Si los más pequeños de la casa se enteran de la noticia, a buen seguro que ya tienen clara su profesión futura.
Y es que no va a quedar otra que optar a ser alto cargo del ministerio de Irene Montero a tenor de los sueldazos que se estilan en ese departamento.
Eso sí, la cifra de esos salarios al equipo de confianza de la política podemita era una cuestión tabú.
Viendo las cantidades abonadas se entiende mejor las razones por las que la ministra mostraba sus recelos a que los ciudadanos supieran al detalle las mismas.
La cifra global de esa nómina al equipo de la entera confianza de la titular de Igualdad asciende a más de 855.000 euros.
Curiosamente, la ministra cobra menos que algunas de las personas de su particular ‘Guardia de Corps’. Montero rozó los 75.000 euros.
Una de las más beneficiadas en 2021 fue la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rosell, que se embolsó 99.577,08 euros brutos.
Su directora de Gabinete, Amanda Meyer, ganó algo más de 90.000. Militante de Izquierda Unida, también fue alto cargo de la Junta de Andalucía como directora general de Vivienda y la responsable de que Pablo Iglesias pudiera entrar a saco en la formación para integrarla en Unidas Podemos.
El puesto de secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género también se pagó generosamente. Y dan fe de ello las dos titulares que hasta la fecha han pasado por ese puesto: Noelia Vera, hasta que dimitió en octubre de 2021 por motivos personales y que se llevó de las arcas de Igualdad algo más de 93.000 euros.
Le sustituyó Ángela Rodríguez ‘Pam’, que en solo mes y medio se embolsó casi 26.000 euros.
Tampoco es para despreciar el pastizal que se percibe en la Subsecretaría de Igualdad. Pedro Guillén, que fue relevado de sus funciones el 23 de febrero de 2021 tras el estallido del ‘caso Niñera‘, recibió cerca de 18.000 euros. Su sustituto, Ignacio Sala, recibió alrededor de 95.000 euros, gracias también a sus cinco trienios de antigüedad.
La lotería salarial también sonrió a la titular de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, ‘Boti’ García Rodrigo; a la responsable de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, Rita Bosaho y a la máxima exponente del Instituto de la Mujer, Antonia Morillas.
UNAS NÓMINAS DE LUJO A CAMBIO DE NO DAR NI CLAVO
Lo realmente chirriante del pastizal que se llevan las altos cargos del Ministerio de Igualdad es su nulidad legislativa.
Por el momento no han sacado adelante ninguna ley. Todo se ha quedado en buenas intenciones y en proyectos y anteproyectos que se han quedado embarrancados por las más variopintas cuestiones.
Aunque desde el departamento de Irene Montero se presume abiertamente de haber impulsado cuatro leyes, la realidad estropea su propaganda:
- La Ley sobre la Libertad Sexual está en trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados y eso que ya va para dos años, desde inicios de 2020.
- La Ley Trans y LGTBI no deja de ser un simple anteproyecto que aprobó el Consejo de Ministros en junio de 2021.
- La reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo de 2015 sigue pendiente de sacarse adelante.
- La reforma de la Ley del Aborto está lejos de ver la luz. El empeño de Montero es que el cuerpo legislativo más allá de la eliminación del permiso paterno para abortar cuando se trate de menores de 16 y 17 años.