Mazón se persona en la causa de la dana y pone en jaque la instrucción judicial

Carlos Mazón ha decidido cambiar de estrategia. Después de meses manteniendo una prudente distancia del proceso, el expresidente de la Generalitat Valenciana ha optado por un movimiento audaz: personarse formalmente en la causa que investiga su gestión durante la dana del 29 de octubre de 2024. Esta decisión llega en un momento clave, justo quince días después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana decidiera no investigarle al no encontrar indicios sólidos de delito ni la posición de garante necesaria para perseguir un homicidio por imprudencia.

El expresidente se presenta ante el juzgado de Catarroja amparado en los artículos 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que le permite ejercer sus derechos procesales y acceder al contenido completo del caso. Aunque formalmente se trata de una acción defensiva, realmente representa un cambio significativo tras el pronunciamiento del tribunal autonómico. La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, mantiene abiertas las diligencias que le afectan a Mazón, incluyendo su citación como testigo y la solicitud de sus comunicaciones durante aquella jornada trágica. Es precisamente en este contexto donde cobra sentido su personación: supervisar qué investigaciones siguen en curso sobre él y bajo qué condiciones.

En el escrito presentado ante el juzgado, la defensa de Mazón enfatiza que su decisión anterior de no intervenir fue fruto de una «prudencia procesal», no de una actitud pasiva. Ahora, tras el auto del TSJCV que desestimó su imputación, considera crucial acceder directamente a las actuaciones para comprobar qué diligencias se están llevando a cabo sobre él. El documento deja claro sus intenciones: Mazón desea examinar las acciones que continúan desarrollándose incluso después del rechazo formal del tribunal a investigarle.

El escenario judicial tras el rechazo a la imputación

La situación procesal ha cambiado notablemente desde que la jueza Ruiz Tobarra elevara su exposición razonada el pasado 24 de febrero solicitando al TSJCV investigar al expresidente por «negligencia grave». Los cinco magistrados de la Sala de lo Civil y Penal decidieron por unanimidad no asumir esa competencia, argumentando que Mazón no tenía la posición de garante necesaria para perseguir delitos por omisión. El tribunal fue claro: la legislación autonómica no asigna al president de la Generalitat deberes específicos en cuanto a protección civil y gestión de emergencias; esa responsabilidad recae sobre la consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien sigue siendo investigada junto al exdirector general de Emergencias, Emilio Argüeso.

Además, el TSJCV descartó que existieran indicios sólidos sobre la participación directa de Mazón en el envío del Es-Alert, ese mensaje masivo dirigido a la población a las 20:11 horas. Los magistrados consideraron que los argumentos presentados por la jueza sobre este asunto «se mueven en el terreno de la mera conjetura» y carecen del respaldo indiciario suficiente. El tribunal fue especialmente contundente al señalar que ni el tono empleado en los mensajes por su exjefe de gabinete, José Manuel Cuenca, ni su cercanía personal y profesional podían servir para confirmar indicios sobre una posible implicación del entonces president en el envío del aviso.

Sin embargo, la resolución del TSJCV no cierra completamente las puertas a futuras pesquisas. La jueza ha prorrogado seis meses más la instrucción, hasta finales de octubre de 2026, alegando que aún quedan testimonios por escuchar y peritos e informes pendientes. Asimismo, sigue a espera para recuperar los mensajes enviados por el exjefe de gabinete, un elemento que podría ser decisivo para el caso. Así las cosas, la personación de Mazón adquiere relevancia estratégica: busca estar presente en cada paso del proceso para cuestionar cualquier diligencia que considere injustificada o más allá del marco legal establecido.

Una defensa activa frente a la continuidad de la causa

La decisión de Mazón refleja un cambio significativo ante un panorama judicial complejo. Mientras que el TSJCV ha cerrado las puertas a su investigación formal, la causa permanece abierta y la jueza tiene aún capacidad para llevar a cabo diligencias relacionadas con él. Al personarse, Mazón se posiciona para tener un control activo sobre esas actuaciones y potencialmente impugnar aquellas que considere desmedidas o sin fundamento legal tras lo dictado por el tribunal superior.

Su defensa ha dejado clara su estrategia: después del rechazo del TSJCV hacia su imputación, cualquier nueva diligencia adicional debe estar bien justificada y no puede sustentarse en los mismos argumentos ya desechados por el tribunal. Al personarse, Mazón se convierte en un actor procesal activo capaz no solo de presentar escritos y solicitar pruebas sino también impugnar decisiones contrarias a lo establecido por el TSJCV.

Este movimiento también tiene una clara dimensión política. Mazón busca demostrar que su posición es sólida desde un punto legal y argumentar que cualquier continuidad en las investigaciones carece ahora mismo de fundamento tras lo dictado por el tribunal. Además, su personación le permite acceder a información sobre cómo avanza la causa contra Pradas y Argüeso —los únicos investigados formalmente— brindándole así una ventaja informativa considerable.

La causa relacionada con la dana sigue siendo uno de los procesos judiciales más complejos y mediáticos dentro del panorama político valenciano. Con 230 muertes confirmadas hasta ahora, hay una presión social inmensa para conseguir justicia; pero también existe una exigencia clara: esa justicia debe sustentarse en criterios legales rigurosos. El TSJCV ha marcado un estándar alto: no basta con sospechas o conjeturas; se requieren indicios serios y fundamentados. Al personarse, Mazón se sitúa precisamente dentro ese marco: demandando que toda actuación judicial respete ese criterio establecido por el propio tribunal superior.