¿El prófugo Puigdemont dejará a su compinche Sánchez al borde del desahucio?

La aparente negativa de Junts a respaldar los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno transforma la votación en el parlamento en un verdadero examen de supervivencia para Pedro Sánchez. El partido del prófugo de la Justicia Carles Puigdemont ha exigido que se retiren los textos y se redacten nuevos. La decisión habría sido adoptada de forma unánime en la ejecutiva de Junts.

Sus siete diputados aparecen como decisivos para poder sacar adelante las medidas que plantea el marido de Begoña en el Congreso. Sin su apoyo, el Ejecutivo se enfrenta a una aritmética imposible y a una derrota cuyo impacto político para el líder del PSOE es mucho más significativo que el contenido específico de ambos decretos.

La vivienda se presenta nuevamente como un tema social apremiante.

Los decretos presentados por el Ejecutivo sanchista, redactados a toda prisa y cuyo texto cuenta con párrafos que parecen sacados de discursos políticos -por no entrar en los errores a referencias y cifras- son inviables para los independentistas de extrema derecha, desde un punto de vista de coherencia política. Especialmente, cuando Alianza Catalana les está comiendo la tostada.

Y aunque el regalo de la amnistía, baza con la que jugado Sánchez estos últimos cuatro años parece que ya tiene vía libre, es apetecible para el expresidente catalán fugado palidece ante la posibilidad de seguir perdiendo apoyos por seguir ‘haciendo negocios’ con alguien radioactivo electoralmente como el marido de Begoña.

Junts sostiene que el texto actual genera el efecto opuesto al que se pretende. Según la formación independentista, estas medidas pueden disminuir la oferta de alquiler, incrementar los precios y dificultar el acceso de las familias con menos recursos económicos. Asimismo, critican al Ejecutivo por no haber incorporado suficientes garantías para los propietarios y por no frenar de manera efectiva la acción de los fondos de inversión inmobiliaria.

El desacuerdo abarca no solo un aspecto técnico, sino también un evidente sentido de poder. Puigdemont busca demostrar que sus votos no son un cheque en blanco. Mientras tanto, Sánchez necesita mostrar que puede mantener el control en una legislatura donde cada iniciativa depende de negociaciones de última hora. En Moncloa pueden llamarlo responsabilidad; en Junts prefieren definirlo como presión. Esa diferencia podría resumirse en una rueda de prensa.

Este entramado deja al Gobierno con un margen de maniobra bastante estrecho. Aunque los siete escaños de Junts no son muchos, en un Congreso fragmentado tienen un peso significativo. La mayoría parlamentaria de Sánchez vuelve a depender de un partido que no comparte demasiados objetivos estratégicos con el Gobierno y que, además, compite por el mismo espacio independentista que ERC.

Sánchez plantea un win-win

Al líder del PSOE el tema de la vivienda le importa dos pimientos.

Lo que busca es aprovechar una situación crítica de la cuál es culpable y transformarla en un arma arrojadiza, al tiempo que marca la agenda mediática. Un apunte, llevamos una semana hablando de Maricarmen y ya nadie recuerda a Ceuta, que vive una situación límite. Sánchez es un maestro en el arte de la distracción. Y con este asunto, le permite tener una posición ventajosa para lo que de verdad le importa, controlar el relato.

En este sentido, si aprueba los decretos, será el Cid Campeador de los campistas de Sol. Si no, echará la culpa a la «derecha y extrema derecha servil a los fondos buitres». Es decir, hacer responsables de los problemas que él crea a la oposición.

El riesgo no es menor para Puigdemont. En el propio partido había inquietud ante la posibilidad de que Sánchez utilizara el bloqueo como un argumento para disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas, algo que han lanzado desde medios sanchistas. Sin embargo, el rechazo puede fortalecer a Junts entre su electorado, pero también podría llevarlo a una complicada campaña electoral y abrir puertas a otras opciones independentistas.

La disputa refleja una paradoja bien conocida: Junts necesita influir en la política española para demostrar su utilidad, pero cada concesión al Gobierno puede ser mal vista por sus sectores más exigentes. Por su parte, Sánchez requiere de los votos de Junts para gobernar, aunque cada acuerdo le demanda un costo mayor ante sus aliados territoriales y la oposición.