Las tres ‘S’ de Teresa Peramato, la nueva fiscal general del Estado: «sectaria, sanchista y sicaria»

El currículo ideológico de Teresa Peramato queda perfectamente retratado en el premio que le entregó personalmente el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en noviembre de 2022: el galardón a la “Justicia feminista” por «por su imprescindible labor de aplicación de las leyes con perspectiva de género e infancia».

Con ese reconocimiento oficial del feminismo radical está dicho prácticamente todo.

Peramato fue una de las defensoras más entusiastas de la Ley del solo sí es sí, la norma que el propio Gobierno ha reconocido como el mayor desastre legislativo de la democracia española: permitió la excarcelación de más de 120 violadores y la reducción de pena a más de 1.200 agresores sexuales.

Pese al aluvión de rebajas de condena dictadas por los tribunales, Peramato mantuvo su apoyo sin fisuras y llegó a afirmar que la ley tenía «muchísimas cosas buenas».

El nombramiento de Peramato supone “poner al zorro a cuidar las gallinas” y anticipan una etapa de máxima tensión con la Sala de lo Penal del Supremo, especialmente en todo lo relacionado con delitos sexuales y violencia de género.

El relevo se producirá previsiblemente en el Consejo de Ministros del próximo martes: una fan de la ley liberavioladores sucederá al condenado García Ortiz.

No se puede pasar por alto que García Ortiz, el hasta esta semana fiscal general del Estado, promocionó a su sucesora a la jefatura de la Fiscalía de Sala de lo Penal, es decir, uno de los puestos del máximo escalafón de la carrera fiscal, a pesar del criterio contrario de la mayoría de fiscales.

Lo hizo en diciembre de 2024, un mes después de ser imputado por el Alto Tribunal por un delito de revelación de secretos.

Y tampoco que, siendo ministra de Igualdad, la mujer de Pablo Iglesias premió en 2021 a Peramato, por aplicar «justicia feminista».

El Gobierno Sánchez entregó a la entonces Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer el reconocimiento en la lucha contra las violencias machistas hace cuatro años, los llamados premios Meninas.

La delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, entonces encabezada por la jueza de profesión Victoria Rosell, entregó este galardón para la categoría Justicia feminista a la recientemente nombrada fiscal general del Estado.

Entonces, la cartera de Igualdad justificó esta distinción en «su imprescindible labor de aplicación de las leyes con perspectiva de género e infancia».

El debate sobre la presunción de inocencia y la deriva ideológica

La elección de Peramato como nueva fiscal general del Estado ha causado un verdadero temblor tanto en el Ministerio Público como en la opinión pública.

Su llegada, marcada por el polémico cese de Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Supremo debido a la revelación de secretos, no ha logrado calmar las tensiones.

Más bien, el ambiente en la Carrera Fiscal se asemeja al bullicio de una cafetería de la Audiencia Nacional tras una sentencia controvertida: todos tienen algo que opinar y pocos ocultan su escepticismo.

Las voces disidentes la consideran una figura que perpetúa la línea establecida por sus antecesores, Dolores Delgado y el propio García Ortiz.

No es casualidad que sea la cuarta fiscal general consecutiva vinculada a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), lo que ha despertado dudas sobre la verdadera independencia de la Fiscalía respecto al Gobierno. En los corrillos judiciales ya circulan comentarios del tipo: “Sigue mandando Dolores Delgado”.

Uno de los aspectos más polémicos del perfil de Peramato es su postura sobre la presunción de inocencia, especialmente en casos relacionados con violencia de género. En marzo de 2024, durante el III Encuentro de la Plataforma de acción sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, Peramato afirmó que «el silencio del investigado» en estos casos «puede ser un indicio más» en su contra. Esta declaración, rápidamente borrada de las redes sociales por los organizadores, ha generado un fuerte revuelo entre juristas y fiscales.

Resulta complicado exagerar lo grave que es esta afirmación desde un punto de vista jurídico. El derecho a no declarar contra uno mismo es fundamental en un Estado democrático. Convertir el silencio en un indicio de culpabilidad supone, según los expertos, “atentar contra uno de los principios más elementales del Derecho Penal”. Si se considera el silencio como prueba, se invierte la carga probatoria y se socava el principio de imparcialidad judicial.

Apoyo a la Ley del ‘Sólo Sí es Sí’ y agenda de género

La carrera profesional de Peramato está marcada por su activismo en temas relacionados con género. Como fiscal de Sala Delegada para Violencia sobre la Mujer, fue una firme defensora de la controvertida Ley del Sólo Sí es Sí, abogando por su aplicación incluso durante los momentos más críticos por las excarcelaciones de agresores sexuales tras su entrada en vigor. Sus críticos le reprochan un “integrismo ideológico” y priorizar los intereses políticos del Gobierno frente a una necesaria neutralidad institucional.

Los fiscales más escépticos, especialmente aquellos agrupados en la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria dentro del cuerpo, han expresado su descontento ante lo que consideran un nuevo episodio del “trampantojo” institucional: una jefa elegida por su cercanía a Delgado y con escasa autonomía real. La figura de la exministra de Justicia y fiscal general sigue pesando sobre esta designación; fue ella quien promovió a Peramato dentro del Ministerio Público y facilitó su ascenso hasta lo más alto.

Malestar, recelos y desconfianza

El malestar entre los fiscales es evidente. Dentro del propio organismo, muchos creen que la elección de Peramato responde a una estrategia política desde La Moncloa para mantener control sobre la Fiscalía en un clima institucional altamente polarizado. El cambio tras el cese de García Ortiz no se ve como una oportunidad para restaurar confianza e imparcialidad; más bien se percibe como un mero cambio estético en una estructura aún guiada desde las sombras por Delgado y el Ejecutivo.

Cristina Dexeus, presidenta de la AF, ha sido contundente al señalar: “El relevo de García Ortiz era necesario y debería haberse realizado antes”. Además, enfatiza que Peramato debe “recuperar la imagen del Ministerio Público”, garantizando su imparcialidad y proyectando una imagen clara de separación respecto al Gobierno”.

Recientemente, las tensiones han alcanzado niveles tales que varios miembros del Ministerio Público han denunciado públicamente lo que consideran una deriva “sectaria” al interior del organismo fiscal. Alertan sobre el peligro latente para que esta institución se convierta en un “brazo ejecutor” al servicio del Ejecutivo. El clima interno está marcado por desconfianza mutua e inquietud; muchos sienten que las decisiones importantes seguirán siendo supervisadas por el núcleo duro del “sanchismo judicial”.

La llegada al cargo de Peramato refuerza la percepción generalizada acerca del alineamiento creciente entre la Fiscalía y los intereses gubernamentales. La continuidad en el liderazgo vinculado a UPF, así como su defensa inquebrantable hacia temas relacionados con género y las controversias sobre presunción de inocencia abren un panorama propenso a tensiones institucionales.

Para quienes critican esta situación, el peligro es evidente: existe un riesgo real para que la Fiscalía pierda su imagen objetiva y termine convertida en un instrumento para ejercer presión política. Por otro lado, Teresa Peramato enfrenta ahora el desafío crucial de demostrar su autonomía profesional en medio de unas aguas turbulentas marcadas por sospechas constantes.

Entre las curiosidades que rodean este caso destaca cómo algunos interpretan su elección como un movimiento estratégico para proteger los intereses personales de Dolores Delgado. Existe cierta preocupación acerca de que investigaciones o causas judiciales relacionadas con el Gobierno no enfrenten obstáculos dentro del Ministerio Público. Además, el hecho mismo del cese abrupto de García Ortiz ha añadido un toque dramático a esta narrativa oficialista.

• La nueva fiscal general se convierte así en la cuarta consecutiva relacionada con UPF, estableciendo un récord histórico dentro del organismo.
• Su ascenso fue respaldado tanto por Delgado como por García Ortiz; esto refuerza aún más esa idea generalizada sobre «continuismo» en lo alto del Ministerio Público.
• La afirmación acerca del “silencio como indicio culpable” se difundió rápidamente antes ser eliminada por quienes organizaron dicho acto donde fue pronunciada.
• En los pasillos fiscales algunos bromean diciendo que están «caminando hacia convertirnos en el Ministerio Público al servicio directo La Moncloa».

Como diría alguien con experiencia dentro del Ministerio Público: “en este entorno todo está impregnado por política… menos precisamente eso”.