Régimen Sanchista: Cuando la Guardia Civil no sirve a España, sino a Marlaska y al marido de Begoña

La percepción de la Guardia Civil como un cuerpo imparcial, dedicado al Estado y no a un partido en particular, se ha visto alterada por el editorial de El Español en relación con las acciones de la Jefatura de Información en el ámbito de Moncloa. En este artículo se denuncia un informe que parece “alinearse con las posturas de la Presidencia”, dejando de lado el trabajo meticuloso de la policía judicial. El propio diario lo califica en su editorial sobre la Guardia Civil, Marlaska y Sánchez como un síntoma de deterioro institucional.

Este no es un episodio aislado. El expediente del caso Begoña Gómez, las pesquisas sobre las cloacas de Ferraz y las directrices internas ordenadas por el Ministerio del Interior revelan una lucha solapada por el control del relato y de las pruebas. En este contexto, los uniformes verdes se han visto envueltos involuntariamente en la política de partidos.

El triángulo: Sánchez, Marlaska y la dirección de la Benemérita

El conflicto se articula en torno a tres ejes fundamentales:

• Pedro Sánchez, cuyo círculo familiar y político se enfrenta a múltiples causas judiciales.
• Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, señalado por haber promovido pesquisas internas dentro de la Guardia Civil en un momento crítico para el PSOE.
• La cúpula de la Guardia Civil, donde la directora general Mercedes González y el director adjunto operativo Manuel Llamas están bajo investigación por supuestas presiones a la UCO.

De acuerdo con recientes resoluciones judiciales y reportes de prensa, la Audiencia Nacional indaga si ciertos líderes socialistas habrían utilizado recursos internos del cuerpo para “socavar” investigaciones que comprometen al partido, al Gobierno y a la familia del presidente. El juez Santiago Pedraz ha iniciado diligencias contra González y Llamas por su presunta implicación en una red de presión y descrédito hacia los agentes encargados de pesquisas relacionadas con Begoña Gómez, David Sánchez, Ábalos y el caso Koldo.

Desde el Interior, se argumenta que todas las indagaciones reservadas abiertas contra la UCO eran consecuencia de posibles filtraciones a los medios y se niega cualquier intervención en la instrucción judicial. Sin embargo, la cronología de los eventos y la naturaleza de las causas implicadas alimentan la sospecha de un uso selectivo del poder disciplinario.

Tres frentes abiertos en la mesa

1. Investigaciones internas sobre la UCO
2. – Se registran tres procesos entre 2024 y 2025 a raíz de supuestas filtraciones, todos ellos archivados sin que haya responsabilidad para los agentes.
3. – Se hicieron advertencias sobre que “rodarían cabezas” y se emitieron órdenes para identificar a los filtradores tras el descubrimiento de un correo institucional de Begoña Gómez en un informe de la unidad.

1. Causas que afectan al entorno de Sánchez
2. – Un juicio en espera contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, tras dos años de instrucción y un sumario de más de dos mil páginas.
3. – Procesos judiciales contra el hermano del presidente y otros dirigentes relacionados con el caso Koldo, en los que la Guardia Civil ha desempeñado un papel crucial.

1. Crisis de confianza en el mando político
2. – Asociaciones de guardias civiles y policías han señalado al Gobierno por su manejo de episodios como las crisis migratorias en Ceuta, con críticas directas a Marlaska.
3. – El editorial de El Español critica informes emitidos por la propia Guardia Civil que carecen de fundamentos sólidos y se alinean con la narrativa de Moncloa en temas delicados.

El caso Begoña Gómez: un laboratorio de presión institucional

La investigación sobre la esposa del presidente se ha transformado en un ámbito donde se cruzan justicia, policía y política. La UCO, al revisar la cátedra que codirige en la Universidad Complutense de Madrid, concluyó que fue creada de acuerdo con la normativa, si bien advirtió sobre adjudicaciones “premeditadas” y posibles irregularidades en contratos vinculados al desarrollo de un software financiado con dinero público.

Al mismo tiempo, diversos informes destacan que:

• No se han encontrado pruebas directas de delitos en la actividad académica relacionada con el software de la cátedra.
• La aplicación es gratuita y la propiedad corresponde a la Complutense, sin que haya un aprovechamiento comercial claro por parte de Gómez.
• Los ingresos recibidos por la investigada desde la universidad y entidades relacionadas, aunque significativos, no evidencian un enriquecimiento ilícito según los agentes.

A pesar de esto, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido llevar el caso a juicio oral con jurado popular. Ha establecido medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer cada quince días, así como la apertura de nuevas líneas de investigación por posibles delitos de prevaricación y fraude a intereses de la UE en contratos con fondos europeos. La Audiencia Provincial, recientemente, ha restringido la lista de delitos en cuestión, dejando el tráfico de influencias y la malversación como los cargos principales.

En medio del debate jurídico, la dimensión política es ineludible. La presión de Interior sobre la UCO alcanzó su máxima expresión cuando se ordenó investigar cómo el correo institucional de Begoña Gómez había llegado a un informe sobre el caso de David Sánchez. Llamas admitió que el propio Marlaska se interesó personalmente por esa cuestión, lo que llevó a una investigación reservada sobre la unidad. Sin duda, no es el tipo de llamada que fomente una sensación de independencia.

¿Guardia Civil al servicio del Estado o del “régimen”?

La noción de un “régimen sanchista” que captura instituciones puede parecer exagerada, pero encuentra respaldo en ciertos elementos concretos:

• Una directora general de la Guardia Civil está formalmente investigada por presunta presión política sobre agentes.
• Un ministro del Interior que sigue apoyando a la cúpula, a pesar de las revelaciones del sumario y las contradicciones sobre reuniones esenciales.
• Informes internos que algunos mandos consideran como herramientas para manejar filtraciones incómodas, más que para salvaguardar causas judiciales.

No obstante, otros documentos y comunicados resaltan que:

• La UCO conserva su autonomía técnica y sus informes son utilizados por jueces que actúan de forma independiente.
• La Fiscalía ha indicado que solicitará la absolución de Begoña Gómez y su asistente en Moncloa, mostrando diferencias significativas con respecto a la acusación popular.
• Las crisis de seguridad, como la de Ceuta, han sido gestionadas con informes críticos de la Guardia Civil sobre la coordinación internacional, lo que pone de manifiesto que el cuerpo continúa produciendo análisis que a veces no se alinean con el discurso oficial.

En resumen, la tensión no radica tanto en la relación entre la Guardia Civil y España, como plantea el editorial, sino entre distintos niveles de la misma institución: aquellos que investigan y elaboran atestados contrapuestos a quienes reciben llamadas del ministro inquiriendo sobre la aparición de un correo comprometedor en un documento técnico.