La UCO de la Guardia Civil no da abasto a investigar los trinques del PSOE

Las instalaciones de la UCO en Madrid parecen un verdadero laberinto de documentos. Agentes revisan terabytes de correos electrónicos, grabaciones y extractos bancarios acumulados, todos ellos relacionados con las tramas que afectan al PSOE.

La historia comenzó con el caso Koldo, pero ha evolucionado para incluir irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, sobornos a empresas y posibles operaciones de blanqueo que involucran a exdirigentes del partido. Fuentes internas han comentado que «están desbordados«, enfrentándose a montañas de discos duros y servidores saturados que ralentizan las pesquisas.

El punto de inflexión fue un informe que comprometió a Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, en la concesión irregular de obras públicas. La UCO realizó una intervención en la sede de Ferraz durante dos horas para clonar cuatro años de su correo electrónico. Actualmente, están rastreando cuentas, empresarios y pagos en negro asociados a compañías como Acciona o Servinabar. El juez Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, ha autorizado investigaciones sobre blanqueo, y el caso avanza con indicios de organización criminal y cohecho.

El caso Koldo surgió durante la pandemia, inicialmente relacionado con mascarillas sobrevaloradas, pero pronto se transformó en una red de comisiones por contratos millonarios en el ámbito del Transporte. Tanto José Luis Ábalos, exministro, como su asesor Koldo García, habrían recibido sobornos en billetes apodados «chistorras» o «lechugas». Un informe elaborado por la UCO amplió la investigación hacia Cerdán, quien dimitió en junio de 2025 y fue encarcelado provisionalmente cinco meses después.

Por su parte, la Audiencia Nacional tiene acumuladas cinco macrocausas contra el PSOE:

• Pagos en efectivo a empleados y simpatizantes entre 2017 y 2024, bajo secreto sumarial debido a un posible desfalco y blanqueo.
• Irregularidades en adjudicaciones por parte de la SEPI y otras entidades públicas por un total de 132,9 millones.
• Compra de material sanitario no directamente relacionada con Ábalos.
• Investigación sobre Plus Ultra, que resultó en detenciones en diciembre de 2025.
• Vínculos con Víctor de Aldama y transacciones relacionadas con hidrocarburos.

Expertos legales advierten: el colapso actual podría extender las investigaciones entre tres y cinco años, mientras que las sentencias podrían demorarse hasta una década. La UCO está analizando «todas las informaciones sospechosas sobre blanqueo«, incluyendo grabaciones donde aparece Koldo hablando con numerosos políticos, empresarios e incluso socios como el PNV.