del evidente riesgo asociado a sus funciones.

Además, esta medida implicaría mejoras en las indemnizaciones por accidentes o fallecimientos ocurridos en acto de servicio. Aunque el coste es elevado, su impacto es especialmente significativo en un cuerpo que combina tareas policiales con presencia en zonas rurales donde su uniforme representa casi exclusivamente al Estado. Esa dualidad convierte cualquier gesto institucional hacia la Guardia Civil en una declaración política con repercusiones importantes. El PSOE prefiere mantener esta ley parada y evitar una votación que podría desestabilizar su mayoría parlamentaria.

El cálculo político detrás del bloqueo

Para los líderes socialistas, resulta menos arriesgado afrontar las críticas por la parálisis legislativa que aceptar un revés en un asunto donde la oposición tiene ventaja. El Gobierno, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior, ha iniciado una mesa técnica para abordar este tema; sin embargo, la proposición del PP sigue guardada sin avances. Tampoco se incluye a los militares dentro del reconocimiento como profesión de riesgo, aunque el pasado 25 de marzo el Ministerio de Defensa comenzó los trámites para hacerlo; eso sí, con polémicas restricciones temporales que dejan fuera a muchos militares.

El contexto político juega un papel crucial aquí. En el seno del PSOE ya eran conscientes del posicionamiento de su candidata andaluza sobre estos temas; sin embargo, ahora este conocimiento se ha extendido a todo el país. El equipo liderado por Sánchez, coordinado con Interior, ha puesto en marcha argumentos para frenar iniciativas consideradas problemáticas. La distinción entre hacer caja —como acusó Montero a la Guardia Civil— y calificarlo como un accidente laboral marca el tono de un debate que el Gobierno quiere mantener congelado. Así las cosas, parece que esta proposición seguirá paralizada al menos dos semanas más; y salvo algún giro inesperado, probablemente mucho más tiempo.

Curiosamente, mientras el PSOE bloquea esta ley específica para cuerpos policiales, el Ministerio de Defensa trabaja simultáneamente en una propuesta similar para los militares; aunque con limitaciones temporales que generan sus propias controversias. Es como si existieran dos velocidades legislativas: una para lo que controla directamente el Gobierno y otra para lo procedente desde la oposición.