El Supremo reabre la batalla sobre los indultos a los golpistas del procés catalán y sacude la legislatura

La política española no concede tregua ni siquiera en septiembre.

Cuando parecía que el debate sobre los indultos del procés quedaba sepultado por la ley de amnistía, el Tribunal Supremo ha sorprendido reactivando la revisión de las medidas de gracia concedidas en 2021 a los líderes independentistas.

Los magistrados han fijado el calendario para analizar su legalidad, lo que amenaza con resucitar viejos fantasmas y tensiones entre los poderes del Estado y los socios separatistas de gobierno.

El movimiento incomoda a La Moncloa, que confiaba en que la amnistía anestesiase el debate judicial sobre el procés justo cuando ERC y Junts presionan por nuevos avances en el reconocimiento político de Cataluña.

El choque se produce en plena legislatura, con el PSOE intentando mantener el equilibrio entre sus compromisos parlamentarios y las exigencias jurídicas del Estado.

Indultos, amnistía y una polémica sin fin

La diferencia entre indulto y amnistía sigue siendo objeto de debate jurídico y político. El indulto es una medida de gracia concedida por el Gobierno; la amnistía requiere la aprobación parlamentaria y extingue las consecuencias penales, pero no borra los hechos cometidos. La Constitución prohíbe expresamente los indultos generales pero no menciona la amnistía, lo que ha generado interpretaciones enfrentadas sobre su encaje constitucional.

En 2021, tras las condenas por sedición y malversación derivadas del procés, Pedro Sánchez aprobó los indultos parciales a líderes como Oriol Junqueras o Jordi Sànchez, con el argumento de “reconciliación”. Aquella decisión provocó un terremoto político: PP, Vox y Ciudadanos presentaron recursos ante el Supremo y se movilizaron contra lo que consideraban una cesión ante ERC y Junts.

La reciente ley de amnistía, avalada por un Tribunal Constitucional dividido, ha añadido leña al fuego. Su aprobación fue condición esencial para la investidura y ha beneficiado a altos cargos de Junts y ERC. Los detractores sostienen que supone una “autoamnistía” pactada por quienes cometieron los delitos. La sentencia constitucional reconoce la validez de la medida pero establece límites temporales y rechaza su aplicación a hechos posteriores o a quienes se opusieron al procés.

El Supremo toma la iniciativa

A día de hoy, 2 de septiembre de 2025, el Supremo ha decidido fijar fechas para revisar si los indultos concedidos en 2021 cumplen con los requisitos legales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo analizará si hubo motivación suficiente, si se respetaron las garantías procesales y si el Ejecutivo se excedió en sus prerrogativas. Los jueces han recordado recientemente en varias sentencias que no pueden sustituir la potestad sancionadora del Gobierno pero sí examinar si se han vulnerado principios constitucionales como la seguridad jurídica o la igualdad ante la ley.

El asunto incomoda especialmente al Ejecutivo: mientras Moncloa defiende que actuó conforme a derecho, los socios separatistas exigen blindar sus intereses políticos. ERC teme que una eventual anulación judicial reactive las inhabilitaciones; Junts advierte que no aceptará pasos atrás en el reconocimiento institucional catalán.

Repercusiones políticas: ERC, Junts y el pulso parlamentario

La revisión judicial llega en pleno pulso parlamentario entre PSOE, ERC y Junts. Los republicanos insisten en que cualquier retroceso judicial sería “una agresión al diálogo”, mientras los posconvergentes amenazan con romper acuerdos si sus líderes vuelven a quedar expuestos a sanciones penales. La tensión se traslada al Congreso: cada votación se convierte en una partida de ajedrez marcada por recelos mutuos.

El debate jurídico sobre indultos y amnistía salta a YouTube y redes sociales: analistas de Periodista Digital destacan el riesgo de un nuevo “choque institucional” entre poderes del Estado. El Constitucional avaló la amnistía pero cuatro magistrados presentaron votos particulares denunciando “la más injusta de las leyes”. Juristas advierten que tanto indultos como amnistía suponen una excepción frontal al principio de cumplimiento de resoluciones judiciales firmes.

Tabla comparativa: Amnistía vs Indulto