El juez de la Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias de Zapatero

El cerco judicial en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se intensifica. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado inmovilizar parte de sus cuentas bancarias, en concreto hasta 490.780 euros, cantidad que coincide con los ingresos que habría percibido de una empresa vinculada a su entorno más cercano.

La decisión se enmarca en una pieza separada abierta dentro del caso Plus Ultra, centrada en las medidas económicas adoptadas durante la investigación. La solicitud partió de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción.

Zapatero deberá comparecer el próximo 2 de junio en calidad de investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Tras su declaración, el juez evaluará si impone nuevas restricciones, entre ellas la retirada del pasaporte, comparecencias periódicas o incluso prisión provisional, en función del riesgo de fuga o de alteración de pruebas.

La acusación popular, ejercida por Hazte Oír, ha pedido además un endurecimiento de las medidas, incluyendo la prohibición de contacto con otros implicados en la causa y la obligación de presentarse regularmente ante el juzgado.

Según el auto judicial, de gran extensión y basado en numerosos indicios, el exdirigente socialista habría desempeñado un papel central en una estructura organizada destinada a influir en decisiones públicas a cambio de beneficios económicos. El magistrado describe una red estable que habría intervenido en favor de terceros, especialmente en relación con el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en 2021.

La investigación apunta a un entramado empresarial complejo, con varias sociedades utilizadas presuntamente para canalizar pagos y ocultar su origen. En este esquema, una firma clave habría transferido tanto fondos al propio Zapatero como a la agencia de marketing de sus hijas. El volumen total de ingresos vinculados a este entorno superaría los 1,9 millones de euros.

Entre las pruebas recopiladas figuran mensajes entre empresarios relacionados con la aerolínea, en los que se alude a la influencia del expresidente en el proceso de rescate. Estos intercambios reflejarían la intención de lograr respaldo político a cambio de contraprestaciones económicas.

Además del bloqueo de fondos, el juez ya ordenó registros en el despacho del expresidente en Madrid y en la empresa vinculada a sus hijas, dentro de una investigación que sigue ampliándose.

Por su parte, Plus Ultra ha reaccionado con un comunicado en el que pide cautela en la interpretación del caso y asegura que continúa operando con normalidad, cumpliendo sus compromisos y manteniendo su actividad sin alteraciones.