La Fiscalía acusa a Mónica Oltra de tener un ruin plan para ocultar los abusos de su exmarido a una menor

Mónica Oltra habría diseñado un ruin plan para ocultar los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Así lo considera la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana que también acusa a la vicepresidenta de intentar «desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad».

El escrito que la fiscal superior Teresa Gisbert remitió a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) apoya que este tribunal investigue a Oltra por la gestión de su departamento en este caso.

Según el escrito, la fiscal considera que la actuación de la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas puede ser constitutiva de los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, y ve «indicios relevantes» contra Oltra.

A partir de la exposición razonada de hechos realizada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que condenó al exmarido de Oltra por los abusos a la menor, la Fiscalía concluye que hubo «un plan preestablecido» para ocultar y desacreditar la menor.

Reprocha que los hechos no se pusieran en conocimiento ni de la Policía, ni de la Fiscalía de Menores, ni de la Administración de Justicia, y solo salieron del ámbito interno de la Consejería cuando la víctima los relató a unos policías, «más de cuatro meses después» de habérselo comunicado a una trabajadora social.

Acusar a la víctima

La Fiscalía señala que a la vista de todo lo expuesto «es preciso e ineludible cuestionar si hubo una voluntad real de esclarecer estos abusos», pues ve indicios que dejan entrever «la escasa, desidiosa o nula voluntad de proceder al esclarecimiento de los hechos».

Señala que la voluntad parecía ser la de «dejarlo correr», una actitud, a su juicio, «incomprensible» y «extraña», que «pasa a ser comprensible cuando se descubre que el autor de los abusos denunciados era el marido» de Oltra.

Afirma que podría alegarse que algún funcionario, técnico o psicólogo se equivocara, «pero ¿todos?», se pregunta, y manifiesta que se realizó «una investigación superficial, interna, en la que se percibe indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos».

«¿Cuál podía ser la finalidad de todo ello?», se plantea, y responde que «el beneficiario directo» era Luis Eduardo R., exmarido de Oltra y condenado por los abusos, pero también la propia Oltra, «en cuanto era un medio idóneo para eludir las posibles responsabilidades políticas y/o penales».

También considera la Fiscalía que la finalidad del expediente informativo elaborado por la Consejería una vez publicados los hechos y abierta una investigación judicial, «no fue esclarecer los posibles errores» que se pudieran haber cometido, «sino la de esclarecer la credibilidad del testimonio de la menor».

«Visto el desarrollo y contenido del expediente, a nivel indiciario, más bien parece que se incoó con objeto de liberar de responsabilidades a la Generalidad y a las personas y organismos que ejercían o intervenían en la tutela de la menor», pues en él se niega credibilidad a la declaración de la víctima.

Cree la fiscal que «al haberse iniciado un procedimiento judicial» por los abusos y «salir de la órbita interna de la Consejería, dónde ya no podían ‘controlarse’, se optó por abrir un expediente para desacreditar a la menor y exculpar a la Consejería».

En este sentido, atribuye a Oltra los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, y extiende estos dos últimos al resto de investigados en esta causa.

La prevaricación cree que solo concurre en el caso de Oltra, pues la señala como la que dio la «orden verbal» dirigida a todos los funcionarios investigados para que «actuasen incoando una información paralela a la judicial con objeto de desvirtuar la credibilidad de la menor».

«Es evidente que esta orden no fue escrita, dada su flagrante ilegalidad, sino verbal», indica la Fiscalía, quien añade que un «fuerte indicio de que dicha orden fue emitida» por Oltra es que todos los que intervinieron en los hechos mantuvieron siempre la misma versión exculpatoria de la Consejería.