El jurado popular desbarata la estrategia de Moncloa de echar basura sobre los jueces para defender a la corrupta familia del amo del PSOE

Han pinchado.

Otra vez. La tarde del 6 de octubre promete ser uno de esos momentos que quedarán grabados en la memoria política española.

A las 17:30, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, deberá presentarse ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

No estará sola: la acompañarán su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés. La razón de esta cita no es un simple trámite judicial; el juez Juan Carlos Peinado ha decidido que, si el caso avanza a juicio, será un jurado popular quien determine la posible responsabilidad penal de Gómez y los otros imputados por delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

En un país donde el clima político está impregnado de acusaciones cruzadas y estrategias mediáticas, la figura del jurado popular introduce un elemento impredecible. Estos son ciudadanos seleccionados al azar, ajenos al ámbito judicial y, en teoría, inmunes a las presiones del poder político.

Un cambio que descoloca la estrategia de Moncloa, que hasta ahora se había centrado en sembrar dudas sobre la imparcialidad de los jueces y en denunciar una supuesta caza de brujas contra la familia del presidente.

El caso: vínculos familiares y delitos sospechosos

El instructor del caso, el juez Peinado, ha subrayado en varias resoluciones recientes que el vínculo entre Gómez y Sánchez es «fundamental» para la presunta comisión de los delitos investigados. Según su argumentación, sin esa relación familiar habría sido «muy difícil» que Gómez y los otros implicados pudieran llevar a cabo las conductas bajo sospecha. En su auto judicial, con un tono casi didáctico, se apunta que ser esposa del presidente habría sido clave para abrir puertas y facilitar recomendaciones en procesos de adjudicación pública, beneficiando así a empresarios como Barrabés.

La investigación comenzó en abril de 2024 tras una denuncia presentada por Manos Limpias y ha ido creciendo con nuevas piezas y ramificaciones. Entre los aspectos más llamativos se encuentran las cartas de apoyo que Gómez habría redactado para favorecer la adjudicación de licitaciones millonarias a la UTE liderada por Barrabés. Se sospecha que primaron criterios subjetivos en detrimento de otras empresas con mejor puntuación técnica. Un informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado ha detectado incluso posibles ilegalidades y un “fraude de ley” en dicho proceso.

Pero eso no es todo. El juez también investiga cómo fue contratada Gómez como docente en la Universidad Complutense y su gestión al frente de una cátedra universitaria, donde ha salido a relucir la creación de un dominio privado destinado a albergar un software bajo sospecha. Esto ha llevado a imputaciones por delitos como apropiación indebida e intrusismo.

El jurado popular: ciudadanos ante la élite política

El paso del caso al tribunal del jurado no es un detalle menor. En España, este jurado es competente para juzgar delitos como el tráfico de influencias; cuando uno de estos delitos entra dentro de su ámbito, arrastra al resto a ser evaluados bajo este mismo formato. Así, las acusaciones por corrupción, apropiación indebida e intrusismo quedan englobadas en un único juicio ante ciudadanos comunes, no ante jueces profesionales.

Este giro ha sorprendido tanto a la defensa de Gómez como a la opinión pública. La defensa ya ha anunciado su intención de recurrir esta decisión al argumentar que no existe una norma específica que regule el papel desempeñado por la asesora de Moncloa; su intermediación con empresas ha sido uno de los puntos más polémicos del caso. Por su parte, Gómez ha ofrecido versiones contradictorias sobre el papel desempeñado por su asesora: en una ocasión describió su ayuda como «muy excepcional», mientras que en otra ocasión se refirió a ella como «esporádica», una ambigüedad que no ha pasado desapercibida durante el interrogatorio.

Estrategias tambaleantes: del enfrentamiento a los ciudadanos

Hasta ahora, desde el entorno de Moncloa y el propio PSOE se había optado por una estrategia centrada en desgastar al sistema judicial: acusando a los magistrados de estar politizados y actuar movidos por intereses partidistas. Sin embargo, la decisión del juez Peinado al ceder la última palabra a un jurado popular socava gran parte de este discurso. Resulta complicado sostener una teoría sobre una “conspiración judicial” cuando quienes decidirán son ciudadanos elegidos al azar y no miembros de lo que algunos llaman “élite togada”.

El impacto político derivado este cambio es notable:

• Desactiva el discurso victimista respecto a las instituciones.
• Impide que el Gobierno utilice el enfrentamiento con la judicatura como cortina para desviar atención.
• Obliga a Moncloa a reconfigurar su defensa enfocándose en credibilidad y transparencia ante los ciudadanos.

Por otro lado, será la Audiencia Provincial de Madrid quien valide o no esta decisión tomada por Peinado; esto añade otro capítulo más a un caso que ya está poniendo a prueba las relaciones entre los poderes ejecutivo y judicial.

Cronograma judicial y pasos siguientes

• 6 de octubre, 17:30: Comparecencia obligatoria para los tres investigados junto con sus letrados.
• El juez comunicará oficialmente cómo se transformará el procedimiento hacia un juicio con jurado popular.
• La Audiencia Provincial revisará si este paso procesal es legal y decidirá si ratifica lo decidido por Peinado.

Al mismo tiempo, siguen abiertas otras líneas dentro del caso, incluida una investigación por presunta malversación que también podría ser objeto del juicio ciudadano. No se descartan nuevas ramificaciones ni comparecencias adicionales durante las próximas semanas.

Curiosidades y datos sorprendentes

• La resolución emitida por el juez Peinado incluye fragmentos idénticos a los hallados en un artículo académico publicado en 2017; esto ha generado cierto revuelo entre expertos jurídicos aunque no afecta al fondo del proceso.
• La asesora Cristina Álvarez aparece como figura clave debido a su mediación con al menos 11 empresas; sin embargo, Gómez minimizó durante su declaración cuán frecuente era esa colaboración.
• El empresario Barrabés ya había sido beneficiario anteriormente con contratos públicos valorados hasta en 10 millones de euros.
• La cita judicial programada para el 6 de octubre se está convirtiendo en uno de los eventos políticos más seguidos este otoño; medios nacionales e internacionales tienen previsto cubrirla.

En una España donde política y justicia parecen condenadas a entenderse (o esquivarse), la llegada del jurado popular añade un ingrediente inesperado al plato servido. Porque al final serán ciudadanos corrientes quienes tendrán la última palabra sobre uno de los escándalos más mediáticos del año. Y aquí va una ironía digna: Moncloa jamás imaginó que esta vez sería justicia con cara vecinal.