Es para miccionar y no echar gota.
Según los datos oficiales aportados por el Ministerio del Interior, durante los 9 primeros meses de este año 2022 se han registrado 13.455 casos de agresiones sexuales, frente a los 10.343 del mismo periodo del año anterior a la pandemia, es decir 2019 lo que representa un alza de 30,1%, que se eleva al 38% en el caso concreto de las violaciones.
Dicho en plata, desde que Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno de España e Irene Montero pulula por el Ministerio de Igualdad, esta escalofriante cifra no ha dejado de subir, al igual que el dinero aportado a su cartera que vale para cualquier chuminada antes que proporcionar seguridad a esas mujeres a las que dicen defender y proteger.
El problema de fondo es que el departamento de la podemita es un cascarón de nuez hueco.
Amén de que cuesta un pastizal al año, más de 500 millones de cara al ejercicio presupuestario de 2023, lo único que sale de ahí son lemas tan chirriantes como el de «sola y borracha quiero llegar a casa».
Pero luego, a la hora de la verdad, cuando hay que implementar medidas de calado para asustar de verdad a los violadores y que se piensen más de una y de dos veces el delito que van a cometer, lo único en lo que se afana el Ministerio de Irene Montero es en poner el cazo para sacar la mayor tajada presupuestaria posible.
Sueldazos
Así que los 75.000 eurazos percibidos por Irene Montero en 2021 son, en realidad, el asunto que más ocupa y preocupa a la jefa de ‘la banda de la tarta’ que, dicho sea de paso, no se lleva precisamente la mayor tajada.
Una de las más beneficiadas en 2021 fue la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, que se embolsó 99.577,08 euros brutos.
Su directora de Gabinete, Amanda Meyer, ganó algo más de 90.000. Militante de Izquierda Unida, también fue alto cargo de la Junta de Andalucía como directora general de Vivienda y la responsable de que Pablo Iglesias pudiera entrar a saco en la formación para integrarla en Unidas Podemos.
El puesto de secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género también se pagó generosamente. Y dan fe de ello las dos titulares que hasta la fecha han pasado por ese puesto: Noelia Vera, hasta que dimitió en octubre de 2021 por motivos personales y que se llevó de las arcas de Igualdad algo más de 93.000 euros.
Le sustituyó Ángela Rodríguez ‘Pam’, que en solo mes y medio se embolsó casi 26.000 euros.
Tampoco es para despreciar el pastizal que se percibe en la Subsecretaría de Igualdad. Pedro Guillén, que fue relevado de sus funciones el 23 de febrero de 2021 tras el estallido del ‘caso Niñera‘, recibió cerca de 18.000 euros. Su sustituto, Ignacio Sala, recibió alrededor de 95.000 euros, gracias también a sus cinco trienios de antigüedad.
La lotería salarial también sonrió a la titular de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, ‘Boti’ García Rodrigo; a la responsable de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho y a la máxima exponente del Instituto de la Mujer, Antonia Morillas.
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