Otra romería judicial más.
Y es la cuarta para la mujer del presidente del Gobierno.
Además, en esta ocasión, con morbo añadido.
Porque mientras este 10 de septiembre de 2025 Begoña Gómez tendrá que estar declarando ante el juez Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en la Plaza de Castilla, su marido, Pedro Sánchez, estará sometiéndose a una sesión de control en el Congreso de los Diputados.
Y, sí o sí, el asunto espinoso de la declaración de la pareja del jefe del Ejecutivo rondará por los escaños del salón de plenos del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.
Además, Gómez no irá sola. La acompañará su asesora de confianza en La Moncloa, Cristina Álvarez. El motivo: explicar ante el magistrado la supuesta utilización de recursos públicos para la captación de fondos destinados a sus proyectos privados, especialmente vinculados a la Universidad Complutense de Madrid.
El caso adquiere un cariz aún más delicado. El magistrado ha decidido imputar a Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación. Se les acusa de haber desdibujado la línea entre lo público y lo privado, usando la estructura y el personal de la Presidencia del Gobierno para fines particulares. La investigación, lejos de agotarse, suma diligencias y nuevas revelaciones que tensionan aún más las costuras del Ejecutivo.
La asesora que hacía de puente entre Moncloa y los negocios privados
La figura de Cristina Álvarez es clave en esta trama. Contratada nada más llegar Pedro Sánchez a La Moncloa, en julio de 2018, su puesto de «directora de Programas» se transformó rápidamente en el de secretaria personal de Begoña Gómez. Su misión, según su propio testimonio ante el juez, era doble: gestionar tanto la agenda institucional como la privada de la esposa del presidente. Pero los correos electrónicos y llamadas intervenidas muestran que su papel fue mucho más allá.
Álvarez utilizó su correo y teléfono oficiales para contactar con empresas del Ibex 35, gestionar eventos y, sobre todo, reclamar aportaciones económicas para másteres y cátedras impulsados por Gómez en la Complutense. Todo ello mientras percibía un sueldo de 49.000 euros anuales como empleada pública adscrita a la Presidencia del Gobierno.
No pasó por un proceso de selección: fue la propia Gómez quien la contactó directamente para ofrecerle el puesto, en lo que ha calificado de «favor personal». Sin embargo, el favor privado se pagaba con dinero público, y la actividad de la asesora se solapaba peligrosamente con los intereses particulares de la esposa del presidente.
Moncloa y el agradecimiento presidencial a las empresas del Ibex
El caso da un giro aún más comprometido cuando se conoce que Moncloa, en nombre de Pedro Sánchez, agradeció a dos grandes empresas del Ibex sus aportaciones económicas a los proyectos de Begoña Gómez. Tras ser contactadas por la asesora, y aceptar recibir a la esposa del presidente para escuchar la presentación de sus proyectos académicos, las empresas recibieron una llamada institucional: «El presidente ha tomado conocimiento de la colaboración que van a realizar y quiere agradecer la sensibilidad que ha demostrado».
Este gesto, recogido en testimonios publicados y en el sumario judicial, refuerza la tesis de que la estructura gubernamental se habría puesto al servicio de los intereses privados de Gómez. La frontera entre lo institucional y lo personal se diluye, alimentando las sospechas de malversación y tráfico de influencias.
El juez Peinado y la resistencia del sanchismo
El papel del juez Juan Carlos Peinado ha sido objeto de una auténtica campaña de presión. A lo largo del proceso, el entorno del Gobierno ha presentado recursos, denuncias y quejas para intentar apartarlo del caso. Sin embargo, hasta la fecha, todos estos intentos han fracasado. El magistrado se mantiene al frente de la investigación, que suma ya varias piezas separadas y amenaza con prolongarse al menos seis meses más allá del plazo inicialmente previsto.
El caso de Begoña Gómez ha destapado no solo las prácticas opacas en la gestión de recursos públicos, sino también la estrategia del Gobierno para blindarse frente a las investigaciones judiciales incómodas. A pesar de la presión mediática y política, Peinado sigue adelante, impulsando nuevas diligencias y reclamando a la Guardia Civil el tráfico de llamadas de la asesora, así como el acceso a sus correos electrónicos oficiales.
Cronología de una investigación sin respiro
- Julio de 2018: Cristina Álvarez es contratada como directora de Programas en Moncloa, pero asume de facto el rol de secretaria personal de Begoña Gómez.
- 2020: La asesora comienza a utilizar su correo y teléfono institucional para gestionar aportaciones privadas a los proyectos académicos de Gómez.
- 2023: Se publican las primeras exclusivas que apuntan a la utilización de recursos públicos en beneficio de actividades privadas.
- Julio de 2024: El juez ordena recopilar el tráfico de llamadas y correos de la asesora, sospechando que pudo actuar como intermediaria con patrocinadores.
- Septiembre de 2025: Gómez y Álvarez comparecen por cuarta vez ante el juez, imputadas por malversación. El plazo de la investigación se amplía.
Las conexiones empresariales: Indra, Globalia y la Complutense
No solo las grandes empresas del Ibex aparecen en el radar judicial. La investigación ha detectado conexiones entre la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense y compañías como Indra, Globalia (Air Europa), Telefónica o la Fundación La Caixa. Las sospechas de trato de favor y tráfico de influencias se multiplican, especialmente tras constatarse la relación entre la actividad profesional de Gómez y las decisiones del Gobierno en materia de adjudicaciones y rescates empresariales.
Un caso que salpica a Moncloa y tensiona la legislatura
La reiteración de comparecencias judiciales, la imputación por malversación y la evidencia de que se emplearon recursos públicos para actividades privadas convierten el caso Begoña Gómez en una bomba política. El Gobierno se enfrenta al desgaste de la imagen presidencial y a la sospecha de que La Moncloa se ha convertido en instrumento para intereses particulares.
Mientras tanto, el sanchismo mantiene la estrategia de resistencia, negando responsabilidades y defendiendo la legalidad de las actuaciones. El ministro Félix Bolaños, citado como testigo, ha asegurado que no tenía competencias sobre la asesora, pero la investigación sigue sumando incógnitas.
