La Justicia da un palo al Gobierno y obliga a investigar a Sánchez por el rescate de Air Europa y el escándalo del patrocinio a Begoña

No todos los días la sede presidencial asiste a una cascada de sobresaltos judiciales como los vividos esta semana.

Mientras el Gobierno intenta proyectar imagen de estabilidad, la Justicia ha asestado un golpe inesperado: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado y declarado firme la sentencia que obliga a investigar al presidente Pedro Sánchez por el rescate público de Air Europa en 2020, en pleno escándalo por los vínculos profesionales y patrocinios que implican a su esposa, Begoña Gómez.

El auto del TSJM, hecho público tras expirar el plazo para recurrir al Supremo, pone fin —al menos por ahora— a la estrategia de archivo rápido que empleó inicialmente la Oficina de Conflicto de Intereses (OCI), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y encabezado por Óscar López.

Ahora, ese organismo se ve forzado a examinar con lupa el expediente y las conexiones entre las ayudas públicas y las actividades empresariales del entorno familiar del presidente.

El origen del litigio: una denuncia del Partido Popular

Todo comenzó en marzo de 2024, cuando el Partido Popular (PP) presentó una denuncia formal contra Sánchez ante la OCI. Alegaban que el presidente no se abstuvo en los Consejos de Ministros que aprobaron el rescate —475 millones de euros— para Air Europa, pese a los supuestos negocios y patrocinios que vinculaban a Begoña Gómez con la aerolínea y su matriz, Globalia. La denuncia fue archivada casi ipso facto, con un informe interno elaborado por Presidencia que descartaba cualquier conflicto o relación laboral relevante entre Gómez y la compañía rescatada.

Sin embargo, el PP no se dio por vencido y acudió a los tribunales. El TSJM consideró entonces legítima su reclamación y ordenó reabrir la investigación. Esta decisión se mantuvo tras pasar infructuosamente los 30 días para interponer recurso ante el Supremo, lo que convierte la sentencia en firme y ejecutable.

¿Por qué es relevante esta sentencia?

La clave reside en que la Oficina de Conflicto de Intereses está obligada ahora, por mandato judicial, a tramitar activamente la denuncia. Es decir:

• No podrá archivar sin más; deberá realizar diligencias mínimas y motivar cualquier decisión.
• Tendrá que pronunciarse sobre las pruebas solicitadas —por ejemplo, pedir información a Hacienda o Seguridad Social sobre relaciones económicas entre Gómez e IE Africa Center o Globalia—.
• Si detecta indicios suficientes, tendrá que trasladar el caso al ministerio competente.

El TSJM ha reprochado que hasta ahora no existía “actividad investigadora mínima” ni documentación más allá del informe interno aportado por Presidencia. La exigencia es clara: toca trabajar con transparencia y rigor jurídico.

Reacción política: Génova celebra un giro decisivo

En Génova, sede nacional del PP, consideran este movimiento judicial como “la guinda” en una semana negra para La Moncloa. Portavoces populares subrayan que “de nuevo, el Gobierno recibe un requerimiento judicial ante las sospechas de comisión de delitos en el seno de La Moncloa”. En apenas siete días, Pedro Sánchez ha visto cómo procesan al fiscal general cercano al Ejecutivo, su esposa acude otra vez ante el juez y su hermano espera decisión sobre un posible procesamiento.

Desde la dirección popular insisten: “Sánchez no ha liderado un ‘Gobierno para la gente’, sino un Gobierno para su gente. Ha beneficiado a familiares y comisionistas amigos de sus cargos”. El clima es ya abiertamente hostil entre oposición y Ejecutivo.

El trasfondo: ¿hubo conflicto real o solo apariencia?

La ayuda pública concedida a Air Europa se gestó durante los meses más duros de la pandemia. La aerolínea alegaba estar al borde del colapso financiero. Sin embargo:

• En ese momento, Begoña Gómez era directora del IE Africa Center, institución patrocinada por Globalia (matriz de Air Europa).
• Se produjeron reuniones reservadas entre Gómez y Javier Hidalgo (consejero delegado de Globalia) semanas antes de que el Gobierno aprobara el fondo público para rescatar aerolíneas.
• El PP solicita examinar si hubo contraprestaciones indirectas o información privilegiada.

El PSOE defiende que no existió relación laboral directa ni causa legal para que Sánchez se abstuviera. Sin embargo, el TSJM recalca que corresponde investigar si hubo alguna incompatibilidad efectiva o apariencia suficiente como para activar protocolos anticorrupción.

Consecuencias políticas y administrativas

Las implicaciones son notables:

• Por primera vez, un presidente del Gobierno en ejercicio se enfrenta a una investigación administrativa formal por presunto conflicto de intereses relacionado con su entorno familiar inmediato.
• Si la OCI detecta indicios serios, podría derivarse responsabilidad disciplinaria o incluso penal si aflora algún delito.
• Se reabre el debate sobre los controles internos en materia de ética pública y prevención del clientelismo político en España.

La presión mediática y social aumenta sobre La Moncloa mientras otros frentes judiciales continúan abiertos.