Las tropelías de Sánchez, el odio a Ayuso y la caída a los infiernos de García Ortíz, el fiscal ‘sicario’

La política española se ha despertado este 10 de junio de 2025 sumida en una crisis institucional que nadie vio venir tan pronto pero que muchos temían desde hace meses.

El procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, la investigación sobre el marido de Begoña Gómez y la ofensiva sin tapujos del autodenominado Gobierno Frankenstein contra el Tribunal Supremo han convertido la actualidad en una novela negra con tintes costumbristas, donde cada día se suma un nuevo capítulo a un serial que desborda a juristas, politólogos y hasta guionistas.

El auto dictado por el magistrado Ángel Hurtado del Tribunal Supremo ha abierto una grieta inédita en la democracia española: por primera vez, un fiscal general del Estado está procesado y a un paso de sentarse en el banquillo por filtrar información reservada sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Según el juez, García Ortiz actuó «por indicaciones» de Presidencia del Gobierno y con una actitud «frenética» para «ganar el relato» político, lo que apunta a una intencionalidad más propia del spin doctor que de quien dirige el Ministerio Fiscal.

Esta filtración –un correo electrónico remitido por el abogado de González Amador al fiscal, reconociendo dos delitos fiscales– acabó en manos de un medio afín al Ejecutivo justo cuando la presión mediática sobre Moncloa era máxima.

El objetivo: evitar que la presidenta madrileña ganara la batalla del relato y proteger al Gobierno central ante un escándalo que podía dinamitar su estabilidad parlamentaria. Así lo sugiere también la instrucción judicial, que pone bajo los focos no sólo al fiscal general sino a la propia estructura de poder en La Moncloa.

455 días: crónica de un caso que sacude Madrid y España

No ha sido un proceso breve ni sencillo. Han pasado 455 días desde las primeras filtraciones hasta este auto demoledor. En ese tiempo, Madrid ha sido epicentro de acusaciones cruzadas, estrategias para controlar el relato e intentos constantes por parte del Ejecutivo para blindar a los suyos ante cualquier embate judicial o mediático. La oposición, especialmente PP y Vox, no han perdido ocasión para exigir dimisiones inmediatas no sólo del fiscal general sino también del propio presidente Pedro Sánchez, a quien acusan abiertamente de dirigir las maniobras desde las sombras.

La situación es inédita: nunca antes un fiscal general había estado tan cerca de ser juzgado penalmente mientras seguía aferrado al cargo con el apoyo cerrado del Gobierno.

La reacción gubernamental: ‘casus belli’ contra el Supremo

La respuesta desde Moncloa ha sido fulminante y previsible: cerrar filas con García Ortiz y convertir su procesamiento en un auténtico casus belli contra el Tribunal Supremo. En La Moncloa se interpreta la decisión judicial como un ataque directo al Gobierno y a su agenda política. No sólo han defendido públicamente la inocencia del fiscal general –alegando que «no hay ninguna prueba» directa contra él– sino que han movilizado a todos sus socios parlamentarios para arremeter contra los jueces, tildando la causa poco menos que de conspiración conservadora.

El Ejecutivo mantiene intacto su apoyo a García Ortiz, repitiendo que “todos los periodistas sabían” antes que nadie lo sucedido y sugiriendo –sin pruebas– que la verdadera filtración venía “de otro lado”. Es más: desde Sumar hasta Podemos pasando por Izquierda Unida o ERC, la consigna es clara: atacar al Supremo, desacreditar la causa e insistir en que detrás hay intereses políticos para frenar las reformas progresistas. La narrativa oficial es casi calcada entre los portavoces: esto va “contra Sánchez”, no contra quienes han podido vulnerar la ley.

Por si fuera poco, varios socios han aprovechado para cargar también contra Isabel Díaz Ayuso y su pareja –acusándolos incluso de corrupción durante la pandemia– en una huida hacia adelante donde toda crítica o sospecha sobre el entorno socialista es devuelta con acusaciones aún más graves al adversario político.

La sombra sobre Begoña Gómez: ¿un caso más o algo mayor?

En este clima convulso emerge otro frente delicado para Moncloa: las investigaciones judiciales sobre Alberto González Amador han servido además como telón de fondo para redoblar las sospechas sobre otro actor clave, el marido de Begoña Gómez. Aunque hasta ahora no existe procesamiento formal contra él en esta pieza concreta, sí pesa sobre él un clima creciente de señalamiento público y mediático.

La estrategia del Gobierno ha sido clara: centrar toda atención en lo supuestamente irregular del procedimiento judicial y esquivar cualquier explicación directa sobre las relaciones o negocios privados del entorno familiar presidencial. Sin embargo, cada nuevo giro eleva aún más la presión mediática sobre Begoña Gómez y su círculo más próximo.

El Gobierno Frankenstein: blindaje político y guerra institucional

El respaldo sin fisuras al fiscal general no es una casualidad ni responde sólo a lealtad personal. Se trata más bien de una cuestión estructural dentro del llamado Gobierno Frankenstein: una coalición tan heterogénea como dependiente de equilibrios internos inestables donde cualquier grieta puede poner en peligro toda la legislatura.

Por eso, ante cualquier amenaza externa –y especialmente si viene desde los tribunales– se activa automáticamente el modo defensa total. Y si para ello hay que convertir cada decisión judicial incómoda en una ofensiva contra las instituciones democráticas (Supremo incluido), no hay reparos retóricos ni políticos.

Este choque institucional tiene consecuencias profundas:

• Refuerza la percepción social (y mediática) de politización extrema tanto en Justicia como en el Ejecutivo.
• Aumenta las dudas internacionales sobre la separación real de poderes en España.
• Polariza aún más a partidos y opinión pública.
• Bloquea cualquier posibilidad realista –a corto plazo– para pactar reformas judiciales o institucionales imprescindibles.

Guerra sucia, relatos cruzados y luchas internas

Lo más inquietante es quizá cómo este ‘caso Sánchez’ está sirviendo también como escaparate perfecto para una guerra sucia sin disimulo entre poderes e instituciones:

• El Supremo apunta abiertamente a Presidencia del Gobierno como origen último de las órdenes recibidas por García Ortiz.
• El Ejecutivo responde acusando al alto tribunal (y especialmente a su Sala Segunda) de actuar como “oposición encubierta”.
• Los socios gubernamentales aprovechan para atacar tanto al PP como a Ayuso y su entorno.
• Mientras tanto, los ciudadanos asisten atónitos a un espectáculo donde cada uno parece estar más preocupado por ganar titulares que por preservar mínimamente las formas democráticas.

Entre tanto ruido destaca una frase atribuida al propio García Ortiz tras conocerse la filtración investigada: “Era imperativo sacar la filtración para que no les ganaran el relato”. La pregunta inmediata es demoledora: ¿A quién no debía ganar? Todo apunta a Pedro Sánchez y su equipo, obsesionados con evitar cualquier victoria mediática o política por parte de Ayuso.

Curiosidades y datos llamativos

• Es la primera vez en democracia que un fiscal general llega tan lejos en un procedimiento penal mientras sigue aferrado al cargo.
• El auto judicial consta nada menos que 51 folios desgranando pruebas e indicios sobre coordinación directa entre Fiscalía General y Presidencia.
• Han transcurrido 455 días desde las primeras filtraciones hasta este procesamiento histórico.
• Ningún socio gubernamental ha pedido explicaciones públicas ni dimisiones tras conocerse los hechos; al contrario, todos han cerrado filas.
• Mientras tanto, buena parte de los periodistas citados como testigos aseguraron ante el juez conocer antes los hechos… aunque nadie sabe (o quiere decir) quién fue realmente el primer filtrador.
• El procesamiento ha servido también como excusa perfecta para renovar ataques cruzados entre izquierda y derecha acerca del papel real (o supuesto) de Ayuso durante la pandemia.
• Al margen del debate jurídico-político principal, algunos diputados socialistas ya bromean con bautizar esta etapa como “la legislatura del relato”.

Lo cierto es que hoy España afronta uno de sus momentos institucionales más complejos desde 1978. Y si algo queda claro es que aquí nadie va a rendirse sin dar batalla… aunque sea disparando relatos.