El marrullero Sánchez busca tensionar el ambiente alentando injurias al Rey, al Ejército, la Policía y a jueces

La jugada tiene una lógica política que no necesita demasiado análisis para ser entendida.

El Gobierno Sánchez acuerda con Sumar una reforma del Código Penal que elimina la protección especial frente a injurias y calumnias del Rey, los tribunales, las Fuerzas Armadas y la Policía, mientras el presidente del Gobierno sigue protegido por su aforamiento, por una mayoría parlamentaria que controla el suplicatorio necesario para procesarle y por un Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido, cuyo perfil político nadie en el mundo jurídico discute.

Las instituciones del Estado quedan más expuestas. El presidente, más protegido que nunca. No es una paradoja accidental.

Lo que la reforma elimina

Los cambios que el pacto PSOE–Sumar introduce en el Código Penal son sustanciales y su lista merece leerse despacio.

De acuerdo a El Español, desaparece la protección específica frente a calumnias e injurias contra el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los tribunales superiores autonómicos, el Gobierno y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El artículo 504, que sancionaba esas conductas con penas específicas más elevadas que las del régimen general, queda reducido a las amenazas graves, que son mucho más difíciles de acreditar.

Desaparece la protección especial al Rey, la Reina y sus familiares directos. Se deroga el apartado 3 del artículo 490, que sancionaba las injurias y calumnias graves, y se elimina el artículo 491, que castigaba el uso de imágenes de la familia real para perjudicar su reputación.

Desaparece el artículo 543, que sancionaba los ultrajes a España, a las comunidades autónomas y a sus símbolos, incluyendo la bandera y el himno.

Desaparece el artículo 525, que castigaba las ofensas a los sentimientos religiosos.

La versión oficial dice que todas estas instituciones y símbolos quedan protegidos «como cualquier ciudadano», con los delitos comunes de injurias y calumnias. Lo que no dice es que esas vías son más lentas, más costosas, de difícil tramitación y con penas considerablemente menores. En la práctica, el coste jurídico de insultar al Rey, quemar una bandera, hostigar a un juez o desprestigiar a un mando policial se reduce de forma significativa.

La reforma que llevaba tres años congelada y resucita ahora

Esta iniciativa no es nueva. Sumar la presentó al inicio de la legislatura y llevaba dormida en la Comisión de Justicia desde diciembre de 2023. Tres años paralizada. Sin urgencia. Sin que nadie la considerara prioritaria.

Y de repente resucita en el momento en que el Gobierno está sometido a la mayor presión judicial de su historia: el sumario del caso Leire, la imputación del PSOE como persona jurídica que algunos juristas consideran posible, el caso Plus Ultra con Zapatero como investigado, el caso mascarillas con Ábalos en el banquillo del Supremo, y la posibilidad, cada vez menos descartable, de que el propio presidente sea citado a declarar ante el Tribunal Supremo.

Que la reforma que reduce la protección penal de los jueces que investigan al Gobierno resurja exactamente en ese momento no es una coincidencia de agenda legislativa. Es una decisión política.

El doble rasero que define todo

Lo que hace especialmente llamativa esta reforma es el contraste que establece respecto a la protección que el propio presidente mantiene mientras las instituciones del Estado quedan más expuestas.

Sánchez es aforado. Cualquier investigación penal contra él debe pasar por el Tribunal Supremo, que a su vez necesita solicitar autorización al Congreso de los Diputados mediante un suplicatorio aprobado por mayoría simple. Con la mayoría parlamentaria actual, donde sus socios independentistas, separatistas y el entorno proetarra de Bildu han demostrado que no van a dejarle caer, ese suplicatorio es un escudo político de primera magnitud.

Además, el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido actúa como última línea de defensa para las grandes iniciativas legislativas del Ejecutivo. La Ley de Amnistía, los decretos ómnibus, las reformas del Código Penal: todo lo que llega al Constitucional con el sello del Gobierno encuentra una presidencia cuyo perfil político nadie en el mundo jurídico pone en duda.

El escenario que resulta de todo esto es geométricamente limpio: las instituciones que investigan o critican al poder quedan con menos protección jurídica, y el poder que está siendo investigado y criticado queda con más blindaje político que nunca.

Lo que esto facilita en la práctica

La despenalización de las injurias a jueces, tribunales y cuerpos policiales tiene consecuencias prácticas directas en el momento político actual.

Reduce el coste jurídico de las campañas de hostigamiento discursivo contra los magistrados que instruyen causas incómodas para el Gobierno. Ferraz, la Brunete Pedrete mediática y las redes sociales afines al sanchismo llevan meses ejerciendo presión sobre jueces específicos, nombrando a Peinado, a Pedraz, a Calama, retratándolos como actores políticos al servicio de la derecha. Con la reforma, ese hostigamiento discursivo tendrá aún menos consecuencias penales de las que ya tiene.

Permite que las movilizaciones callejeras sean más agresivas sin temor a sanciones severas. Quemar una bandera, insultar al Rey en una manifestación o escrachar a un magistrado tendrá un coste jurídico menor que el actual.

Y establece un precedente sobre qué instituciones merecen protección especial y cuáles no: en la jerarquía que esta reforma dibuja, el presidente del Gobierno merece aforamiento y suplicatorio parlamentario, mientras los jueces que le investigan merecen la misma protección que un ciudadano particular.

La libertad de expresión como coartada

El argumento oficial es la adaptación a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que efectivamente ha cuestionado algunas condenas españolas por injurias a la Corona como desproporcionadas. Es un argumento que tiene base legal real. El problema es lo que se hace con ese argumento.

Adaptarse a la jurisprudencia europea en materia de libertad de expresión no requería eliminar toda protección especial de las instituciones del Estado. Requería calibrar mejor las penas para que fueran proporcionadas. La diferencia entre ajustar y eliminar es exactamente la diferencia entre una reforma técnica y una reforma política.

Sánchez ha elegido la segunda. En el momento en que los jueces que investigan a su entorno más inmediato llevan meses siendo objeto de una campaña de desprestigio coordinada desde los medios y las redes afines al Gobierno, la decisión de reducir la protección penal de esos mismos jueces tiene una lectura que no requiere mucha interpretación.

El Rey, los tribunales, la Policía y las Fuerzas Armadas quedan más expuestos. Sánchez sigue exactamente igual de protegido.

Eso, en política, se llama reformar el tablero cuando las piezas no te favorecen.