Tres ministras del Gobierno Sánchez se contradicen sobre el español en la escuela catalana

El cacao que tiene en su cabeza es importante.

El Gobierno Sánchez, que sabe que tiene que agradecer a los independentistas el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, no tiene nada claro qué hacer con la patata caliente del español en la escuela pública catalana.

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia y no deja lugar a las dudas.

El 25% de las clases deben impartirse en la lengua común a todos los habitantes de España.

Sin embargo, el Ejecutivo, lejos de tener una voz común respecto a este asunto, tiene varias y además contradictorias.

El sainete lo abrio la responsable del Ministerio de Educación, Pilar Alegría.

La socialista se comprometió con el consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep González Cambray, a no reclamar que se ejecutase el fallo del Supremo.

Lo curioso es que solo 24 horas después, seguramente viendo que la ministra de Justicia, Pilar Llop, había dicho que «la sentencia es firme y hay que ejecutarla», reculó y se sumó a las palabras de su compañera de mesa en el Consejo de Ministros:

Ante una sentencia firme no cabe debate, es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública, sea la Generalitat o cualquier ciudadano.

Llop fue muy explícita al ser cuestionada por la resolución judicial:

Los procedimientos de ejecución tienen sus fases, hay que esperar a ver cómo se van resolviendo; la resolución del Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora hay que ejecutar esa sentencia, porque es firme, y corresponde al propio órgano sentenciador darle el impulso. Veremos a ver cuál es la respuesta de la Generalitat y dependiendo de lo que haga se irán dando pasos.

La titular de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ya empieza a notar que no es lo mismo atender a los periodistas de Puertollano (Ciudad Real) que tener que pronunciarse para los medios nacionales e internacionales, siguió con la ‘ópera bufa’.

La ministra, preguntada sobre la sentencia del Alto Tribunal y su aplicación, dejó una intervención para ‘enmarcar’ :

El Gobierno no tiene esas competencias. Los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos.