El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha retirado los pasaportes al inspector Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, y el excapitán guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, y les ha prohibido salir de España mientras se tramita su extradición a Argentina.
Allí, al otro lado del Atlántico y en esas cabriolas jurídcas que tanta ‘gloria‘ dieron al exjuez Garzón, se les investiga por las torturas que habrían cometido ellos y otros dos más -uno ya fallecido- durante los últimos años del franquismo.
El magistrado ha acordado su libertad provisional tras imponerles la obligación de realizar comparecencias semanales en su juzgado o en el más cercano a su domicilio y de facilitar un teléfono de contacto y un domicilio en el que puedan ser permanentemente localizados.
González Pacheco y Muñecas Aguilar, que se han ocultado el rostro con una bufanda y una gorra a su salida del tribunal, son investigados por la juez argentina María Servini de Cubría, que el 18 de septiembre dictó una orden de busca y captura contra ellos tras admitir a trámite una querella por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de libertad, torturas y sustracción de menores, en referencia a los niños robados a sus familias.
El magistrado les ha preguntado si aceptan ser entregados en aplicación del artículo 12 de la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva. Al haberse negado, la petición será revisada en una vista por la Sala de lo Penal.
Es muy improbable que el asunto llegue a algún sitio, porque en arse aplica de forma sistemática el principio de la no extradición de los nacionales.
Si la Sala de lo Penal diera el visto bueno a la entrega de Billy el Niño’ y el excapitán Muñecas a Argentina, la decisión podría y sería ser vetada por el Consejo de Ministros. Si la Audiencia Nacional denegara la extradición, el Gobierno no tendría margen para ejecutarla.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dar continuidad al procedimiento de extradición a Argentina.
La petición de la juez Servini llegó a España el pasado 18 de noviembre y se dirigía contra los dos reclamados y los ya fallecidos Celso Galván Abascal y José Ignacio Jiralte González.
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