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Cae otra ficha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por revelación de secretos a dos años de inhabilitación. Además, deberá pagar una multa de 7.200 euros, las costas y una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, afectado por las acciones del jefe del Ministerio Público.
A la vista de la resolución, deberá abandonar el cargo pese a su reticencia a hacerlo y generar una situación vergonzosa para la Justicia en España, al afrontar el proceso en su papel de jefe de todos los fiscales y no como acusado.
La mayoría de los jueces ha fallado a favor de la condena, que no ha sido unánime -de los siete, dos se han mostrado en contra- y que se ha adelantado la providencia para evitar cualquier posible filtración.
La condena es menor a lo que pedían las acusaciones particular (González Amador) y las populares: la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias y Fundación Foro Libertad y Alternativa, que incluye a Vox y Hazte Oír.
La pareja de Ayuso reclamaba cuatro años de cárcel y tres de inhabilitación, una indemnización de 300.000 euros por daños morales y una multa de 108.000 euros. APIF por su parte, pedía la pena más alta con 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación.
El fallo del Supremo desarma a Pedro Sánchez, que defendió la inocencia de García Ortiz y cuando estalló el caso, se preguntaba quién pediría perdón al fiscal general del Estado cuando se declarara inocente. Desde el Ejecutivo, ahora han anunciado que en los próximos días designarán al relevo del condenado.
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