El jefe de gabinete de Salvador Illa, en el punto de mira judicial por irregularidades en Esparraguera

El juzgado de Martorell ha puesto su atención en Eduard Rivas, actual jefe de gabinete del president de la Generalitat, Salvador Illa. Durante su gestión como alcalde de Esparraguera, se están investigando posibles irregularidades relacionadas con contratos otorgados a la Fundación para la Inclusión Social (FIL), que trabaja con personas con discapacidad intelectual y en riesgo de exclusión. Los Mossos d’Esquadra incautaron su teléfono móvil hace tres meses, el 15 de enero, en una investigación que apunta a desvíos de fondos públicos hacia gastos personales de directivos de la fundación.

Desde la Presidència aseguran que Illa apoya a Rivas sin reservas. Fuentes oficiales subrayan su «plena disposición» para colaborar: se presentó ante el juez acompañado de un abogado, aunque al principio se le negó la posibilidad de personarse en la causa. Solo tras presentar un recurso, el instructor confirmó su condición de investigado. Este respaldo se produce en un momento complicado para el Govern, con la oposición atenta a cualquier detalle que pueda ser aprovechado.

Antecedentes del caso

Rivas estuvo al frente del Ayuntamiento de Esparraguera, en el Baix Llobregat, antes de unirse al equipo de Illa. La FIL recibía fondos públicos para desarrollar programas laborales inclusivos. Sin embargo:

• Parte de esos recursos habría sido utilizada para cubrir gastos personales de miembros de la fundación.
• El juez está analizando contratos sospechosos entre el consistorio y dicha entidad.
• La incautación del teléfono móvil de Rivas busca obtener pruebas digitales.

Reacciones y posibles repercusiones

Illa no tiene dudas sobre su colaborador: «Es el primero interesado en esclarecer todo», insisten desde el Palau de la Generalitat. La oposición, representada por partidos como Junts o PP, podría aprovechar esta situación para cuestionar la gestión del PSC. En un Govern ya tensionado por otros asuntos, como los presupuestos o las fricciones con Madrid, este escándalo añade más presión.

Si se confirman las irregularidades, las consecuencias podrían ser severas:

1. Una posible dimisión forzada de Rivas, debilitando así el núcleo duro que rodea a Illa.
2. Un mayor escrutinio sobre otros contratos municipales en Esparraguera.
3. Un impacto negativo en la reputación del PSC catalán, justo antes de importantes citas electorales.

El juez de Martorell avanza con cautela y prioriza obtener pruebas sólidas. Rivas, por su parte, reafirma su inocencia y total disposición para colaborar.

Como dato curioso, desde 2010 la FIL ha capacitado a más de 200 personas vulnerables en Esparraguera mediante programas que abarcan panadería y jardinería. Rivas fue alcalde desde 2019 y promovió varios convenios con esta fundación antes de dar el salto a la política autonómica. Un giro digno de guion: pasar de gestor local a investigado dentro del Govern.